La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves el convenio que transfiere las competencias de la Justicia Laboral desde la órbita nacional al fuero porteño. La iniciativa obtuvo 36 votos afirmativos, dos en contra y 20 abstenciones. El mapa político del recinto mostró a PRO, La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical y otros bloques aliados votando en bloque a favor, mientras que la representación del peronismo optó por abstenerse, una señal de distancia con un esquema de traspaso que aún genera interrogantes sobre las condiciones laborales de los trabajadores judiciales involucrados y el acceso real a la justicia para los sectores más vulnerables.

Qué se transfiere y qué queda en la Nación

El convenio delimita con precisión el alcance del traspaso: la Ciudad pasará a manejar todos los juicios individuales de trabajo, es decir, las demandas de empleados contra empresas por despidos, accidentes laborales e indemnizaciones. En cambio, los reclamos sindicales y los conflictos colectivos continuarán tramitándose en la Justicia Nacional, una distinción que no es menor en un contexto de creciente conflictividad gremial frente a las políticas de desregulación laboral del Gobierno nacional.

Los expedientes ya abiertos seguirán en los tribunales nacionales hasta que haya sentencia definitiva. Solo los casos nuevos irán directamente a los juzgados porteños. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad tendrá facultades para revisar las causas de derecho local y común, mientras que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad quedó designado como el organismo responsable de garantizar las condiciones para el funcionamiento del nuevo fuero.

Tiempos más cortos, pero condicionados al segundo acuerdo

El argumento central que esgrimieron los impulsores de la reforma fue la reducción de los plazos de resolución. Desde el sector judicial estiman que los expedientes que hoy demoran entre tres y cinco años podrían resolverse en un plazo de un año o menos. Sin embargo, para que el cambio se ponga efectivamente en marcha, el Gobierno nacional y el porteño deberán firmar un segundo acuerdo que contemple la transferencia de los fondos presupuestarios correspondientes. Una vez suscripto ese documento, comenzará a correr un plazo de 180 días para designar a los nuevos jueces, adecuar la infraestructura edilicia e implementar el sistema informático.

La dependencia de ese segundo convenio introduce una incertidumbre real sobre el cronograma. La promesa de agilización queda, por ahora, supeditada a una negociación interjurisdiccional entre la administración de Jorge Macri en la Ciudad y el Gobierno de Javier Milei, en un escenario en que las tensiones entre los distintos niveles del Estado por la distribución de recursos son moneda corriente.

La abstención peronista: una señal política

La decisión del bloque peronista de abstenerse en lugar de votar en contra no fue un gesto de indiferencia sino una lectura política deliberada. El traspaso del fuero laboral a la Ciudad no es un tema nuevo: lleva años de negociación entre la Nación y CABA y distintos intentos de avanzar en su implementación se frustraron por desacuerdos presupuestarios y resistencias sindicales del personal judicial. La abstención dejó constancia de las reservas sin obstaculizar una medida que, en términos formales, apunta a mejorar la eficiencia del sistema.

El fondo del debate, sin embargo, es más espinoso. ¿Garantizará el fuero porteño el mismo nivel de protección para los trabajadores que el fuero nacional? La pregunta no es retórica. La Ciudad de Buenos Aires administra un sistema judicial propio con sus propias lógicas y presupuestos, y la transición implicará una reconfiguración profunda de la infraestructura y la cultura institucional de los tribunales del trabajo.

Puntos clave

• La Legislatura porteña aprobó el traspaso con 36 votos a favor, dos en contra y 20 abstenciones del bloque peronista.
• Solo se transfieren los juicios individuales (despidos, accidentes, indemnizaciones); los conflictos colectivos y sindicales quedan en la Justicia Nacional.
• Los expedientes en curso continuarán en tribunales nacionales hasta sentencia; los nuevos irán al fuero porteño.
• La implementación requiere un segundo acuerdo de financiamiento y un plazo de 180 días para designar jueces y adaptar la infraestructura.
• El Consejo de la Magistratura de la Ciudad será el organismo responsable del funcionamiento del nuevo fuero.