Judiciales ⚖️
Legislatura: el oficialismo suspendió la última sesión del año tras un pedido de juicio político a funcionarios
Desde el FdT consideran que el objetivo fue evitar el debate sobre el pedido de juicio político a D’Alessandro y Mahiques, por el viaje a Lago Escondido junto a jueces y directivos de medios.
La coalición Juntos por el Cambio (JxC), que tiene mayoría en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, suspendió la última sesión ordinaria del año, que estaba prevista para este jueves y desde el Frente de Todos (FdT) consideraron que el objetivo es evitar el debate sobre el pedido de juicio político a Marcelo D’Alessandro y Juan Bautista Mahiques, por su participación en el viaje a Lago Escondido junto a jueces y directivos de medios.
La sesión de este jueves sería la última ordinaria del año, y en ella estaba previsto tratar, además de los pedidos de juicio político, la designación de 13 jueces porteños y la renovación de las autoridades legislativas del año próximo.
Fuentes de JxC indicaron que la sesión «cayó» debido a que algunos temas a tratar necesitan «más tiempo de debate», por lo que no descartan convocar a una sesión extraordinaria antes de fin de año.
El debate iba a transcurrir en medio de un clima político enrarecido por la filtración de los chats entre funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y jueces federales, lo que que provocó que el interbloque oficialista que responde a Horacio Rodríguez Larreta esté a la defensiva y finalmente haya decidido no convocar a la sesión.
Tras la difusión de chats, el FdT buscó avanzar con el inicio del juicio político al ministro de Seguridad D’Alessandro y al fiscal general Mahiques por su participación en el intercambio de mensajes en los que planeaban encubrir un viaje a Lago Escondido, en Bariloche.
Fuentes parlamentarias del FdT informaron que solicitarán una sesión especial para tratar los dos pedidos de juicio político, ya que, consideran, esos temas son «centrales» y «no se puede seguir adelante sin tratarlos».
En declaraciones, el legislador del FdT Matías Barroetaveña, afirmó que «el oficialismo suspende la sesión de mañana y decide clausurar la Legislatura hasta el año que viene para evitar la vergüenza de tener que defender lo indefendible», y agregó que, pare él, «está claro que el pedido de juicio político presentado por el Frente de Todos y el debate que se generaría en el recinto es la causa de esta decisión».
El diputado también consideró que es «absolutamente inexplicable que (Horacio Rodríguez) Larreta siga bancando a un ministro que no solo sería culpable del delito de dádivas, sino también de otros delitos y amenazas, como queda claro en los audios».
Barroetaveña también se refirió a los legisladores de JxC: «Es hora que los legisladores de Lousteau, Carrió, Ocaña y otros digan claramente si son cómplices de estos comportamientos o efectivamente van a ejercer su rol institucional permitiendo que el estado de derecho siga vigente en la ciudad», afirmó.
La coalición JxC incluye al bloque UCR-Evolución, cuyo referente es el senador nacional Martín Lousteau, y al bloque Vamos Juntos, donde hay diputados de la Coalición Cívica, el espacio político de Elisa Carrió, y Confianza Pública, de Graciela Ocaña.
Al respecto, también se manifestó la legisladora Alejandrina Barry, del PTS en el Frente de Izquierda, quien lamentó que el oficialismo haya suspendido la sesión en la que su bloque había solicitado tratar los pedidos de interpelación a D’Alessandro y a Larreta «para que den explicaciones por el escandaloso viaje a Lago Escondido y su posterior intento de ocultamiento».
Asimismo, Barry afirmó que «el jefe de Gobierno habló para garantizar la impunidad de su ministro de Seguridad. La misma actitud de encubrimiento se vio en otros miembros del gabinete como ocurrió con (Soledad) Acuña y (Fernán) Quirós».
Energía
El regulador abre la puerta: ENReGE autoriza el traspaso de Transener a manos privadas
Con la Resolución 130/2026, el ente regulador dio luz verde para que ENARSA transfiera su participación en CITELEC al consorcio Edison-Genneia. El Estado completa así su salida definitiva de la columna vertebral del sistema eléctrico nacional.
El regulador energético del gobierno de Javier Milei le puso la firma final a la privatización de Transener. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 130/2026, mediante la cual autorizó formalmente a la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) a transferir la totalidad de su participación accionaria en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC) al consorcio integrado por Edison Transmisión y Genneia. El monto acordado, de US$356.174.811, había superado el piso de referencia fijado por el Ejecutivo, que rondaba los US$206 millones.
El trámite regulatorio era la última condición suspensiva que restaba cumplir para el cierre definitivo de la operación. El contrato de compraventa había sido suscripto el 11 de junio por la firma Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), constituida específicamente para este proceso por ambas empresas en partes iguales, tras la adjudicación formal dispuesta mediante la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo a mediados de mayo.
Qué compra el consorcio y qué queda en manos del Estado
Lo que adquirieron Edison Transmisión y Genneia no son los activos físicos de la red: las líneas de alta tensión y las estaciones transformadoras pertenecen al Estado nacional y se mantendrán bajo la concesión que Transener S.A. opera hasta el año 2088. Lo que se transfiere es el 50% del capital social de CITELEC, la sociedad que ejerce el control de Transener y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA), que cubre otros 6.228 kilómetros de red en territorio bonaerense.
El consorcio se convierte así en accionista co-controlante de CITELEC junto a Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin, que retiene el otro 50% y no participó de la licitación. En conjunto, las tres empresas, Edison, Genneia y Pampa Energía, controlarán la gestión de Transener, que administra aproximadamente el 85% de la red de alta tensión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.400 kilómetros de líneas de extra alta tensión.
El regulador despeja los reparos: integración vertical y poder de mercado
En el texto oficial, el ENReGE reconoció que los nuevos accionistas ya poseen activos en los segmentos de generación y distribución, lo que podría configurar una integración vertical vedada por la Ley 24.065, el marco regulatorio eléctrico vigente. Sin embargo, el organismo dictaminó que no existe transgresión legal, argumentando que la tenencia del 50%, compartida con Pampa Energía, no otorga a ninguno de ellos la condición de accionista mayoritario o controlante unilateral.
Para neutralizar los riesgos de abuso de posición dominante, el ENReGE destacó tres ejes regulatorios: el libre acceso al uso indiscriminado de la capacidad de transporte; las tarifas reguladas por el propio ente, que impiden cargos discriminatorios; y las ampliaciones controladas, ya que cualquier extensión de la red requiere audiencia pública y aprobación estatal, bajo el marco del Decreto 921/25.
Quiénes son los nuevos socios de la red eléctrica
Genneia es la principal generadora de energías renovables del país, con una capacidad instalada superior a los 1.580 MW distribuidos en ocho parques eólicos y seis solares. Su principal accionista es el banquero Jorge Brito, quien asumió la conducción de la empresa en enero de 2026. La familia Brito ocupa el puesto 13 entre las 50 mayores fortunas de Argentina, según estimaciones de Forbes. Edison Transmisión, por su parte, es el brazo especializado en transporte eléctrico de Edison Energía, empresa encabezada por los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes están vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, según informó el portal El Litoral. Entre los socios del fondo Inverlat, que integra el grupo Edison, figuran Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai. Completan la estructura los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan.
No es dato menor que Edison Energía ya operaba desde enero de 2026 las represas hidroeléctricas del Comahue, adjudicadas en una licitación previa que ingresó aproximadamente US$700 millones al Tesoro nacional. La adquisición de CITELEC representa su segunda apuesta en la infraestructura eléctrica del país en menos de un año.
Una red envejecida y sin obligación de inversión
El desafío que hereda el consorcio es de magnitud: Transener no incorporó obras de alcance nacional desde 2017 y el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil, según datos relevados por el portal especializado Shale24. La paradoja es que el nuevo accionista no tendrá obligación de expandir la red. Las ampliaciones responden al Decreto 921/25, que las licita como concesión de obra independiente, lo que supone que el crecimiento de la capacidad de transporte dependerá de decisiones futuras del Estado, no de los nuevos socios privados.
La insuficiencia de la red de alta tensión es hoy uno de los principales cuellos de botella para nuevas inversiones en generación, tanto en energías renovables como en la expansión vinculada a Vaca Muerta y a los proyectos mineros de cobre y litio. Buena parte de las futuras inversiones en generación dependerán de la capacidad de transportar esa energía hacia los centros de consumo, lo que convierte a Transener en un activo estratégico cuya gestión privada no elimina la necesidad de regulación estatal efectiva.
La Ley Bases como habilitante y el segundo paso de ENARSA
La venta se realizó bajo los lineamientos de la Ley Bases (27.742) y el Decreto 286/2025, que establecieron el marco legal para la desinversión de activos estatales. La participación en CITELEC era el segundo gran movimiento de este proceso para ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue. Con la autorización del ENReGE, se cumple la última condición suspensiva del contrato y queda habilitado el cierre formal de la transacción.
El origen de la participación estatal en CITELEC remite a la salida de Petrobras de sus activos energéticos en Argentina. Tras ese retiro, ENARSA ocupó esa posición y pasó a compartir el control de la sociedad con Pampa Energía, otorgando al Estado influencia sobre una de las empresas más importantes de la infraestructura energética nacional. La administración libertaria decidió desandar ese camino.
Puntos clave
- El ENReGE emitió la Resolución 130/2026 que autoriza la transferencia del 50% de CITELEC al consorcio Edison-Genneia por US$356.174.811.
- La operación convierte a Edison Transmisión y Genneia en accionistas co-controlantes de Transener junto a Pampa Energía, completando la salida del Estado de la red troncal de energía eléctrica.
- Genneia es controlada por el banquero Jorge Brito; Edison Transmisión está conducida por los hermanos Neuss, vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo.
- Transener opera el 85% de la red de alta tensión del SADI; el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil y el consorcio no tendrá obligación de expandir la red.
- La operación se encuadra en la Ley Bases (27.742) y es el segundo gran paso de la desinversión de ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue.
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