Legislativo
Avanza el armado de la Comisión Bicameral mientras espera el envío del DNU
Mientras sigue el tratamiento parlamentario, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.
Por Silvia Rajcher
Las autoridades del Congreso Nacional definirán la próxima semana la conformación de la estratégica Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la económica dictado por el Gobierno Nacional, que tiene plazo hasta el 5 de enero para enviar esa norma al Parlamento.
El presidente Javier Milei anunció el miércoles pasado el DNU que deroga una treintena de leyes como la Ley de Alquileres, de Góndolas y de Abastecimiento, establece reformas en la legislación laboral y en la desregulación de las obras sociales y prepagas, así como el sistema de tarjetas créditos, y convierte las empresas públicas en sociedades anónimas para su futura privatización.
De todas maneras, mientras sigue el tratamiento parlamentario, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.
Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una «sanción ficta» o tácita.
La vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron en los últimos días con acuerdos con bloques opositores para la integración de la comisión bicameral, que este año le tocará ejercer a la cámara alta, y asegurarse la mayoría y la conducción a La Libertad Avanza.
De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.
La intención del oficialismo es poder tener armada la comisión de Tramite Legislativo, que tiene de ocho senadores y ocho diputados, la próxima semana teniendo en cuenta que el 5 de enero es la fecha tope para que el Gobierno envíe el DNU y, en forma paralela, comenzaron las negociaciones con los bloques que cuestionan la forma, pero no el fondo de la mayoría de las propuestas que están contempladas en esta norma.
El ministro del Interior Guillermo Francos, quien estuvo el jueves en el Congreso Nacional donde se reunió con Villarruel y Menem, afirmó que el armado de la Comisión Bicameral para tratar el DNU en el Congreso es «central» y se está «trabajando para poder constituirla».
«Nuestra representación parlamentaria es minoritaria, pero se construye mayorías a través de consensos y acuerdos para que nos permita llevar adelante el objetivo», concluyó.
En el Senado, la Vicepresidenta fue autorizada a conformar el cuerpo legislativo con tres senadores del Frente de Todos y otros cinco de las demás fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza (LLA), además del radicalismo, el PRO, Cambio Federal (conformado por exintegrantes de Juntos por el Cambio) y Unidad Federal (de peronistas disidentes y el oficialismo cordobés).
Sin embargo, los legisladores del FDT siguen reclamando tener cuatro lugares y por eso proponen a María Teresa González, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Silvia Sapag, aunque desde el oficialismo ya tienen definido le otorgarán tres representantes.
Aunque no fue oficializada la lista, la mayoría estará integrada por el oficialista de LLA Juan Carlos Pagotto, de La Rioja; el radical chaqueño Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez, del PRO; el macrista Juan Carlos Romero, de Salta, y el peronista correntino Carlos Espínola.
Por Diputados están nominados Oscar Zago, por La Libertad Avanza; Francisco Monti, de la UCR, Hernán Lombardi, del PRO; y Nicolás Massot, de Cambio Federal. Aún no está definido si UxP se quedaría con 4 o 3 sillas en la bicameral. Tampoco trascendieron los nombres.
Pero además de definir la conformación, el oficialismo deberá encarar una negociación con la Unión Cívica Radical, el PRO, Cambio Federal, Hacemos con Córdoba, bloques provinciales, que con matices objetaron que el Gobierno se haya inclinado por un DNU en lugar de haber convertir esas propuestas en proyectos de ley, ya que sostienen que avalarían varias de los cambios impulsados por el presidente Milei.
El presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Rodrigo De Loredo, respaldó ayer las propuestas de desregulación económica contempladas en el DNU publicado esta semana, pero pidió que el oficialismo analice la posibilidad de enviar esas propuestas en proyectos de ley o fragmentar por temas el DNU.
«Si el Gobierno no evalúa enviar las leyes correspondientes al Congreso, que es el camino adecuado, pueden ayudar las aprobaciones parciales sobre gran parte de las propuestas, o bien que el Gobierno este dispuesto a remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento», dijo.
Uno de los temas que genera dificultades para poder respaldar algunas de las propuestas contempladas en el DNU que es el decreto no se puede aprobar parcialmente ya que lo impide la Ley 26122 sancionada en el 2006 a propuesta de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En ese sentido, se establece que «no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes».
Por eso motivo, la UCR está preparando un proyecto para poder modificar esa ley a fin de poder avalar algunos puntos de un decreto y otros no.
En cambio, el bloque de UxP, liderado por Germán Martínez, está armando su estrategia para lograr que se rechace el DNU y para ello mantuvo el jueves reuniones con la CGT que realizará el miércoles una marcha a Tribunales para acompañar la presentación judicial pidiendo la inconstitucionalidad de ese decreto, junto con las CTA Autónoma y de los Trabajadores, y también buscará acordar acciones junto con los gobernadores de esa fuerza política.
Economía 💲
ATN: UxP quiere repartir por ley $1,1 billones que Milei retiene mientras avanza El Niño
Germán Martínez y Ariel Rauschenberger proponen distribuir la mitad de los $2,2 billones de Aportes del Tesoro Nacional acumulados, con 25% en partes iguales y 75% por coparticipación. Hoy el reparto depende de la discrecionalidad del Ejecutivo.
Mientras el Paraná crece en Corrientes y Entre Ríos y el Servicio Meteorológico Nacional da por segura la persistencia de El Niño hasta el verano, el Gobierno nacional tiene guardados unos $2,2 billones de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el fondo que existe justamente para asistir a las provincias en emergencias. Unión por la Patria presentó en Diputados un proyecto para liberar la mitad de ese dinero por ley y sacarle al Ejecutivo la llave del reparto.
La iniciativa lleva la firma del jefe del bloque, Germán Martínez, y del diputado pampeano Ariel Rauschenberger. Propone una asignación “excepcional y única” de $1,1 billones para prevención, respuesta y reconstrucción frente a El Niño 2026-2027 y otras emergencias climáticas. El resto quedaría como reserva del Tesoro para contingencias.
Cómo se repartiría la plata
El 25% se distribuiría en partes iguales entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el 75% según los coeficientes de coparticipación federal vigentes. El proyecto busca “un mecanismo objetivo que permita fortalecer la capacidad de prevención y respuesta del conjunto de los gobiernos provinciales, sin quedar sujeto a decisiones individuales de asignación”.
“Esos 2,2 billones son recursos que por derecho corresponden a las provincias y hoy se encuentran frenados sin uso”, sostuvieron los diputados. El monto surge, según el texto, de estimaciones de septiembre de 2026.
Un fondo que se usa como premio y castigo
Los ATN se integran con el 1% de la masa coparticipable y la ley los reserva para emergencias y desequilibrios financieros de las provincias, pero su distribución queda en manos del Ministerio del Interior. En la práctica, el reparto discrecional se convirtió en una herramienta de negociación política con los gobernadores. Como informó El Argentino el 5 de noviembre, el Gobierno giró apenas $13.500 millones a cuatro provincias y que hasta entonces había repartido solo el 18% del fondo.
La pelea no es nueva. En 2025 los gobernadores impulsaron en el Congreso una ley para distribuir los ATN de manera automática, que Milei vetó. El nuevo proyecto intenta otra vía: una asignación por única vez, atada a la emergencia climática, para sumar apoyos de mandatarios que necesitan fondos para obras hídricas y asistencia.
El Niño, la urgencia que no espera
El texto advierte que los efectos de El Niño ya se ven en Corrientes y Entre Ríos, con crecidas preocupantes del Paraná, y cita a la Organización Meteorológica Mundial, que prevé la máxima intensidad del fenómeno hacia diciembre y su persistencia hasta febrero de 2027. Según el proyecto, el SMN estimó una probabilidad del 100% de que continúe durante el último trimestre de 2026.
El reclamo choca con la lógica fiscal del Gobierno. Según la consultora Analytica, en octubre las transferencias a las provincias cayeron 56,5% real y acumulan un recorte de 61% en el año. Retener los ATN ayuda a sostener el superávit; el costo lo pagan las provincias que deben responder a las inundaciones con recursos propios.
Lo que tenés que saber:
- Germán Martínez y Ariel Rauschenberger presentaron un proyecto para repartir por ley $1,1 billones de los ATN no distribuidos.
- El Gobierno acumula unos $2,2 billones de ATN sin repartir, según estimaciones de septiembre citadas en el proyecto.
- El 25% iría en partes iguales a las provincias y la Ciudad, y el 75% por coeficientes de coparticipación.
- El fondo se destinaría a prevención, respuesta y reconstrucción frente a El Niño 2026-2027.
- Hoy el reparto de los ATN depende de la decisión del Ejecutivo y hasta ahora se repartió solo el 18% del fondo.
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