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Presupuesto 2023: el miércoles arranca el debate, con la exposición del superministro Sergio Massa
El titular de la cartera de Economía explicará las variables macroeconómicas que proyectan una inflación promedio del 60 %. Además, el Gobierno prevé un aumento del 2 % del crecimiento del PBI, un déficit del 1,9 %.
Por Silvia Rajcher
La Cámara de Diputados abrirá este miércoles en comisión la discusión del Presupuesto 2023 con la presentación formal que hará el ministro de Economía, Sergio Massa, quien explicará las variables macroeconómicas proyectadas por el Gobierno de un aumento del 2 por ciento del crecimiento del PBI, un déficit del 1,9 por ciento y una inflación promedio del 60 por ciento.
Será el primer Presupuesto que se trata en la gestión de Massa que buscará con su estilo conciliador alcanzar los acuerdos con los bloques parlamentarios para que este año se apruebe la ley de gastos y recursos, luego de que se haya rechazado el año pasado.
Un dato distintivo que tendrá el debate será que vendrán a exponer además de los secretarios del Ministerio de Economía, la mayoría de los ministros y funcionarios de áreas estratégicos de la AFIP, Anses, Aduana y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, como pedía Juntos por el Cambio.
El bloque del Frente de Todos -que preside Germán Martínez- confía en que el perfil político de Massa permitirá alcanzar los acuerdos con los bloques provinciales y los radicales que manejan gobernaciones como Jujuy, Mendoza o Corrientes, para sancionar ese proyecto el 26 de octubre.
El oficialismo debe enhebrar consensos con bloques de la oposición ya que es la primera minoría y cuenta con 117 votos, con lo cual requiere de al menos una docena de votos para asegurarse una mayoría para aprobar en general y en particular esta iniciativa estratégica.
El esquema de tratamiento para la principal ley del año fue acordado el martes pasado en una reunión encabezada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, con los bloques parlamentarios del oficialismo y la oposición.
Por lo pronto, el debate de la ley de gastos y recursos comenzará en la comisión de Presupuesto -que encabeza Carlos Heller- el miércoles a las 14 con la presentación de Massa, que hará en una reunión que se celebrará en el Salón «Delia Parodi».
Allí explicará los datos centrales proyecto de Presupuesto que contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2 por ciento, una inflación promedio del 60 por ciento, y reducir el déficit fiscal del 2,5 al 1,9%.
Un dato distintivo es que más del 65 por ciento de los fondos se destinarán a gastos sociales incluidos el pago de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones.
Tras la presentación de Massa, ese mismo día a las 16 los legisladores se trasladarán al Anexo C donde expondrán y responderán preguntas de los legisladores del oficialismo y la oposición todos los secretarios del Ministerio de Economía.
Se trata de los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Eduardo Setti; de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren; de Agricultura, Juan José Bahillo; y de Energía, Flavia Royon.
En caso de no poder completar todos los secretarios sus informes, se pasará a un cuarto intermedio hasta el jueves para completar las exposiciones de los funcionarios del Palacio de Hacienda.
En esa misma jornada está previsto también que brinden informes los titulares de AFIP, Carlos Castagneto; de Aduana, Guillermo Michel, y de Anses, Fernanda Raverta, y posiblemente ese día o la semana siguiente el presidente del Banco Central, según informaron fuentes parlamentarias.
El turno de los miembros del Gabinete Nacional será el martes 4 de octubre y allí se presentarán los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Transporte, Alexis Guerrera; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Salud, Carla Vizziotti, de Educación, Jaime Perczyk, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.
En caso de no poder concluir los ministros sus informes lo harán el jueves 6 de octubre que será la última reunión de la ronda de consultas, según el esquema diagramado por el oficialismo.
El debate entre los legisladores oficialistas y opositores se iniciará el martes 11 y se prolongará por lo menos hasta el lunes 24 cuando se firmará el dictamen de mayoría, y allí el Frente de Todos buscará tener cerrados los acuerdos que le garanticen sancionar el Presupuesto como sucedió cuando se votó la prórroga de impuestos que vencen a fin de año.
En esa ocasión, el FDT logró los 129 votos con el respaldo de 116 sufragios propios, cuatro de Provincias Unidas, ocho del Interbloque Federal y 1 el Movimiento Popular Neuquino.
Un tema que será debate central de la discusión del Presupuesto será la proyección de la inflación y la reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 por ciento.
Para lograr ese objetivo se estima que se disminuirá un 0,6% del PBI en lo destinado de manera específica al sector energético, que de esta forma quedará en una cifra del orden del 1,6% del PBI el próximo año, ya sea por ahorro de consumo de la gente o por la actualización de tarifas.
También se reducirá en 0,1 del PBI el subsidio al transporte, que quedará en 0,4% como compensación a los colectivos interjurisdisccionales.
El presupuesto contempla un aumento en las exportaciones de 7,1% contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%, y de esta manera, el superávit comercial pasaría de US$ 7.700 millones este año a US$ 12.300 millones en 2023.
Otro aspecto central será la posibilidad de blanqueos de dólares para el pago de importaciones de insumos y servicios destinados a procesos productivos, y para la construcción de proyectos inmobiliarios como también para la adquisición de viviendas usadas.
El artículo 71 establece una enmienda a la ley 27.679 de blanqueo para la construcción, a los fines de incorporar en esa normativa un permiso para la «la adquisición de un inmueble usado que sea afectado: i) con destino exclusivo a casa-habitación del declarante de los fondos y su familia, o ii) por un plazo no inferior a diez años, a la locación con destino exclusivo a casa-habitación del locatario y su familia».
Es decir, con esta modificación se permite que los fondos declarados en el marco del vigente régimen de blanqueo para la construcción sean también utilizados para la compra de viviendas usadas.
Gremiales
La motosierra libertaria llega a los bosques: retiros voluntarios en Parques Nacionales
El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la APN. Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei.
El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN). Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei. Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a futuros reclamos y no podrán reincorporarse al sector público por cinco años.
La gestión de Javier Milei extendió su programa de reducción del empleo estatal a la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Manuel Adorni. A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo abrió un régimen de retiro voluntario para los agentes de planta permanente amparados por el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).
La medida se enmarca en la política oficial de «centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado», según la propia letra de la resolución. En términos concretos, implica que cada puesto que quede vacante por adhesión al retiro será eliminado de forma definitiva: los cargos no se cubrirán.
Quiénes pueden adherir y quiénes quedan afuera
Para acceder al programa, los trabajadores deben contar con al menos dos años de antigüedad en el organismo. Sin embargo, la resolución establece un amplio listado de exclusiones: quedan fuera quienes tengan sumarios administrativos en curso con riesgo de cesantía o exoneración, procesos penales vinculados a delitos contra la administración pública, litigios laborales activos contra el Estado, beneficios previsionales ya acordados o renuncias pendientes de aceptación.
La norma también excluye expresamente al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, lo que sugiere que el objetivo del ajuste apunta al personal técnico-administrativo que sostiene el funcionamiento cotidiano del organismo, más que al personal de campo que realiza tareas de conservación y control en terreno.
Topes por edad y condiciones de egreso
La resolución fijó límites precisos para los trabajadores de mayor edad: quienes tengan entre 61 y 63 años recibirán una compensación con un tope de 24 salarios brutos, mientras que para los de 64 años o más el máximo se reduce a 12 haberes. Los montos correspondientes a vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional se liquidarán por separado.
Uno de los aspectos más significativos del esquema es la renuncia que se exige como condición de ingreso: quienes adhieran deberán resignar expresamente todo reclamo administrativo o judicial vinculado a su relación laboral con el Estado. Además, quedarán inhabilitados para reincorporarse al sector público nacional durante cinco años, bajo cualquier modalidad de contratación. La única excepción contemplada son los cargos docentes en universidades nacionales.
Un organismo que custodia el patrimonio natural del país
La Administración de Parques Nacionales es un ente autárquico creado por la Ley N° 22.351, cuya misión es proteger y conservar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas del país. Administra más de cuarenta áreas protegidas que abarcan ecosistemas de valor estratégico, desde la Puna hasta la Patagonia y la Antártida. El ajuste de su planta genera preocupación entre organizaciones ambientales y sindicales, que advierten sobre el posible desmantelamiento de la estructura técnica que sostiene ese trabajo.
La implementación operativa del programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar los formularios de adhesión, verificar los requisitos y elevar los expedientes para su aprobación definitiva. Toda acta de desvinculación deberá ser comunicada de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público (dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública) y a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.
Un patrón que se repite en el Estado
El retiro voluntario en Parques Nacionales no es un hecho aislado. La gestión Milei aplicó mecanismos similares en otros organismos estatales a lo largo de 2025 y 2026, incluyendo la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y diversas dependencias del extinto Ministerio de Capital Humano, en el marco del proceso de reducción de la planta del Estado que acompaña el ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según datos del propio Gobierno, el gasto primario total acumuló una caída real del 31% desde diciembre de 2023.
Puntos clave
- La Resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial, habilita retiros voluntarios para el personal de planta permanente de la APN con al menos dos años de antigüedad.
- Cada puesto que quede vacante por adhesión será eliminado de forma definitiva, sin reemplazo.
- Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a todo reclamo laboral y no podrán volver al sector público por cinco años.
- Quedan excluidos del programa los Guardaparques Nacionales y quienes tengan procesos disciplinarios o judiciales en curso.
- La medida forma parte de la política de reducción del Estado que impulsa la gestión Milei en el marco de las metas acordadas con el FMI.
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