La Cámara de Diputados no logró convertir en ley la reforma del régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU), lo que le dio un pequeño respiro al Gobierno, aunque el Senado podría insistir con la media sanción en una próxima sesión.

Si bien la oposición había obtenido una mayoría en la votación general con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, el artículo 3, que establecía un plazo de vigencia de 90 días para los DNU, fue rechazado por apenas 127 votos positivos, quedando a dos votos de la mayoría absoluta necesaria de 129. Por esta razón, la iniciativa no pudo convertirse en ley en el día de la fecha.

Contexto y objetivos de la reforma

La normativa vigente sobre DNU fue diseñada en su momento por la entonces senadora Cristina Kirchner, buscando fortalecer el hiperpresidencialismo y dificultar la derogación de decretos por parte de la oposición.

La reforma propuesta buscaba:

• Limitar la vigencia de los DNU a 90 días, tiempo durante el cual el Gobierno debía lograr su convalidación en ambas cámaras.
• Permitir a la oposición derogar un decreto con el rechazo de una sola cámara.
• Prohibir que un DNU abarque más de una materia, como sucedió con el polémico DNU 70/2023.
• Impedir que el Ejecutivo dictara un nuevo decreto sobre la misma materia hasta el inicio del siguiente año parlamentario si era derogado.

Discursos y posiciones

La oposición defendió la reforma como una medida para fortalecer la democracia y limitar el abuso del DNU:

• Mónica Litza (Unión por la Patria) sostuvo que la reforma “no es para quitarle las facultades al presidente Milei como dijeron algunos”.
• Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) aseguró que el proyecto busca “una democracia de consenso” y no es una iniciativa contra el Gobierno.
• Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) defendió la necesidad de poner límites al uso indiscriminado de DNU y recordó que la Constitución prohíbe los decretos delegados.
• Christian “Chipi” Castillo (Frente de Izquierda) calificó al DNU como una “aberración” y pidió acotar su vigencia a 30 días y que el rechazo de una cámara implique su anulación, no derogación.

Por su parte, el oficialismo y aliados cuestionaron la iniciativa:

• Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) dijo que la reforma busca “desestabilizar al Gobierno” y que va “contra la Constitución”.
• Fernando Iglesias (PRO) calificó el proyecto de “destituyente” y acusó al peronismo de impulsarlo para debilitar al Ejecutivo.
• Martín Tetaz (UCR) consideró que la reforma es “oportunista” y transferiría todo el poder a una Cámara opuesta al Gobierno.
• Rodrigo de Loredo (UCR) planteó que la aplicación inmediata sería paradójica, dada la debilidad del Ejecutivo, y propuso postergar su entrada en vigor hasta diciembre de 2027.
• Nicolás Massot (Encuentro Federal) remarcó que la oposición actúa ante un Gobierno en minoría y defendió la medida como un fortalecimiento de la gobernabilidad parlamentaria.

Implicancias políticas

El rechazo del artículo clave demuestra que, pese a la mayoría de la oposición en lo general, el Gobierno logró un respiro temporal, al menos hasta que el Senado decida retomar el debate. La reforma buscaba limitar un instrumento discrecional que ha generado controversia por su uso masivo desde la asunción del Ejecutivo.

El resultado evidencia además la fragmentación política y las tensiones institucionales, con diputados oficialistas denunciando “doble vara” y vulneración de la estabilidad del Gobierno, mientras la oposición defiende un control más estricto de los decretos presidenciales.