Legislativo
El Gobierno promulgó la Ley Antimafias: qué cambia en el país
Se establecen condenas de entre 8 y 20 años para los involucrados.
El oficialismo logró la sanción de la Ley 27.786, que redefine el concepto de organizaciones criminales y endurece las penas para quienes formen parte de ellas. La norma incluye delitos como narcotráfico, corrupción, tráfico de personas, lavado de dinero y extorsión.
Redefinición de las organizaciones criminales
La nueva legislación establece que una organización criminal se define como “grupos de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”.
Con esta definición, el Estado podrá intervenir en investigaciones contra estructuras delictivas complejas, permitiendo la colaboración entre fiscales federales, fuerzas de seguridad y autoridades provinciales.
Principales modificaciones de la Ley 27.786
La norma incorpora cambios clave en el Código Penal y los procedimientos judiciales:
- Investigaciones especiales: se podrán declarar ciertas áreas como «zonas sujetas a investigación especial» para facilitar la intervención de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, incluyendo la interceptación de comunicaciones y la incautación de bienes vinculados a actividades ilegales.
- Endurecimiento de penas: se establecen condenas de entre 8 y 20 años de prisión para quienes participen en organizaciones criminales, incluyendo a quienes colaboren o presten apoyo logístico. Además, se habilita la posibilidad de que todos los miembros de la organización sean condenados con la pena del delito más grave cometido por el grupo, sin importar su rol específico.
- Decomiso anticipado de bienes: los fiscales podrán solicitar la incautación de bienes de personas involucradas en actividades delictivas sin necesidad de una condena firme. Si el acusado resulta absuelto, los bienes serán restituidos.
- Detenciones prolongadas: en casos de delitos transnacionales, la detención preventiva podrá extenderse hasta 15 días, con posibilidad de prórroga si la Justicia lo autoriza.
Polémica y debate sobre la ley
El oficialismo defendió la sanción de la norma como una herramienta clave contra el crimen organizado, mientras que sectores de la oposición y organismos de derechos humanos cuestionaron algunos aspectos, como la amplitud en la definición de organizaciones criminales y la posibilidad de decomisar bienes antes de una condena.
En este contexto, el Gobierno busca consolidar su política de seguridad con medidas más agresivas, justificando la necesidad de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Sin embargo, el impacto real de la ley dependerá de su aplicación efectiva en el sistema judicial y la coordinación con las fuerzas de seguridad.
Legislativo
El doble juego de Bullrich: se diferencia de Adorni en público pero lo protege en el Senado
La jefa del bloque libertario en el Senado declinó asistir al encuentro convocado por el Jefe de Gabinete en la Casa Rosada e intentará convencer a los bloques dialoguistas de postergar nuevamente el tratamiento de la interpelación, en medio de una interna que no para.
Bullrich no fue a la reunión de Adorni pero maniobra en el Senado para frenar su interpelación
La tensión entre Patricia Bullrich y el núcleo duro del Gobierno de Javier Milei escaló este martes 23 de junio con un gesto de alto voltaje político: la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta confirmó, a través de su entorno, que no asistirá a la reunión convocada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada. La excusa oficial apunta a la Labor Parlamentaria del Senado, convocada para las 18 horas, pero la señal política es inequívoca: Bullrich no está dispuesta a cubrir a un funcionario cuya situación judicial la incomoda y cuya continuidad le genera un conflicto creciente con sus propios aliados legislativos.
La reunión que Bullrich no quiso pisar
Adorni programó para este martes una serie de encuentros escalonados con legisladores oficialistas, en tres tandas entre el mediodía y la tarde, con el objetivo de presionar para que el Senado postergue su interpelación prevista para el jueves 25. Sin embargo, desde el despacho de Bullrich aclararon que la senadora «no puede» asistir, dado que debe presidir la reunión de Labor Parlamentaria, convocada precisamente para intentar desactivar o demorar el tratamiento de los proyectos de interpelación y moción de censura que la oposición tiene anotados en el temario de la sesión del jueves.
La coincidencia horaria no resulta casual. Bullrich, según informó el portal Letra P, fue la propia impulsora de la convocatoria a la Labor Parlamentaria, y el objetivo declarado es lograr que el jueves los proyectos de interpelación no se voten en el recinto sino que sean derivados a la Comisión de Asuntos Constitucionales, replicando la maniobra que ya se usó en Diputados para proteger al Jefe de Gabinete.
El pacto roto y la palabra empeñada
El escenario de este martes es consecuencia directa de un acuerdo que Bullrich asumió públicamente hace una semana y del que ahora intenta retroceder. El miércoles 17 de junio, al término de la reunión de Labor Parlamentaria, la propia senadora comunicó a la prensa que todos los bloques habían acordado sesionar el jueves 25 para tratar los proyectos de interpelación y moción de censura contra Adorni, con una mayoría absoluta como condición de aprobación. «Se acordó sesionar el próximo jueves 25: ese día se van a tratar todos los proyectos que piden la interpelación y la moción de censura de Adorni. Si tienen mayoría, se lo llamará a interpelación para el 2 de julio», afirmó Bullrich en declaraciones a A24.
Ese compromiso, asumido ante todos los bloques, fue recibido en la Casa Rosada con malestar. Según consignó La Nacion, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tiene instrucciones claras de sostener a Adorni contra viento y marea, por lo que el acuerdo parlamentario de Bullrich funcionó como una señal de autonomía que irritó al núcleo duro del Gobierno. Ahora, el oficialismo pide que se exija una mayoría de dos tercios de los presentes, una barrera más alta que la que la propia Bullrich había aceptado, interpretando que el reglamento del Senado así lo requiere cuando no hay dictamen de comisión.
La causa judicial que divide aguas dentro de LLA
El trasfondo de la interna es la causa por enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, con un patrimonio bajo sospecha que según la investigación supera los 840.000 dólares. Fue la propia Bullrich quien exigió públicamente que Adorni presentara su declaración jurada antes del vencimiento legal, sin lograrlo. El Jefe de Gabinete demoró la entrega un mes más y, cuando finalmente la presentó, justificó el crecimiento patrimonial en ahorros en efectivo encontrados en el domicilio de su padre y en una operación con Bitcoin, según reprodujeron medios nacionales. Javier Milei defendió al funcionario, pero según reportó Letra P, ya comenzó a quitarle poder: el viernes pasado designó al diputado Adrián Ravier como nuevo vocero y desplazó al secretario de Comunicación, Javier Lanari.
La situación deja a Bullrich en un lugar políticamente incómodo. Por un lado, no puede defender abiertamente a un funcionario cuya declaración jurada considera insatisfactoria; por el otro, tampoco puede darse el lujo de romper con el Gobierno que la sostiene como jefa de bancada. La solución que eligió es la del doble juego: diferenciarse en el discurso mientras opera para evitar consecuencias concretas para Adorni en el recinto.
El 2 de julio, la próxima encrucijada
Si el jueves 25 la maniobra de Bullrich fracasa y los proyectos se aprobaran en el recinto, Adorni quedaría convocado a comparecer ante el Senado el 2 de julio, fecha en la que ya tiene comprometida su presencia para el informe de gestión obligatorio que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. En ese caso, el mismo informe podría convertirse en una instancia de interpelación, con posibilidad de avanzar hacia una moción de censura que requiere el voto de la mitad más uno de los integrantes de cada Cámara para removerlo del cargo.
La oposición kirchnerista, según describió Letra P, trabaja en una pinza con Diputados para aumentar la presión: la sesión fue postergada en la Cámara baja este martes, pero la ofensiva contra el funcionario continúa. Mientras tanto, los bloques dialoguistas, Provincias Unidas, el PRO y la UCR, navegan entre la presión de la Casa Rosada y el costo político de seguir blindando a un Jefe de Gabinete con un patrimonio que la Justicia federal no puede explicar.
Puntos clave
- Bullrich rechazó asistir a la reunión convocada por Adorni en la Casa Rosada este martes, según su propio entorno.
- La senadora convocó ella misma a la Labor Parlamentaria del Senado para las 18 horas, con el objetivo de frenar o demorar la interpelación prevista para el jueves 25.
- La semana anterior, Bullrich había acordado públicamente que el jueves se votarían los proyectos de interpelación y moción de censura, compromiso del que ahora intenta retroceder.
- La causa por enriquecimiento ilícito contra Adorni, con un patrimonio investigado superior a los 840.000 dólares, es el eje del conflicto que divide al oficialismo.
- Si la interpelación avanza, el Jefe de Gabinete deberá comparecer ante el Senado el 2 de julio, instancia en la que podría enfrentar una moción de censura para ser removido.
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