Legislativo
Cámara de Diputados avanza en la lucha contra las ciberapuestas
La Cámara de Diputados debatirá este miércoles dos dictámenes sobre las apuestas online.
En medio de un intenso lobby de plataformas y agencias de juegos de azar en línea, la Cámara de Diputados dará un paso crucial en la próxima sesión del miércoles 13 de noviembre, cuando se debatan y posiblemente se firmen dos dictámenes clave para regular las apuestas online y combatir la creciente problemática de la ludopatía.
Este fenómeno, que ha aumentado significativamente desde la pandemia, ha golpeado especialmente a los adolescentes y jóvenes, con estadísticas alarmantes sobre el impacto de las ciberapuestas en este grupo etario.
El Plenario y la Urgencia Legislativa
El debate se llevará a cabo a las 9:30 en un plenario convocado por varias comisiones clave: Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes.
En el marco de una presión creciente por abordar esta crisis, Mónica Frade (Coalición Cívica), presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones, expresó su esperanza de que los proyectos puedan ser tratados en el recinto antes del 30 de noviembre.
Sin embargo, la falta de una prórroga para las sesiones ordinarias limita el tiempo disponible para su aprobación este año.
En caso de que no se logre avanzar en la sanción durante las sesiones de 2023, los dictámenes quedarán listos para ser tratados al inicio del próximo ciclo parlamentario.
Originalmente, el plenario estaba previsto para el jueves pasado, pero debió suspenderse debido a solicitudes de tiempo adicionales por parte de las titulares de la Comisión de Legislación Penal y de Familias, Laura Rodríguez Machado (PRO) y Roxana Reyes (UCR), respectivamente.
La Propuesta de la Oposición: Regulación Integral de las Apuestas Online
En cuanto a los proyectos que se discutirán el miércoles, se perfilan dos enfoques diferentes. El primero, promovido por la Coalición Cívica, junto con Unión por la Patria, Encuentro Federal y un sector de la UCR, se presenta como el de mayoría.
Este proyecto propuesto por Maximiliano Ferraro, apunta a una regulación más estricta sobre las apuestas en línea, enfocándose principalmente en prevenir la ludopatía y la exposición de los más jóvenes al juego.
Uno de los puntos más destacados de esta propuesta es la prohibición de la publicidad y promoción de juegos de azar en línea, incluyendo la prohibición de que figuras públicas como influencers, deportistas y artistas participen en la promoción de apuestas.
La publicidad solo se permitiría dentro de los propios casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas físicas, excluyendo cualquier tipo de promoción en medios masivos y plataformas digitales.
El proyecto también establece restricciones severas sobre los métodos de pago en las plataformas de apuestas.
Se limitaría el uso de tarjetas de débito a un tope equivalente al permitido para extracciones en cajeros automáticos, y se prohibiría el uso de tarjetas de crédito o sistemas de crédito, así como tarjetas de ayuda social.
Las billeteras electrónicas estarían permitidas bajo las mismas restricciones que las tarjetas de débito.
Medidas de Seguridad para Evitar el Acceso de Menores
Otro de los puntos clave del proyecto es la implementación de medidas tecnológicas para evitar que los menores de edad accedan a las plataformas de apuestas.
Se propone la identificación biométrica de los usuarios, utilizando la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), lo que permitirá verificar la identidad de los jugadores mediante reconocimiento facial al inicio de cada sesión de juego.
Además, se implementarán límites de tiempo y dinero, y los jugadores podrán acceder a información detallada sobre su actividad, incluyendo el historial de apuestas, y establecer alertas de autocontrol.
También se crearía un registro nacional de autoexclusión voluntaria, que permitiría a cualquier persona que sienta que tiene un problema con el juego registrarse para ser excluida de las plataformas de apuestas por un período de hasta 24 meses.
La inscripción en este registro será válida a nivel nacional y podrá ser solicitada no solo por los propios jugadores, sino también por sus familiares, siempre con el consentimiento de la persona afectada.
El Dictamen Más “Light” de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza
Por otro lado, un dictamen impulsado por el PRO y La Libertad Avanza plantea una regulación más flexible, tomando como referencia un proyecto de la diputada Silvana Giudici.
Si bien este proyecto también busca mitigar los efectos de las apuestas en línea, sus restricciones son más suaves en comparación con la propuesta de la Coalición Cívica.
Este enfoque menos estricto ha generado divisiones dentro de los bloques opositores, particularmente en la UCR, donde algunos de sus miembros aún debaten cuál será su postura.
La diputada Gabriela Brouwer de Koning indicó que aún están analizando los dictámenes y no tienen una decisión final.
El Reloj Sigue Corriendo: La Urgencia de una Ley para Combatir la Ludopatía
A medida que las plataformas de apuestas en línea siguen creciendo en popularidad, especialmente entre los jóvenes, la urgencia de sancionar una ley que regule este sector se vuelve cada vez más evidente.
Las plataformas de apuestas, en su mayoría extranjeras, han intensificado sus esfuerzos de lobby para evitar una legislación más restrictiva. Sin embargo, el creciente número de casos de ludopatía, especialmente entre los adolescentes, ha sido un factor decisivo para que el Congreso avance con una propuesta que busque frenar este flagelo social.
La ley que se discute no solo tiene como objetivo frenar el impacto negativo de las apuestas en línea, sino también establecer un marco de responsabilidad social para las plataformas, que deberán cumplir con medidas de prevención, control y asistencia a los jugadores con problemas de adicción.
Cultura
Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías
Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.
El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.
Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera
La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.
La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.
El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.
El sector advirtió por el impacto de la derogación
La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.
La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.
Advierten por el futuro de las librerías de barrio
Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.
María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».
En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.
Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.
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