La diputada nacional y precandidata a senadora Carolina Moisés (Unión por la Patria-Jujuy) presentó un proyecto de ley para sancionar penalmente el negacionismo y la apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad.

«La iniciativa incluye además de la represión por el Código Penal, una capacitación para funcionarios y para los que hubieran sido condenados por infringir la normativa», explicó Moisés, quien agregó que lo que se busca es «dejar una contribución en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, reivindicando el rol del Estado que debe velar ayer, hoy y siempre por la verdad histórica».

Moisés ingresó el proyecto en sintonía con los reclamos realizados por la vicepresidenta Cristina Fernández; el ministro de Economía y precandidato a Presidente de UxP, Sergio Massa y Cecilia de Vincenti, hija de Azucena Villaflor, en el acto del lunes último por la recuperación de uno de los aviones utilizados para los «vuelos de la muerte» en la dictadura.

La propuesta de Moisés innova al sumar contenido al capítulo «Atentados al orden constitucional y a la vida democrática» en el Libro X del Código Penal, que dispone sumar un tipo penal agravado dirigido contra los funcionarios públicos, agentes de las fuerzas de seguridad, o integrantes de las FF.AA que nieguen o reivindiquen crímenes de lesa humanidad cometidos específicamente por el terrorismo de Estado en Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y hasta el 10 de diciembre de 1983.

Esta iniciativa se suma a un proyecto similar impulsado meses atrás por el diputado del Frente de Todos (FdT) por Córdoba, Eduardo Fernández, que busca incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo y apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad, que también establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en materia de derechos humanos y genocidio.

«El negacionismo es la tergiversación deliberada de nuestro pasado rechazando las evidencias. Se trata de negar los planes sistemáticos de exterminio, la represión clandestina y la negación de justicia», afirmó Moisés.

Sostuvo además que «la reivindicación de los crímenes cometidos por la dictadura argentina por parte de funcionarios del Estado, deben tener un tratamiento diferenciado respecto a la apología de otros crímenes de lesa humanidad, porque son un atentado directo contra el orden democrático de nuestra República y ponen el riesgo las instituciones constitucionales».

Asimismo, la iniciativa dedica un apartado para establecer capacitación en la temática de derechos humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para todos los agentes de la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

La capacitación será obligatoria para las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

También, para los que sean sancionados por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; quienes incurrieren en el delito de negacionismo y/o apología de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad -previstos éstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere.

«En los últimos meses los argentinos asistimos de manera muy lamentable a lo que parece ser una revisión o interpretación de los sucesos ocurridos en el período dictatorial en un sentido diametralmente opuesto a lo dictaminado por la Justicia argentina», indicó la legisladora jujeña.

Finalmente, Moisés consideró que «es necesario y urgente este proyecto: creemos que nuestro Estado debe velar por la verdad histórica».

«Los agentes públicos deben estar formados en la defensa de los valores democráticos y en la preservación de la verdad. Y que esa verdad debe ser la que se basa en hechos y testimonios», completó.