Seis medicamentos. Eso es lo que quedó del Remediar, el programa que durante 24 años llevó remedios gratuitos a los centros de atención primaria de todo el país. Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei borró de un plumazo el listado de 128 medicamentos esenciales que garantizaba el Estado nacional.

La medida, firmada por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y publicada el jueves 15 de octubre, deroga la Resolución 3424/2021, que establecía el vademécum del programa y era la base legal de sus compras centralizadas. En su lugar, aprueba una nómina de apenas seis principios activos destinados a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares: ácido acetilsalicílico (aspirina), atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.

«Un brutal y asesino ajuste»

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, fue uno de los primeros en reaccionar. «Hoy se oficializó el cierre del Remediar. Un brutal y asesino ajuste, que impacta directamente en la salud de la gente», escribió en sus redes sociales.

El funcionario de Axel Kicillof recordó que se trataba de «un programa de 24 años de historia, que abastecía a 8000 centros de salud y que cubría el 85% de las enfermedades más frecuentes», y que fue reemplazado por un «plan» que solo incluye seis medicamentos. «Lo venimos diciendo. Intentaron ocultarlo, y negarlo, porque además de ajustadores seriales son mentirosos», disparó, y cerró: «Tenían más dignidad cuando al ajuste le decían ajuste y se lo bancaban».

El diputado nacional de Unión por la Patria y ex ministro de Salud de Tucumán, Pablo Yedlin, coincidió en el diagnóstico: «Hoy el boletín oficial nos despierta con la muerte del programa Remediar, es verdad que ‘mezclado’ en un programa ‘innovador’ de prevención cardiovascular». El legislador advirtió que los medicamentos para niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos sin enfermedad cardiovascular quedan fuera de la responsabilidad del Estado nacional, y sentenció: «A partir de hoy es oficial: los medicamentos esenciales serán responsabilidad exclusiva de las provincias«.

Un vaciamiento anunciado

La resolución no llega de la nada. Es el certificado de defunción de un programa que el Gobierno nacional venía desfinanciando desde el inicio de la gestión libertaria. En abril, Kicillof ya había denunciado que el vademécum del Remediar se había reducido a un esquema con proyección de apenas tres insumos y que las unidades distribuidas habían caído un 55% respecto de 2023. En aquella oportunidad, el gobernador calificó de «criminal» la decisión y advirtió que el ajuste dejaba «sin asistencia a más de 20 millones de personas».

En mayo, Kicillof y Kreplak reunieron a más de 60 intendentes de distintas fuerzas políticas para exponer el impacto de los recortes nacionales en el sistema sanitario bonaerense. Allí, Kreplak afirmó que Milei «recortó el presupuesto en Salud un 40%, paralizó la entrega de medicamentos, redujo la distribución de vacunas y aplicó la motosierra sobre el PAMI».

El Remediar sobrevivió a gobiernos de distinto signo político, incluido el de Mauricio Macri, y es la gestión de Milei la que finalmente lo desmantela. El texto oficial justifica el cambio en una supuesta modificación del escenario sanitario y en la necesidad de reforzar la atención de las enfermedades vasculares. Pero el nuevo listado tiene además carácter orientativo, como referencia para compras, logística y distribución.

Las provincias, otra vez a pagar la cuenta

En los hechos, la medida traslada a las provincias la obligación de cubrir los tratamientos que hasta ahora garantizaba la Nación, en un contexto en el que los sistemas sanitarios provinciales ya enfrentan restricciones presupuestarias, recortes en las transferencias y una demanda creciente en los hospitales públicos, producto de la pérdida de cobertura de obras sociales y prepagas.

La provincia de Buenos Aires respondió con el programa Medicamentos Bonaerenses, que distribuye fármacos a centros de salud y hospitales de los 135 municipios. Pero no todas las provincias tienen la capacidad de reemplazar lo que el Estado nacional decidió abandonar, y el costo de esa retirada lo pagarán los sectores que dependen de la salud pública para acceder a un antibiótico, un antihipertensivo o un tratamiento básico.