Legislativo
Avanza el armado de la Comisión Bicameral mientras espera el envío del DNU
Mientras sigue el tratamiento parlamentario, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.
Por Silvia Rajcher
Las autoridades del Congreso Nacional definirán la próxima semana la conformación de la estratégica Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la económica dictado por el Gobierno Nacional, que tiene plazo hasta el 5 de enero para enviar esa norma al Parlamento.
El presidente Javier Milei anunció el miércoles pasado el DNU que deroga una treintena de leyes como la Ley de Alquileres, de Góndolas y de Abastecimiento, establece reformas en la legislación laboral y en la desregulación de las obras sociales y prepagas, así como el sistema de tarjetas créditos, y convierte las empresas públicas en sociedades anónimas para su futura privatización.
De todas maneras, mientras sigue el tratamiento parlamentario, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.
Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una «sanción ficta» o tácita.
La vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron en los últimos días con acuerdos con bloques opositores para la integración de la comisión bicameral, que este año le tocará ejercer a la cámara alta, y asegurarse la mayoría y la conducción a La Libertad Avanza.
De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.
La intención del oficialismo es poder tener armada la comisión de Tramite Legislativo, que tiene de ocho senadores y ocho diputados, la próxima semana teniendo en cuenta que el 5 de enero es la fecha tope para que el Gobierno envíe el DNU y, en forma paralela, comenzaron las negociaciones con los bloques que cuestionan la forma, pero no el fondo de la mayoría de las propuestas que están contempladas en esta norma.
El ministro del Interior Guillermo Francos, quien estuvo el jueves en el Congreso Nacional donde se reunió con Villarruel y Menem, afirmó que el armado de la Comisión Bicameral para tratar el DNU en el Congreso es «central» y se está «trabajando para poder constituirla».
«Nuestra representación parlamentaria es minoritaria, pero se construye mayorías a través de consensos y acuerdos para que nos permita llevar adelante el objetivo», concluyó.
En el Senado, la Vicepresidenta fue autorizada a conformar el cuerpo legislativo con tres senadores del Frente de Todos y otros cinco de las demás fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza (LLA), además del radicalismo, el PRO, Cambio Federal (conformado por exintegrantes de Juntos por el Cambio) y Unidad Federal (de peronistas disidentes y el oficialismo cordobés).
Sin embargo, los legisladores del FDT siguen reclamando tener cuatro lugares y por eso proponen a María Teresa González, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Silvia Sapag, aunque desde el oficialismo ya tienen definido le otorgarán tres representantes.
Aunque no fue oficializada la lista, la mayoría estará integrada por el oficialista de LLA Juan Carlos Pagotto, de La Rioja; el radical chaqueño Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez, del PRO; el macrista Juan Carlos Romero, de Salta, y el peronista correntino Carlos Espínola.
Por Diputados están nominados Oscar Zago, por La Libertad Avanza; Francisco Monti, de la UCR, Hernán Lombardi, del PRO; y Nicolás Massot, de Cambio Federal. Aún no está definido si UxP se quedaría con 4 o 3 sillas en la bicameral. Tampoco trascendieron los nombres.
Pero además de definir la conformación, el oficialismo deberá encarar una negociación con la Unión Cívica Radical, el PRO, Cambio Federal, Hacemos con Córdoba, bloques provinciales, que con matices objetaron que el Gobierno se haya inclinado por un DNU en lugar de haber convertir esas propuestas en proyectos de ley, ya que sostienen que avalarían varias de los cambios impulsados por el presidente Milei.
El presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Rodrigo De Loredo, respaldó ayer las propuestas de desregulación económica contempladas en el DNU publicado esta semana, pero pidió que el oficialismo analice la posibilidad de enviar esas propuestas en proyectos de ley o fragmentar por temas el DNU.
«Si el Gobierno no evalúa enviar las leyes correspondientes al Congreso, que es el camino adecuado, pueden ayudar las aprobaciones parciales sobre gran parte de las propuestas, o bien que el Gobierno este dispuesto a remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento», dijo.
Uno de los temas que genera dificultades para poder respaldar algunas de las propuestas contempladas en el DNU que es el decreto no se puede aprobar parcialmente ya que lo impide la Ley 26122 sancionada en el 2006 a propuesta de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En ese sentido, se establece que «no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes».
Por eso motivo, la UCR está preparando un proyecto para poder modificar esa ley a fin de poder avalar algunos puntos de un decreto y otros no.
En cambio, el bloque de UxP, liderado por Germán Martínez, está armando su estrategia para lograr que se rechace el DNU y para ello mantuvo el jueves reuniones con la CGT que realizará el miércoles una marcha a Tribunales para acompañar la presentación judicial pidiendo la inconstitucionalidad de ese decreto, junto con las CTA Autónoma y de los Trabajadores, y también buscará acordar acciones junto con los gobernadores de esa fuerza política.
Géneros 🟣
LLA y PRO se unieron en la Legislatura contra la ESI y la interrupción del embarazo
Un foro organizado en la Legislatura porteña reunió a referentes de La Libertad Avanza y el PRO en torno a una agenda conservadora que impugnó la ley de interrupción voluntaria del embarazo y cuestionó la Educación Sexual Integral. La vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y la exvicepresidenta Gabriela Michetti fueron las figuras centrales del encuentro, que visibilizó las coincidencias ideológicas entre ambos espacios en un contexto de creciente acercamiento político.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue escenario este miércoles de un foro que reunió a dirigentes y funcionarios de La Libertad Avanza y el PRO bajo una plataforma común: el rechazo a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la impugnación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas. El encuentro convocó a figuras de peso de ambos espacios y sirvió para hacer pública una convergencia ideológica que en el plano electoral todavía se procesa.
Participaron del foro la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio; la exvicepresidenta Gabriela Michetti; la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero; los diputados nacionales Santiago Santurio y Joaquín Ojeda; el ministro de Desarrollo Humano porteño, Gabriel Mraida; y otros funcionarios del Gobierno de la Ciudad y legisladores provinciales.
Muzzio: aborto, natalidad y el argumento de los perros
La intervención más resonante del foro fue la de Clara Muzzio, quien planteó su postura sobre el aborto y la educación sexual con argumentos que combinan datos demográficos y juicios de valor sobre las transformaciones culturales de los últimos años. La funcionaria afirmó que «muchas de las parejas que conciben un hijo lo sacrifican» y sostuvo que «uno de cada tres hijos se aborta», una cifra que utilizó para vincular la legalización del aborto con la caída de la natalidad en la Ciudad.
Muzzio también cuestionó la aplicación de la Educación Sexual Integral al asegurar que «se permitió que se sexualice a los niños desde jardín de infantes», en una afirmación que condensa el rechazo de los sectores conservadores a los contenidos del programa creado por ley en 2006. Para graficar los cambios en la conformación familiar, la vicejefa de Gobierno recurrió a un dato que ya circuló en debates similares: la cantidad de perros en la Ciudad supera ampliamente a la de niños menores de 10 años, lo que leyó como síntoma de una sociedad que privilegia las mascotas sobre la maternidad y la paternidad.
Michetti reapareció y habló de «supervivencia de la especie»
La presencia de Gabriela Michetti fue uno de los signos más elocuentes del foro. La exvicepresidenta de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri reapareció en la escena pública para reivindicar la agenda impulsada por el encuentro y se presentó como parte de un colectivo que trabaja por «la supervivencia de la especie humana». Michetti también hizo referencia a su trayectoria de oposición al aborto legal y sostuvo que, por haberla manifestado públicamente, fue «cancelada». Su presencia en el foro junto a referentes de La Libertad Avanza subrayó la permeabilidad entre el PRO y el espacio libertario en materia de derechos reproductivos y educación sexual.
Una agenda que une lo que la política todavía negocia
El foro en la Legislatura porteña no fue un evento aislado: se inscribe en un momento en que LLA y el PRO discuten los términos de una posible alianza electoral de cara a 2027, con tensiones internas en el PRO entre quienes priorizan la autonomía del espacio y quienes apuestan por una fusión con el oficialismo libertario. En ese contexto, el encuentro funcionó como una señal: más allá de las disputas por candidaturas y estructuras, la agenda cultural conservadora es el terreno donde ambos espacios no tienen dificultad en coincidir.
La ley de Educación Sexual Integral fue sancionada en 2006 con amplio consenso parlamentario y establece el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual en todos los niveles del sistema educativo. La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada en diciembre de 2020, también por el Congreso Nacional, y garantiza el acceso al aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación. Ambas normas, vigentes, son sistemáticamente impugnadas por los sectores que este foro representó.
El ministro de Desarrollo Humano porteño, Gabriel Mraida, completó el panel con una exposición centrada en la importancia de fortalecer los vínculos familiares, en línea con el discurso que atravesó todo el encuentro: la reivindicación de un modelo de familia que los sectores conservadores presentan como amenazado por las políticas de género y educación sexual aprobadas en los últimos dos decenios.
Puntos clave
- Clara Muzzio y Gabriela Michetti encabezaron un foro en la Legislatura porteña con una agenda de rechazo al aborto legal y la ESI.
- Muzzio afirmó que «uno de cada tres hijos se aborta» y acusó a la ESI de «sexualizar a los niños desde jardín de infantes».
- Michetti sostuvo que trabaja por «la supervivencia de la especie» y que fue «cancelada» por oponerse al aborto.
- El encuentro visibilizó las coincidencias ideológicas entre LLA y el PRO en derechos reproductivos y educación, en un contexto de acercamiento electoral entre ambos espacios.
- La ley de IVE y la ESI son normas vigentes aprobadas por el Congreso Nacional con amplio respaldo parlamentario.
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