Buscaran dictamen de consenso para proyecto de licencias parentales y cuidados
El proyecto de ley propone elevar de manera progresiva hasta 126 días la licencia por nacimiento de hijos para las madres, mientras que para los padres sube a unos 15 días durante el primer año de la ley y 30 días en el segundo, hasta emparejar a 90 días durante un período de 8 años, a la vez que incluyó aumentos de licencias para personas no gestantes y por adopción.
Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad y de Presupuesto de la Cámara de Diputados buscará avanzar mañana en el dictamen de consenso que unifica los distintos proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo y por legisladores de diferentes bancadas sobre licencias parentales y de cuidados.
El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, que preside Vanesa Siley; de Mujeres y Diversidad, a cargo de Mónica Macha; y de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Carlos Heller, se realizará este martes a las 17 en el anexo C de la Cámara baja.
Según fuentes parlamentarias, la intención del oficialismo es avanzar en la firma del dictamen en la reunión aunque no se descarta que haya además al menos dos dictámenes de minoría impulsados por Juntos por el Cambio y por el Frente de Izquierda.
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Se trata de un debate que se inició en junio pasado con el análisis de proyectos sobre el tema, elaborados por diputados de diferentes bancadas.
El despacho toma en cuenta, entre otros, el proyecto enviado en marzo de 2022 por el Poder Ejecutivo denominado SINCA (Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género) que propuso elevar de manera progresiva hasta 126 días la licencia por nacimiento de hijos para las madres, mientras que para los padres sube a unos 15 días durante el primer año de la ley y 30 días en el segundo, hasta emparejar a 90 días durante un período de 8 años, a la vez que incluyó aumentos de licencias para personas no gestantes y por adopción.
Entre otras cuestiones, el borrador de dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo, para el que se tuvieron en cuenta además unos 52 proyectos impulsados por diputados del oficialismo y de la oposición, establece por matrimonio o unión convivencial, 12 días corridos; por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija, hijo o hija afín 10 días; en tanto que por fallecimiento de padre, madre, padre, hermano o hermana, nieta o nieto, 3 días corridos.
En tanto, para el cuidado por enfermedad de un miembro del grupo familiar, persona a cargo, se establece un máximo de 20 días por año que podrán ser utilizados en forma continua o discontinua, la cual podrá extenderse hasta 60 días anuales, sin goce de haberes.
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Para rendir examen en cualquier nivel educativo de la educación formal, se contemplan 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario.En tanto, para el cuidado o atención de un miembro del grupo familiar y persona a cargo con discapacidad, el proyecto establece 3 días corridos con un máximo de 15 días por año calendario.
En el caso de interrupción del embarazo, la iniciativa contempla 10 días corridos contados a partir del día en que se solicita la licencia, tanto para la persona gestante como para la persona no gestante con la cual hubiera compartido la responsabilidad parental.
Asimismo, para la asistencia a entrevistas con fines de adopción, audiencias, encuentros o visitas a un niño, una niña o adolescente que se pretende adoptar, se establecen 2 días corridos con un máximo de 12 días hábiles anuales, desde el inicio de las visitas previas a la tenencia en guarda con fines de adopción y hasta la resolución judicial que ordena su otorgamiento.
Por Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), se propone establecer una licencia de 15 días laborables continuos o discontinuos por año calendario como persona gestante, ovodonante o manifestando su voluntad procreacional.
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En tanto, para situaciones de violencia de género o violencia laboral, se busca establecer una licencia de 15 días hábiles por año calendario, prorrogables por una única vez por otro periodo igual.
Activistas del Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA) celebraron hoy la aprobación de la ley “Johanna” que fija los procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal porque “pone en discusión la insensibilidad de un sistema” y aseveraron que “la lucha, ahora, está en que se cumpla y sino, que haya sanciones”.
El Senado de la Nación aprobó esta madrugada, y convirtió en ley de manera unánime, el proyecto llegado en revisión desde Diputados y que fija los procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.
La iniciativa define a la muerte perinatal como aquella que se produce entre la semana 22 y hasta siete días después del nacimiento del bebé.
El texto del proyecto señala que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, deberán instrumentar de forma obligatoria las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.
Su objetivo es posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas, facilitar las opciones terapéuticas y las gestiones a realizar, según detalla un tuit de la Cámara de Senadores de la Nación.
“Las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada; un trato respetuoso, individual y personalizado; tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo; tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso de su bebé; recibir información sobre lactancia, así como de métodos de inhibición y/o donación de ésta”; entre otros”, describe el articulado de la normativa.
La ley lleva el nombre de Johanna Piferrer, impulsora de la iniciativa, quien fue víctima de la violencia y el destrato del sistema de salud cuando falleció su bebé -Ciro- mientras cursaba la semana 33 de embarazo.
Consultada sobre la aprobación de la Ley Johanna, la activista, feminista e integrante de la organización Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA), Violeta Osorio, consideró que la normativa es “una deuda enorme del Estado argentino y del sistema médico hegemónico en relación a las mujeres y sus familias que atraviesan pérdidas gestacionales”.
“Como toda ley que habla de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, principalmente de las mujeres, causa sorpresa que tengamos que hablar de la necesidad de poner leyes para que se respeten derechos humanos básicos como el de la dignidad, integridad y la soberanía, al atravesar -en este caso- un proceso tan complejo y que puede ser tan traumático, para una familia”, afirmó este viernes Osorio a Télam.
“Aquí, lo importante es entender que la ley Johanna viene a poner en discusión que si bien una tragedia puede ser inevitable, la insensibilidad y la crueldad de un sistema es lo que convierte, a ese hecho trágico, en un evento absolutamente traumático, del que es muy difícil recuperarse”, agregó.
Uno de los ejemplos que mencionó Osorio es que se cuide y prevea que la mujer que atravesó una pérdida gestacional o neonatal, no esté ingresada en el área de maternidad junto con otras mujeres parturientas o que se encuentran en su trabajo de parto.
Otro es el derecho de las mujeres a recibir y acceder a asesoramiento sobre cómo llevar adelante todo el cambio físico que ha llevado el embarazo y que con una pérdida, cuando no hay un bebé en brazos, es totalmente distinto.
También, lo interesante de la Ley Johanna, y destacado por la activista, “es la historia que hay detrás: viene a hablarnos de la historia de una mujer que supo colectivizar su tragedia y su experiencia y nos dio la posibilidad de participar de su lucha”.
“Es un enorme ejemplo para todas las mujeres y para toda la sociedad”, agregó.
Esas pérdidas gestacionales se recrudecen socialmente porque tienen el componente social de que “deben vivirse en silencio, incluso con vergüenza, porque hay algo en nuestro cuerpo que no funcionó o -tal vez- no deseamos lo suficiente ese embarazo o quien sabe qué hicimos, además de que hay todo un silencio en relación a esos momentos”, completó.
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La diputada Mónica Macha, quien presentó el proyecto de Ley, explicó a Télam “que lo que se propone es la creación e incorporación de protocolos y programas en los hospitales y distintos espacios de salud, para que se pueda intervenir de un modo más humano y empático, en términos de salud física y mental, en los contextos de muertes neonatales o perinatales”.
“Significa desde el acompañamiento psicológico hasta cómo es el asesoramientos en términos físicos, cuál es el tiempo que la familia necesita para estar con el cuerpo de ese bebé, que tal vez nació sin vida o murió a las pocas horas, porque entendemos que esas horas son fundamentales sobre cómo se va a desencadenar el proceso de duelo, que llevará un tiempo subjetivo”, agregó la diputada.
En tanto, la psicóloga perinatal Brenda Charnis, también integrante de la agrupación OVOA, consideró que “resulta clave que exista la ley de atención a pacientes antes de la muerte perinatal porque es necesario que en las instituciones haya un protocolo sobre cómo acompañar a las personas gestantes y sus familias que atraviesan semejante situación, en todos lo lugares y que sea de la misma forma”.
“Esto no puede quedar a criterio de cada profesional que acompaña a las mujeres, tiene que haber un criterio colectivo sobre cómo deben ser atendidas, acompañadas, cuáles son los protocolos a seguir o dónde deben estar en la institución medica”, señaló Charnis.
La psicóloga contó que “atravesar un duelo perinatal es una de las cosas más complejas que veo en el consultorio, la violencia que atraviesan las mujeres, las personas gestantes y sus familias y es muy cruel, porque llevás la carga del duelo y la de la violencia obstétrica institucional con la que fuiste tratada”, consideró.
Y ansió que “esta ley sea cumplida” al explicar que “es por lo que hay que luchar ahora que ya la tenemos”.
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Si no se cumple con la ley, entonces, dijo, que “existan las sanciones correspondientes y que no suceda lo que pasa con la ley de parto respetado, que si bien es clave, porque fue lo que nos permitió hablar de violencia obstétrica, es una normativa que no se cumple por la inexistencia de sanciones”.
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