Legislativo
Avanza el armado de la Comisión Bicameral mientras espera el envío del DNU
Mientras sigue el tratamiento parlamentario, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.
Por Silvia Rajcher
Las autoridades del Congreso Nacional definirán la próxima semana la conformación de la estratégica Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la económica dictado por el Gobierno Nacional, que tiene plazo hasta el 5 de enero para enviar esa norma al Parlamento.
El presidente Javier Milei anunció el miércoles pasado el DNU que deroga una treintena de leyes como la Ley de Alquileres, de Góndolas y de Abastecimiento, establece reformas en la legislación laboral y en la desregulación de las obras sociales y prepagas, así como el sistema de tarjetas créditos, y convierte las empresas públicas en sociedades anónimas para su futura privatización.
De todas maneras, mientras sigue el tratamiento parlamentario, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.
Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una «sanción ficta» o tácita.
La vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron en los últimos días con acuerdos con bloques opositores para la integración de la comisión bicameral, que este año le tocará ejercer a la cámara alta, y asegurarse la mayoría y la conducción a La Libertad Avanza.
De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.
La intención del oficialismo es poder tener armada la comisión de Tramite Legislativo, que tiene de ocho senadores y ocho diputados, la próxima semana teniendo en cuenta que el 5 de enero es la fecha tope para que el Gobierno envíe el DNU y, en forma paralela, comenzaron las negociaciones con los bloques que cuestionan la forma, pero no el fondo de la mayoría de las propuestas que están contempladas en esta norma.
El ministro del Interior Guillermo Francos, quien estuvo el jueves en el Congreso Nacional donde se reunió con Villarruel y Menem, afirmó que el armado de la Comisión Bicameral para tratar el DNU en el Congreso es «central» y se está «trabajando para poder constituirla».
«Nuestra representación parlamentaria es minoritaria, pero se construye mayorías a través de consensos y acuerdos para que nos permita llevar adelante el objetivo», concluyó.
En el Senado, la Vicepresidenta fue autorizada a conformar el cuerpo legislativo con tres senadores del Frente de Todos y otros cinco de las demás fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza (LLA), además del radicalismo, el PRO, Cambio Federal (conformado por exintegrantes de Juntos por el Cambio) y Unidad Federal (de peronistas disidentes y el oficialismo cordobés).
Sin embargo, los legisladores del FDT siguen reclamando tener cuatro lugares y por eso proponen a María Teresa González, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Silvia Sapag, aunque desde el oficialismo ya tienen definido le otorgarán tres representantes.
Aunque no fue oficializada la lista, la mayoría estará integrada por el oficialista de LLA Juan Carlos Pagotto, de La Rioja; el radical chaqueño Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez, del PRO; el macrista Juan Carlos Romero, de Salta, y el peronista correntino Carlos Espínola.
Por Diputados están nominados Oscar Zago, por La Libertad Avanza; Francisco Monti, de la UCR, Hernán Lombardi, del PRO; y Nicolás Massot, de Cambio Federal. Aún no está definido si UxP se quedaría con 4 o 3 sillas en la bicameral. Tampoco trascendieron los nombres.
Pero además de definir la conformación, el oficialismo deberá encarar una negociación con la Unión Cívica Radical, el PRO, Cambio Federal, Hacemos con Córdoba, bloques provinciales, que con matices objetaron que el Gobierno se haya inclinado por un DNU en lugar de haber convertir esas propuestas en proyectos de ley, ya que sostienen que avalarían varias de los cambios impulsados por el presidente Milei.
El presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Rodrigo De Loredo, respaldó ayer las propuestas de desregulación económica contempladas en el DNU publicado esta semana, pero pidió que el oficialismo analice la posibilidad de enviar esas propuestas en proyectos de ley o fragmentar por temas el DNU.
«Si el Gobierno no evalúa enviar las leyes correspondientes al Congreso, que es el camino adecuado, pueden ayudar las aprobaciones parciales sobre gran parte de las propuestas, o bien que el Gobierno este dispuesto a remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento», dijo.
Uno de los temas que genera dificultades para poder respaldar algunas de las propuestas contempladas en el DNU que es el decreto no se puede aprobar parcialmente ya que lo impide la Ley 26122 sancionada en el 2006 a propuesta de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En ese sentido, se establece que «no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes».
Por eso motivo, la UCR está preparando un proyecto para poder modificar esa ley a fin de poder avalar algunos puntos de un decreto y otros no.
En cambio, el bloque de UxP, liderado por Germán Martínez, está armando su estrategia para lograr que se rechace el DNU y para ello mantuvo el jueves reuniones con la CGT que realizará el miércoles una marcha a Tribunales para acompañar la presentación judicial pidiendo la inconstitucionalidad de ese decreto, junto con las CTA Autónoma y de los Trabajadores, y también buscará acordar acciones junto con los gobernadores de esa fuerza política.
Judiciales ⚖️
LLA busca suspender la sesión del Senado del jueves para evitar la interpelación a Adorni
El Gobierno de Javier Milei activó una ronda de negociaciones con bloques aliados y gobernadores para desarticular el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito. La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles.
El gobierno de Javier Milei activó una ronda de negociaciones con bloques aliados y gobernadores para desarticular el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La maniobra, que compromete a la senadora Patricia Bullrich, al ministro del Interior, Diego Santilli, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, busca impedir que la sesión prevista para el jueves 18 de junio habilite el debate sobre la situación del funcionario.
El gobierno en modo defensivo
La Casa Rosada concentró este martes sus energías no en avanzar con la agenda legislativa propia, sino en contener el avance opositor. El oficialismo pospuso la búsqueda de apoyos para sus propios proyectos de ley y activó el «poroteo» para blindar a su jefe de Gabinete. La sesión del jueves tenía previsto tratar siete pliegos de jueces y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada; ninguno de esos temas llegó a tener el consenso necesario y la crisis Adorni terminó de complicar el panorama.
Santilli recibió durante la mañana al gobernador chaqueño Leandro Zdero, uno de los pocos mandatarios dispuestos a trazar acuerdos electorales con La Libertad Avanza rumbo a 2027. Si bien Zdero ratificó su apoyo a la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, no hubo definición concreta respecto del respaldo al jefe de Gabinete. La ronda de contactos continuó por la tarde con los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
Bullrich en el Senado: frenar antes del jueves
En la Cámara alta, la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, trabajó para desactivar la sesión que el bloque peronista impulsó con el objetivo de interpelar a Adorni. Según fuentes parlamentarias, la intención del oficialismo es evitar que ese debate llegue al recinto. La vicepresidenta Victoria Villarruel, a cargo de la presidencia del Senado, convocó para el miércoles a la reunión de Labor Parlamentaria a las 18 horas, con el propósito formal de definir el temario de la sesión del jueves y la fecha del informe de gestión de Adorni; el oficialismo anticipó que ese informe se realizaría el 2 de julio.
El kirchnerismo y el bloque del Partido Justicialista en el Senado impulsaron la interpelación como mecanismo de control político sobre el funcionario cuya situación judicial se agravó en las últimas semanas. En paralelo, en la Cámara de Diputados existe una sesión convocada para el 23 de junio que incluye una moción de censura. Los socios del PRO y la UCR no descartaron habilitar el debate, lo que amplía la incertidumbre del oficialismo sobre su capacidad de contención parlamentaria.
«El Presidente banca»: la apuesta oficial a resistir
Ante la acumulación de presiones, integrantes de la mesa política del gobierno sostuvieron que la estrategia es resistir el desgaste y esperar que la controversia se disipe. «Tienen que entender que el Presidente banca, que esto va a pasar y todo volverá a la normalidad», sostuvo un integrante de la mesa política. La apuesta es que el «coletazo mediático» se diluya antes de que la oposición logre consolidar los votos necesarios para avanzar sobre el cargo del funcionario.
Sin embargo, el contexto judicial no acompaña esa lectura optimista. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la justicia federal, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, ya involucra un patrimonio bajo sospecha que supera los US$ 840.000 e incluye refacciones de lujo pagadas en efectivo sin declarar, el uso del avión presidencial para traslados privados de su esposa Bettina Angeletti y vínculos con la denominada Causa $Libra. El juez Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti, y ordenó el peritaje de dispositivos de testigos clave.
Puntos clave
- LLA busca suspender la sesión del Senado del jueves 18 para evitar que se trate la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
- Santilli negoció con gobernadores aliados; Zdero apoyó la reforma electoral pero no definió su postura sobre Adorni.
- La vicepresidenta Villarruel convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles; el informe de gestión de Adorni se postergó para el 2 de julio.
- El PRO y la UCR no descartaron habilitar el debate de interpelación, lo que debilita la posición del oficialismo.
- La investigación judicial sobre Adorni abarca un patrimonio bajo sospecha superior a los US$ 840.000 y avanza con peritajes y levantamiento del secreto fiscal.
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