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Judiciales ⚖️

¿Cuáles son los 14 expedientes que involucran a miembros de la Corte?

Las solicitudes de Juicio Político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siete presentados por legisladores y siete por particulares.

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La comisión de Juicio Político que preside la oficialista Carolina Gaillard trabajará desde mañana en la consideración de catorce expedientes referidos a solicitudes de Juicio Político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siete presentados por legisladores y siete por particulares.

El resumen de los proyectos que mañana desde las 11 estarán sobre la mesa de los 31 diputados que integran la comisión es el siguiente:

1. Vanesa Siley (Frente de Todos): Promover juicio político contra el (ex) presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fernando Rosenkrantz, por mal desempeño en sus funciones. (Expediente 5039-D-2020).

2. Paula Oliveto Lago; Juan López; Maximiliano Ferraro; Mariana Zuvic; Marcela Campagnoli; Héctor Flores; María Lehmann y Rubén Manzi (Coalición Cívica): Promover juicio político contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. (0357-D-2021).

3. Paula Oliveto Lago; Juan López; Maximiliano Ferraro; Mariana Zuvic; Marcela Campagnoli; María Lehmann y Rubén Manzi; Victoria Borrego; Laura Castet; Mónica Frade; Leonor Martínez Villada y Mariana Stilman (Coalición Cívica): Ampliar el pedido de juicio político contra el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti (2177-D-2022).

4. Senadora Juliana Di tullio (Frente de Todos): Pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. (0025-P-2022).

5. Asociación Argentina de Juristas: Solicitan se promueva juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (0054-P-2022).

6. Senadora Juliana Di Tulio (Frente de Todos): Pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. (0097-P-2022).

7. Eduardo Valdés; Marisa Uceda; Marcelo Casaretto; Agustín Fernández; Julio Pereyra; Varinia Marín; Mabel Caparros; Bernardo Herrera; Silvana Ginocchio; Gustavo González; María Parola; Ricardo Herrera; Aldo Leiva; Blanca Osuna y Mara Brawer: Promover juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y los jueces integrantes Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por la causal de mal desempeño, en los términos del articulo 53 de la Constitución Nacional. (6905-D-2022)

8. María Rosa Martínez y Pablo Carro: Promover juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional. (6906-D-2022).

9. Asociación Civil por la exigibilidad de los derechos sociales: Solicita juicio político contra los actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño o -en su caso- y de corresponder por delito en el ejercicio de sus funciones. (100-P-2022).

10. Antonio De Martino: Solicita juicio político contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia (103-P-2022).

11. Ricardo La Greca: Solicita juicio político contra los actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia (106-P-2022).

12. Patricia Isasa: Solicita juicio político contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, por la causal de mal desempeño (107-P-2022).

13. Pablo Llonto: Pedido de juicio político contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones (0108-P-2022).

14. Diego Sánchez: Pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. (0109-P-2022).

Originalmente los expedientes eran 12, pero hoy el temario fue ampliado a 14, por dos nuevas iniciativas presentadas por particulares.

En cuanto a las causales mencionadas se enumera el fallo sobre la coparticipación federal y el que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Se cuestiona el fallo para aplicar el cómputo de «2×1» a un represor de la última dictadura militar y se considera que existe una serie de «incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

También hay acusaciones contra Rosenkrantz por sus intervenciones en causas en las que estaban involucradas empresas para las que había trabajado como abogado defensor.

Educación

Milei tiene cinco días para cumplir la Ley universitaria o pagar multas

El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a dar efectivo cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo perentorio de cinco días. Si no lo hace, el Gobierno deberá abonar astreintes por cada día de demora. La norma lleva 336 días aprobada por el Congreso y el Ejecutivo sigue sin aplicarla.

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Un juez federal le puso un reloj al Gobierno: cinco días para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario o enfrentar multas económicas diarias. La intimación la dictó el magistrado Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, y representa un nuevo revés judicial para la gestión de Javier Milei en su pulseada con las universidades nacionales.

La resolución establece que el demandado, el Estado Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional, debe «dar efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días» a la medida cautelar vigente vinculada con la ejecución de la ley N°27.795, «bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora». La norma fue aprobada por el Congreso hace 336 días y el Ejecutivo sigue sin ejecutarla.

Qué dice la resolución y qué exige el gremio docente

La federación docente CONADU Histórica fue quien impulsó la acción judicial y difundió la resolución de Cormick. El gremio precisó que «para cumplir con la ley el aumento debe ser de 33,4%» y sintetizó su posición en una frase que ya circula en las redes sociales de los claustros universitarios: «Milei no sos rey, cumplí la ley».

Las astreintes son multas de aplicación progresiva: cada día que el Gobierno no cumpla con la cautelar, la deuda crece. Es el mecanismo que la Justicia tiene para forzar el acatamiento de sus resoluciones cuando el Estado demora o evita ejecutarlas.

El mismo juez ya había ordenado al Gobierno liberar partidas para la UBA

La intimación de esta semana no es la primera intervención de Cormick en el conflicto universitario. En septiembre, el mismo juzgado había hecho lugar a una cautelar solicitada por la Universidad de Buenos Aires y ordenado ejecutar partidas destinadas a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. En aquella oportunidad, Cormick sostuvo que, luego del rechazo legislativo al veto presidencial, el proceso constitucional de sanción de la norma «no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley».

El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario en 2024, pero el Congreso rechazó ese veto. Desde entonces, el Ejecutivo se niega a aplicar la norma, lo que derivó en sucesivas intervenciones judiciales y en cuatro marchas federales universitarias, con una quinta anunciada para octubre.

Un conflicto que ya tiene calle y tribunales

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a cuatro marchas federales desde que comenzó el conflicto presupuestario y anunció una quinta para octubre. Las movilizaciones reunieron a cientos de miles de personas en todo el país en defensa de la educación pública y el salario docente. El recorte real al presupuesto universitario supera el 31% desde diciembre de 2023, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y del propio Presupuesto Nacional.

La intimación judicial llega en ese contexto: un Gobierno que recorta la educación pública, ignora una ley sancionada por el Congreso, desafía las órdenes judiciales y ahora tiene un contador regresivo de cinco días antes de que empiecen a correr las multas.

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