Coparticipación
Ziliotto cruzó el modelo de ajuste y celebró: “Las provincias demostramos que el Estado puede ser eficiente”
El gobernador pampeano destacó la media sanción de los proyectos que redistribuyen ATN e impuestos al combustible. Reivindicó el federalismo y criticó el modelo de ajuste del gobierno nacional.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, valoró este jueves la media sanción que el Senado otorgó a los proyectos que buscan redistribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los fondos del Impuesto a los Combustibles entre las provincias. La iniciativa, impulsada por los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño, busca corregir desequilibrios en la asignación de recursos.
“Ayer fue una decisión de los gobernadores, un avance conjunto, entendiendo que nadie se salva solo”, declaró Ziliotto en diálogo con Splendid – 990. El mandatario remarcó que la propuesta “no va en contra de nadie, sino a favor del federalismo”, y sostuvo que el objetivo es “poner un poco más de justicia a la realidad de la República Argentina”.
“Las provincias nos hicimos cargo”
Ziliotto subrayó que los gobiernos provinciales se han hecho cargo de funciones esenciales del Estado, como la salud, la educación, la seguridad y la obra pública. “Tenemos capacidad para eso, pero necesitamos recursos que nos pertenecen, y las leyes van en ese sentido”, expresó.
En esa línea, valoró que la sesión del Senado significó “recuperar federalismo e institucionalidad” gracias al respaldo de la mayoría de los bloques vinculados a los gobernadores. Aunque evitó cuestionar a quienes votaron en contra, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), destacó: “Todos los presidentes del bloque que se comprometieron a votar, votaron a favor. Inclusive el presidente del bloque de la provincia que gobierna Rogelio Frigerio”.
Contra el ajuste y la “consolidación de la grieta”
El gobernador pampeano también se refirió al contexto político nacional. Señaló que el país vive “un momento donde venden la grieta, donde venden los antagonismos” y consideró que ese escenario es parte de una “escalada de violencia a nivel mundial”.
Cuestionó de forma indirecta la política económica del Gobierno nacional: “El modelo económico del ajuste no le sirve a nadie. Si en el afán de mejorar las cuentas públicas parte de la sociedad queda por fuera del sistema, no contribuye con el Ejecutivo”.
“Hay que expandir la economía. Para ser eficiente, el Estado tiene que ser austero, pero también tiene la obligación de ser eficiente”, señaló. En ese sentido, puso como ejemplo el superávit fiscal alcanzado por algunas provincias. “Cuando la escala no da para que invierta el mercado, el Estado debe estar presente y puede hacerlo con eficiencia”, sostuvo.
Redistribuir sin afectar a nadie
Ziliotto insistió en que los proyectos aprobados respetan los porcentajes de la Ley de Coparticipación Federal: “58 para las provincias, 42 para el gobierno nacional”. Y afirmó que la redistribución propuesta no afecta al gobierno central, sino que busca “que nos devuelvan lo que nos corresponde a cada provincia, a sus habitantes”.
“La sesión del jueves es el inicio de un camino. No estamos afectando a nadie”, concluyó el gobernador pampeano.
Puntos Clave
- El Senado aprobó la redistribución de ATN y el impuesto a los combustibles con respaldo de gobernadores.
- Ziliotto afirmó que la medida “no va en contra de nadie” y reivindicó el federalismo.
- Destacó la responsabilidad de las provincias en áreas clave como salud, educación y obra pública.
- Cuestionó el ajuste del gobierno nacional y propuso expandir la economía con eficiencia estatal.
- Reivindicó el rol del Estado frente a un mercado que no invierte en determinadas escalas.
Coparticipación
Presupuesto 2027: discapacidad, universidades y transporte frenan el acuerdo
El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y sentar el proyecto en el recinto el miércoles 25, cinco días antes de que termine el período ordinario. Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban la negociación.
Tres partidas tienen frenado el Presupuesto 2027. Los recursos para las prestaciones por discapacidad, el aumento de los fondos para las universidades nacionales y los subsidios al transporte del interior son los puntos que los bloques aliados pusieron sobre la mesa para acompañar el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 15 de septiembre, la fecha límite que fija la ley de administración financiera.
La negociación la conducen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Del lado del Ejecutivo participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que mantiene conversaciones con los gobernadores de los bloques dialoguistas. El oficialismo descartó el 18 de noviembre y ahora apunta a firmar dictamen el martes 17 para llevar el proyecto al recinto el miércoles 25, cinco días antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.
Los tres reclamos que traban el dictamen
El primero es la discapacidad. Las prestaciones quedaron en el centro de la discusión después de que Amnistía Internacional advirtiera que el proyecto asigna a ese rubro 24% menos de fondos que en 2023. El segundo son las universidades: el texto contempla $7,3 billones para el sector, mientras los rectores reclaman $11 billones. El tercero es el transporte del interior, con los subsidios y el Fondo Compensador como eje. A esos puntos se suma un pedido transversal: la rebaja del Impuesto a los Combustibles, con el argumento de que la recaudación no se destina al mantenimiento de las rutas nacionales ni al 2,55% que corresponde al fondo del transporte del interior.
La Jurisdicción 91: $14,8 billones sin destino fijo
Los bloques aliados sostienen que hay margen para atender los reclamos sin romper el equilibrio fiscal y apuntan a la Jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro. El proyecto le asigna $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y la partida funciona como una reserva que administra la Secretaría de Hacienda: no tiene edificio ni empleados propios y puede reasignarse durante la ejecución. Cerca de la mitad de esos recursos está prevista para cubrir déficits y transferencias a empresas estatales, entre ellas Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo. El mecanismo existe desde la década del 90 y ahora los dialoguistas quieren que parte de ese fondo se destine a discapacidad y universidades.
Las demandas de cada bloque
Cada espacio sumó reclamos propios. El PRO exige garantizar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, bajar del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados y fijar un mecanismo que asegure plazos y tarifas en las obras de rutas nacionales.
La UCR, con el mendocino Lisandro Nieri como negociador, pide eliminar cuatro artículos del texto. Los bloques provinciales reclaman que se avance con las obras ya acordadas y que se amplíen los $503.000 millones previstos para compensar los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación. Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, sumaron el pedido de tratar la Ley de Biocombustibles, que quedó frenada por un reclamo de legisladores bonaerenses.
Las cuentas del proyecto
El texto prevé gastos totales consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones, con subas de 25,3% y 26,2% respecto de la base de comparación que usa el Gobierno. Las partidas de servicios sociales ascienden a $150,9 billones y los servicios de la deuda pública a $18,6 billones. La discusión de fondo es qué se recorta para sostener el superávit primario y el equilibrio fiscal que el Ejecutivo puso como condición de cualquier cambio.
El reloj de las ordinarias
Si el proyecto no se aprueba antes del 30 de noviembre, el tratamiento pasa a sesiones extraordinarias, que el Gobierno puede convocar desde el 1 de diciembre. Y si el Presupuesto no se sanciona, la ley 24.156 obliga a prorrogar el del año anterior, con lo que el Ejecutivo recupera discrecionalidad sobre las partidas. La apuesta oficialista es que el dictamen llegue el 17 y que el recinto vote el 25, con el margen justo para evitar ese escenario.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y a tratar el Presupuesto 2027 en el recinto el miércoles 25.
- Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban el acuerdo con los bloques aliados.
- La Jurisdicción 91 concentra $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y los dialoguistas quieren reasignar parte de esos fondos.
- El proyecto prevé $7,3 billones para universidades frente a los $11 billones que piden los rectores, y $503.000 millones para las cajas jubilatorias provinciales.
- Si no hay ley antes del 30 de noviembre, rige la prórroga del Presupuesto anterior.
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