El colectivo Infancia en Deuda alertó por el aumento de la indigencia y la pobreza infantil en el país, debido a que considera que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares resultan “insuficientes”, a la vez que llamó a sancionar una ley que amplíe la Prestación Alimentar.

La organización señaló que el segmento de 15 a 17 años está alcanzado por la Prestación Alimentar, por lo que reclamó la sanción de una ley, en una reunión realizada en la sede de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta prestación “es un instrumento que entrega el Estado nacional para que todos accedan a la canasta básica alimentaria”, que tiene como destinatarios a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad (inclusive) que reciben la AUH, embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo, personas con discapacidad que reciben la AUH, y madres con 7 hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas.

En su último reporte, el Indec precisó que en el primer semestre de 2023 la pobreza infantil alcanza al 56,2% de los niños y adolescentes mientras que la indigencia llega al 14.3%, por lo que desde las organizaciones civiles se llamó a “visibilizar la grave situación” que atraviesa este grupo etario en Argentina.

“La situación en los últimos años se ha agravado más allá de una baja sutil en los últimos años post pandemia. Son niveles altos e inaceptables”, sostuvo Celeste Fernández, codirectora de ACIJ, y aseguró que “hay cosas que la política pública puede hacer, hay que abordarlo en todas sus dimensiones”.

Fernández explicó que hay una “infantilización de la pobreza” ya que es mayor en esta franja etaria que a nivel general, que en el primer semestre del corriente año se ubicó en 40,1% de la población.

El grupo particularmente afectado por esta situación es el de adolescentes entre 10 a 17 años que pertenecen a hogares mono-ma/parentales y de hogares de barrios populares.

“Hay que trabajar en las asistencias sociales porque, si bien no resuelven el problema solas, tienen un impacto positivo en evitar que más personas caigan en la pobreza, sin estas transferencias serían más altas la pobreza y la indigencia”, afirmó Fernández y aclaró que desde el Estado se brindan prestaciones sociales como la AUH, la Prestación Alimentar y las Asignaciones Familiares.

Según Bárbara Zanino, integrante del Programa de Derechos Sociales de la Niñez, “las principales falencias de estos sistemas es la insuficiencia, ya que las prestaciones no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria, que son los alimentos que mínimo tienen que recibir los niños y adolescentes que son personas en crecimiento”.

El colectivo Infancia en Deuda alertó que hay también cerca de 1,4 millones de niños y adolescentes que están excluidos de toda prestación social.

Asimismo, Zanino precisó que la Prestación la Alimentar tiene una limitación etaria ya que llega sólo hasta los 14 años, por lo que hay cerca de 360 mil adolescentes que no perciben esta asistencia, “como si los de 15 a 17 años no siguieran en etapa de desarrollo”.

Ante estas dificultades, desde ACIJ llamaron a sancionar una ley que regule la Prestación Alimentar para que se amplíe su cobertura y se le brinde estabilidad como política de Estado.

“La falta de una jerarquización legal es muy grave, no sabemos que va a pasar por la política. Solo está regida por resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social”, aseguró Fernández y agregó que “estamos en una crisis económica, pero esta situación es inaceptable en las infancias”.

“No hay que ajustar en prestaciones básicas a una población que ya de por sí debería acceder a una mayor protección que una persona adulta. Es una cuestión de prioridades de la política, ya no como gobierno, sino como Estado”, concluyó Zanino.