El proyecto de ley «Nicolás» o de seguridad del paciente frente a los casos de mala praxis, será presentado mañana en la Cámara de Diputados en un panel del que participará una de las mayores impulsoras y cara visible de esta iniciativa en la sociedad civil, Gabriela Covelli, la madre Nicolás Deanna que falleció en 2017 a los 24 años por una mala intervención médica.

Esta versión de la Ley Nicolás excluye el punto más polémico de las anteriores, a saber, la incorporación del delito de «mala praxis médica» al Código Penal, lo que había generado el año pasado el enfático rechazo de diferentes asociaciones médicas y científicas.

«Con la Fundación Por la Vida y la Salud de familiares de víctimas de mala praxis, hace tres años que venimos luchando por lo que finalmente ocurrió hoy, es decir, que tome estado parlamentario por primera vez la Ley Nicolás, que ya la habíamos presentado el 18 de marzo del año pasado por iniciativa popular, pero que ningún diputado firmó», dijo a Télam Covelli.

El proyecto ingresó hoy a la Cámara baja impulsado por el diputado radical por la provincia de Buenos Aires Fabio Quetglas, quien encabezará mañana a partir de las 13 el conversatorio del que también participarán Viviana Rodríguez del Observatorio de Seguridad del Paciente, Antonio Raúl De los Santos de la Academia Nacional de Medicina y Gabriela Covelli de la Fundación Por la Vida y la Salud.

En paralelo, y desde las 11, la Comisión de Acompañamiento de Familiares de Víctimas (CO.FA.VI) y otras organizaciones que apoyan el proyecto se manifestarán en la Plaza de los Dos Congresos en apoyo a la iniciativa.

Los puntos principales de la ley son: la creación de la historia clínica digital encriptada e interoperable que puede ser consultada en cualquier lugar del país; recertificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud y las instituciones médicas; impulsar el desarrollo de protocolos de actuación así como sistemas de auditoría y vigilancia, que disminuyan la posibilidad de daños evitables en las prácticas de salud.

A nivel global, se estima que el daño a los pacientes es la 14ª causa de morbimortalidad, comparándose con enfermedades como la tuberculosis y la malaria; y está entre las 10 primeras causas de discapacidad según la OMS.

«En nuestro país, uno de cada 20 pacientes que ingresa al sistema sanitario sufre algún tipo de evento adverso de distinta gravedad y cerca del 15% de la actividad total de los hospitales y de su gasto es consecuencia directa de esta clase de situaciones», afirmó Fabio Quetglas, diputado por la UCR y primer firmante del proyecto.

«Es importante que Argentina legisle para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud, y que de más garantías y confianza a los pacientes», agregó.

Dos puntos nodales del proyectos es la creación de dos registros: el «Registro Unificado de Eventos Centinela» (Rudec) y el «Registro Único de Sanciones e Inhabilitaciones».

Al Rudec, todas «las instituciones que brinden servicios de salud reportarán el evento centinela que se hubiese producido», es decir, todo aquel «suceso imprevisto, fuera del curso esperable en la práctica médica, que causa la muerte, daño permanente o daño temporal derivado de la atención sanitaria».

Cada uno de estos incidentes será objeto de «inmediata investigación a dirigida a determinar las causas raíces» que lo hayan producido y el Registro «procederá a divulgar los resultados» de esas pesquisas, «para incentivar el aprendizaje y prevenir la aparición de nuevos eventos».

«Un médico disruptivo que maltrata al paciente, los casos de mala praxis o el no respeto de la ley de parto humanizado, son eventos que deberán reportar los hospitales, más allá de que estos hechos sean judicializados o no», dijo Covelli.

Respecto a las sanciones, «las autoridades encargadas del control del ejercicio profesional de los profesionales de la salud en todos los ámbitos jurisdiccionales del país» que las hayan adoptada deberán informarlas a la Red Federal de Profesionales de la Salud (Refeps) que llevará una suerte de registro de inhabilitaciones y sanciones, y lo mismo hará «la autoridad judicial que hubiese dispuesto alguna medida inhabilitante del ejercicio de la actividad».

«La expectativa es que se pueda tener una reparación de estos errores y que se pueda cumplir el objetivo que planteó la OMS, de bajar la estadística de 2.6 millones de personas por errores médicos», concluyó Covelli.