CABA
Sin filtro: Libertad Avanza pide uso de armas en CABA
El proyecto de LLA propone el uso de «armamento, equipamiento, materiales o cualquier otro elemento análogo de carácter no letal» por parte de la Policía de la Ciudad para la «inmovilización transitoria de individuos con el objeto de su detención o de hacer cesar una acción violenta ilegítima».
Legisladores porteños de La Libertad Avanza (LLA) presentaron hoy un proyecto para incorporar otras armas no letales a las pistolas eléctricas impulsadas por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y, mientras la Izquierda rechaza de plano esta posibilidad, desde el Frente de Todos (FdT) reclaman la conformación del Consejo de Seguridad para dar allí el debate.
El proyecto de LLA propone el uso de «armamento, equipamiento, materiales o cualquier otro elemento análogo de carácter no letal» por parte de la Policía de la Ciudad para la «inmovilización transitoria de individuos con el objeto de su detención o de hacer cesar una acción violenta ilegítima».
En ese sentido, define como arma no letal a los «elementos diseñados para el ataque y la defensa (..) que a los efectos de su empleo convencional no puedan provocar la muerte, ni afectar de manera permanente la salud o la integridad de las personas, ni ocasionar lesiones graves o gravísimas».
En los fundamentos del proyecto, cuya autoría corresponde a Rebeca Fleitas y Oscar Zago, los legisladores argumentaron que es «fundamental brindar un marco legal específico que disponga la dotación para la fuerza policial de armas no letales».
Al respecto, desde el bloque oficialista Vamos Juntos, dialogó el legislador Juan Pablo Arenaza, cuya referente política es Patricia Bullrich.
«No veo el sentido del proyecto. No hay prohibición y nosotros estamos de acuerdo con el uso de las pistolas (eléctricas) Taser, que ya se usan en otras ciudades del mundo por su eficiencia y porque está comprobado que no causan tanto daño».
Y agregó que el «marco legal» para su uso lo establecen «el Código Penal y la Ley Integral de Seguridad Pública».
Desde el Frente de Izquierda, en tanto, la legisladora Amanda Martín dijo que si bien este tipo de armas son presentadas como no letales, «sí pueden causar heridas y hasta la muerte».
Y agregó que las Naciones Unidas ya las definieron como «forma de tortura», mientras que Amnistía Internacional registró «entre 2001 y 2012 unas 497 víctimas letales» por su uso.
Respecto al proyecto de LLA, consideró que los integrantes de ese espacio «agitan demagógicamente para amedrentar los reclamos populares, en tiempos en los que producto de la crisis social y económica crecen las protestas».
Por su parte, la legisladora del FdT, Claudia Neira, dijo en diálogo que el proyecto de la LLA «intenta abrir la discusión a otras armas no letales, pero no es claro respecto a los casos en que debería usarse cada una y lo remite a un supuesto protocolo que deberá elaborar una mesa de trabajo».
Además, advirtió que la iniciativa «habla de la utilización de estas armas en acciones violentas e ilegítimas, lo que abre un margen totalmente discrecional».
«Lo que tenemos que exigirle al Gobierno de la ciudad es la implementación del Consejo de Seguridad, que es el órgano creado por la Constitución de la ciudad, que tiene una ley vigente, que debería estar integrado por legisladores también de la oposición y diferentes actores del ámbito institucional para que allí se dé el debate sobre la utilización de las diferentes clases de armas».
En ese sentido, sostuvo que «hoy el Estado porteño está en mora, el Consejo de Seguridad no está ni siquiera conformado».
Sobre el uso de armas Taser por parte de la Policía de la Ciudad, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, informó el mes pasado que el Ejecutivo local ya las había comprado, y acusó al Gobierno nacional de «frenar» su ingreso al país «por una cuestión ideológica».
En su proyecto, los autodenominados libertarios proponen que además de pistolas eléctricas, la policía porteña use pistolas que lanzan proyectiles de gas pimienta y dispositivos que permiten inmovilizar a las personas lanzando cuerdas que las atan, entre otros elementos.
CABA
Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo
La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.
Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares
La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.
En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.
Criminalizar la infancia, una respuesta ligera
Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?
- Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
- Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
- Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.
El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.
El fantasma de las redes y la coartada perfecta
La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.
En la Ciudad, docentes vienen denunciando:
- Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
- Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
- Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.
Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.
Protocolos sin comunidad
El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.
Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.
Lo que no se dice
Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:
- ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
- ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
- ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?
La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.
Entre el control y el abandono
El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.
En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.
La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?
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