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YPF dejará Santa Cruz: Impacto laboral para 2.500 trabajadores con retiros “voluntarios”
La reconfiguración del sector petrolero en el norte de Santa Cruz genera incertidumbre laboral para miles de operarios. CGC, empresa vinculada a los Eurnekian, jefe de Milei, asumirá la administración de los yacimientos.
Lo que tenés que saber:
- YPF se retirará del norte de Santa Cruz el 28 de febrero de 2025.
- Unos 2.500 operarios se verán afectados por un programa de retiros “voluntarios” (en su mayoría, obligatorios).
- Los trabajadores que dejen la empresa antes del 31 de enero recibirán una indemnización especial del 120%.
- Los que se retiren en febrero recibirán la indemnización estándar del 100%.
- Aquellos próximos a jubilarse recibirán 13 sueldos y un bono adicional del 20%.
- CGC, empresa vinculada a los Eurnekian, asumirá la administración de los yacimientos.
- La operación de los yacimientos se reducirá, y se delegará en otras compañías como Crown Point, Roch y PECOM.
- No habrá “despidos forzosos” oficialmente, pero el futuro laboral de los trabajadores no acogidos a los retiros queda en incertidumbre.
El impacto de la salida de YPF
La decisión de YPF de retirarse del norte de Santa Cruz está configurando un escenario complicado para la industria petrolera en la provincia. A partir del 1 de marzo de 2025, cuando la transición hacia la nueva administración comience bajo la empresa CGC, muchos operarios quedarán sin certezas sobre su futuro laboral. La empresa estatal ha lanzado un programa de retiros «voluntarios», que en la práctica se presentan como más obligatorios que voluntarios, afectando a unos 2.500 trabajadores.
Condiciones de los retiros
El proceso de retiros implica un recorte significativo de personal en la región, con el objetivo de reducir en más de un 50% la dotación actual. Los empleados que decidan aceptar la oferta hasta el 31 de enero recibirán una indemnización especial del 120%, mientras que aquellos que opten por el retiro en febrero recibirán la indemnización estándar, equivalente al 100%. Además, los trabajadores con posibilidad de jubilarse recibirán 13 sueldos y un bono adicional del 20% correspondiente al mes de enero.
La incertidumbre tras el cambio de administración
Desde marzo de 2025, los yacimientos de Santa Cruz serán gestionados por CGC, firma vinculada al empresario Eduardo Eurnekian. Aunque se asegura que no habrá “despidos forzosos” oficiales, la reconfiguración de las operaciones y la posible redistribución de los bloques de producción genera una gran preocupación entre los trabajadores. El panorama futuro de los operarios que no opten por los retiros es incierto, ya que se espera una importante reducción de personal y la delegación de tareas en otras empresas, como Crown Point, Roch y PECOM. La situación está generando dudas sobre las condiciones laborales y la estabilidad en los próximos meses.
Gremiales
La motosierra libertaria llega a los bosques: retiros voluntarios en Parques Nacionales
El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la APN. Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei.
El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN). Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei. Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a futuros reclamos y no podrán reincorporarse al sector público por cinco años.
La gestión de Javier Milei extendió su programa de reducción del empleo estatal a la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Manuel Adorni. A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo abrió un régimen de retiro voluntario para los agentes de planta permanente amparados por el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).
La medida se enmarca en la política oficial de «centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado», según la propia letra de la resolución. En términos concretos, implica que cada puesto que quede vacante por adhesión al retiro será eliminado de forma definitiva: los cargos no se cubrirán.
Quiénes pueden adherir y quiénes quedan afuera
Para acceder al programa, los trabajadores deben contar con al menos dos años de antigüedad en el organismo. Sin embargo, la resolución establece un amplio listado de exclusiones: quedan fuera quienes tengan sumarios administrativos en curso con riesgo de cesantía o exoneración, procesos penales vinculados a delitos contra la administración pública, litigios laborales activos contra el Estado, beneficios previsionales ya acordados o renuncias pendientes de aceptación.
La norma también excluye expresamente al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, lo que sugiere que el objetivo del ajuste apunta al personal técnico-administrativo que sostiene el funcionamiento cotidiano del organismo, más que al personal de campo que realiza tareas de conservación y control en terreno.
Topes por edad y condiciones de egreso
La resolución fijó límites precisos para los trabajadores de mayor edad: quienes tengan entre 61 y 63 años recibirán una compensación con un tope de 24 salarios brutos, mientras que para los de 64 años o más el máximo se reduce a 12 haberes. Los montos correspondientes a vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional se liquidarán por separado.
Uno de los aspectos más significativos del esquema es la renuncia que se exige como condición de ingreso: quienes adhieran deberán resignar expresamente todo reclamo administrativo o judicial vinculado a su relación laboral con el Estado. Además, quedarán inhabilitados para reincorporarse al sector público nacional durante cinco años, bajo cualquier modalidad de contratación. La única excepción contemplada son los cargos docentes en universidades nacionales.
Un organismo que custodia el patrimonio natural del país
La Administración de Parques Nacionales es un ente autárquico creado por la Ley N° 22.351, cuya misión es proteger y conservar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas del país. Administra más de cuarenta áreas protegidas que abarcan ecosistemas de valor estratégico, desde la Puna hasta la Patagonia y la Antártida. El ajuste de su planta genera preocupación entre organizaciones ambientales y sindicales, que advierten sobre el posible desmantelamiento de la estructura técnica que sostiene ese trabajo.
La implementación operativa del programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar los formularios de adhesión, verificar los requisitos y elevar los expedientes para su aprobación definitiva. Toda acta de desvinculación deberá ser comunicada de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público (dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública) y a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.
Un patrón que se repite en el Estado
El retiro voluntario en Parques Nacionales no es un hecho aislado. La gestión Milei aplicó mecanismos similares en otros organismos estatales a lo largo de 2025 y 2026, incluyendo la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y diversas dependencias del extinto Ministerio de Capital Humano, en el marco del proceso de reducción de la planta del Estado que acompaña el ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según datos del propio Gobierno, el gasto primario total acumuló una caída real del 31% desde diciembre de 2023.
Puntos clave
- La Resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial, habilita retiros voluntarios para el personal de planta permanente de la APN con al menos dos años de antigüedad.
- Cada puesto que quede vacante por adhesión será eliminado de forma definitiva, sin reemplazo.
- Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a todo reclamo laboral y no podrán volver al sector público por cinco años.
- Quedan excluidos del programa los Guardaparques Nacionales y quienes tengan procesos disciplinarios o judiciales en curso.
- La medida forma parte de la política de reducción del Estado que impulsa la gestión Milei en el marco de las metas acordadas con el FMI.
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