Legislativo
“Salvo los Macri, nadie llega a viejo sin laburar”: el duro cruce de Recalde a Milei
El senador de Unión por la Patria apuntó contra el Gobierno y defendió la nueva ley previsional. Señaló que la mayoría de quienes acceden a la jubilación sin 30 años de aportes sí trabajaron, aunque en condiciones precarias.
El senador nacional Mariano Recalde salió al cruce del discurso del oficialismo tras la sanción de la ley que restituye la moratoria previsional. “Es una falacia decir que la moratoria es un beneficio para alguien que no trabajó”, aseguró el legislador de Unión por la Patria en declaraciones radiales.
La ley fue aprobada ayer en el Senado con los votos del peronismo y sus aliados, en medio de la resistencia del oficialismo libertario y de bloques afines, que argumentaron que la medida implica “premiar la informalidad” y “cargarle el costo al que aportó toda su vida”. Recalde cuestionó esa visión y subrayó que la mayoría de quienes no reúnen los 30 años de aportes exigidos sí desempeñaron trabajos durante décadas, aunque fuera sin registrar.
«Nadie llega a viejo sin haber trabajado»
En diálogo con el programa Sin Corbata por Radio Splendid AM 990, Recalde desarmó los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno:
“La gente que llega a la edad jubilatoria, muy pocos tienen los 30 años de aportes. Solo tres de cada 10 varones y una de cada diez mujeres. Es muy injusto que lleguen a esa edad y no obtengan un beneficio después de haber trabajado toda la vida”.
El senador insistió en que “nadie llega a esa edad sin haber trabajado”, y vinculó el discurso oficialista con una lógica de privilegio:
“Decían que era otorgarle un beneficio a alguien que nunca trabajó. Y es mentira. Salvo la familia Macri o algún otro privilegiado que no necesitan ni van a tramitar la moratoria jubilatoria”.
Aportes, impuestos y un sistema bajo presión
Recalde explicó que el sistema previsional argentino se sostiene en partes iguales con aportes laborales e impuestos generales:
“No fue siempre así. Hay modelos económicos donde crece el empleo, los salarios, se desincentiva el trabajo no registrado, y otros como en esta etapa, donde crece el desempleo, los salarios están aplastados, se promueven las formas de contratación sin aportes, y se condonan deudas previsionales como en la Ley Bases de hace un año”.
De ese modo, el legislador trazó una línea directa entre la crisis previsional y las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei.
“Un ajuste brutal”
Recalde también apuntó contra las consecuencias sociales del rumbo económico libertario:
“El ajuste ha sido brutal. El consumo se deteriora y cae. Caen las ventas minoristas. No solo las pymes. Carrefour, el supermercado más grande de Argentina, decide irse del país. Esto es grave”.
El senador peronista cuestionó los impactos concretos del ajuste sobre la vida cotidiana:
“Hay una macroeconomía sostenida con alambre y mientras tanto en la vida cotidiana la gente no llega a fin de mes y se ajusta el cinturón. Los jubilados deben decidir si compran para comer o remedios. Antes de que llegara Milei al gobierno, los jubilados no pagaban el IVA. Él dijo que se cortaba la mano antes de poner un impuesto y ahora los jubilados pagan el IVA”.
Puntos clave:
- El Senado aprobó la ley que restituye la moratoria previsional.
- Recalde aseguró que el 70% de los varones y el 90% de las mujeres no llegan con 30 años de aportes.
- El senador cuestionó el relato oficialista sobre “beneficios indebidos”.
- Denunció que el sistema previsional sufre por el desempleo, la informalidad y las condonaciones de deuda.
- Criticó la política económica de Milei por su impacto en el consumo y los jubilados.
Legislativo
Duro debate en el Senado por ley de tierras para extranjeros y desalojo de barrios populares
El Senado de la Nación volvió a debatir este miércoles el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, en una jornada que expuso las profundas contradicciones de una iniciativa que, bajo el rótulo de proteger la propiedad, habilita la venta de tierras argentinas a capitales extranjeros, acelera desalojos y amenaza con dejar a más de un millón de familias de barrios populares sin garantías habitacionales.
Tierra a la venta: LLA busca habilitar a extranjeros a comprar suelo argentino sin límites
★ El plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, fue escenario de un fuerte cruce entre la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Mientras el oficialismo apura los tiempos y busca emitir dictamen la semana próxima, la oposición y las organizaciones sociales advirtieron que el proyecto es un retroceso histórico en materia de soberanía territorial, derecho a la vivienda y protección ambiental.
Un proyecto con cinco bombas de tiempo
Presentado formalmente en el Congreso el 27 de marzo de 2026 bajo el expediente PE-13/2026, el proyecto fue defendido en una primera ronda de debates por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lo enmarcó en los dos pilares que define el gobierno de Javier Milei: equilibrio fiscal y libertad económica.
Sin embargo, los cinco ejes centrales de la iniciativa despertaron alarmas incluso entre algunos aliados del Gobierno. El primero establece un mecanismo «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, con desalojos exprés que, según sus críticos, reducen garantías procesales a los ocupantes. El segundo, y quizás el más polémico, elimina los límites vigentes desde 2011 para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales en Argentina, una restricción sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner precisamente para preservar la soberanía territorial.
El tercer eje apunta a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, derogando artículos impulsados en 2020 por el diputado Máximo Kirchner que impedían vender bosques nativos, humedales y áreas protegidas durante 60 años tras un incendio, y cambiaban el uso de suelos agrícolas incendiados por 30 años. El cuarto modifica la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana (conocida como ley de barrios populares), sancionada en forma unánime en 2018, que garantiza suspensión de desalojos y regularización dominial para los sectores más vulnerables. El quinto punto reforma el sistema registral inmobiliario.
Un millón de familias en riesgo
Las organizaciones TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina advirtieron en conjunto que el proyecto «representa un retroceso profundo sobre la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y pone en riesgo el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de más de un millón de familias que viven en barrios populares en todo el país». Desde TECHO precisaron que la iniciativa, tal como fue redactada, «podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle».
En la audiencia de este miércoles, el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi, puso números concretos al drama habitacional que el proyecto ignora: «El 92% de las familias que vivimos en barrios populares no tenemos acceso formal al agua, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 98% no tiene conexión al gas». Celsi fue contundente: «No apoyamos esta iniciativa».
El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, fue más allá y denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina». Señaló además que desde la derogación de la ley de alquileres los precios acumularon un aumento superior al 400% en dos años, y que los datos del INDEC confirman que los alquileres siguen subiendo por encima de la inflación cada mes.
El constitucionalista Daniel Sabsay también cuestionó la iniciativa y señaló que «genera fuertes dudas en cuanto a la protección del medioambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa al problema habitacional en el actual contexto económico».
Soberanía, fuego y el cruce Vilar-Bullrich
El momento más tenso de la jornada llegó con el enfrentamiento entre la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Vilar señaló que se «necesita tener presa» a Cristina Fernández de Kirchner para aprobar leyes que van en contra de la soberanía del país, en referencia a la presión judicial sobre la ex presidenta que coincide con el avance de reformas regresivas en el Congreso.
Bullrich respondió acusando a Vilar de utilizar la reunión de comisiones para hacer «un panfleto político» y afirmó que la ex presidenta «llegó hasta la Corte Suprema de Justicia» sin acatar su fallo. «Estamos en veredas enfrente», remató Bullrich, y aseguró que el oficialismo «defiende a los ciudadanos comunes», al mismo tiempo que atacó la gestión bonaerense señalando que la provincia de Buenos Aires tiene «más usurpaciones que en el resto del país».
Vilar, por su parte, había explicado antes del cruce que la Ley de Manejo del Fuego «no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios» y que «intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso del suelo». El combatiente de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, Paulino Inalaf, planteó una pregunta que el oficialismo no respondió: si se aprueba el proyecto y se producen incendios para habilitar negocios inmobiliarios, «¿qué políticas tienen para asegurar la seguridad y la soberanía argentina?».
El peronismo señala prioridades distintas
El ex diputado peronista Santiago Igon resumió la posición opositora con claridad: «Esta ley no la estamos necesitando. Lo que sí necesitamos es que llegue el tercio que le corresponde a la provincia por impuestos al combustible para arreglar las rutas. Necesitamos una política a favor de que las economías regionales puedan resurgir».
El único expositor que respaldó el proyecto fue el abogado especializado en derecho administrativo Mariano Marcucci, quien consideró que la ley «avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado y va a favor de las garantías de los particulares».
Según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA, el oficialismo aspira a emitir dictamen la semana próxima, aunque la decisión dependerá de si consigue el apoyo de los bloques dialoguistas. La meta del Gobierno es llevar el proyecto al recinto en la última semana de abril o la primera de mayo.
Puntos clave
- El Senado debatió por segunda vez el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Milei, con exposición de más de veinte especialistas y referentes sociales.
- El proyecto elimina los límites para la compra de tierras por extranjeros vigentes desde 2011, modifica la ley de barrios populares y deroga protecciones ambientales post-incendio.
- Organizaciones como TECHO, Cáritas, UTEP y el CELS advierten que el texto podría dejar a más de un millón de familias sin garantías habitacionales y a 2 millones de niños en situación de calle.
- El titular de Inquilinos Agrupados denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», en un contexto de alquileres que aumentaron más del 400% en dos años.
- El oficialismo busca emitir dictamen la semana próxima y llevar el proyecto al recinto antes de fin de abril, condicionado al apoyo de los bloques aliados.
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