Gremiales
Paro de metrodelegados este miércoles en todas las líneas de subte de 13 a 16
Como parte de la medida de fuerza también habrá apertura de molinetes en reclamo de la reducción de la jornada laboral con dos francos y por el retiro de las unidades que contienen asbesto, una sustancia cancerígena.
Los metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) continuarán mañana su plan de lucha con una nueva apertura de molinetes y la paralización de los servicios por tres horas, entre las 13 y las 16, en reclamo de la reducción de la jornada laboral con dos francos y por el retiro de las unidades que contienen asbesto, una sustancia cancerígena, según informaron voceros gremiales.
«Está todo confirmado, tanto la apertura de los molinetes, como la medida de fuerza en todos los servicios de subtes y el Premetro entre las 13 y las 16», señaló Roberto «Beto» Pianelli, secretario general de los metrodelegados.
Según se informó en un comunicado del gremio que agrupa a los trabajadores del subte y del Premetro, las medidas de protesta previstas para mañana consistirán en aperturas de molinete de 12 a 13 en las estaciones San Pedrito de la línea A; Rosas, de la B; Constitución, de la C; Congreso de Tucumán, de la D; Facultad de Derecho de la, H, y Virreyes, de la E. Luego, de 13 a 16, habrá interrupción total de todas las líneas de subte y Premetro.
Además, los trabajadores recordaron que «en el transcurso de los últimos cinco años» hicieron «todo lo humanamente posible» para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Emova solucionarán la crisis sanitaria provocada por la presencia del asbesto, en un comunicado por Pianelli y el secretario adjunto, Néstor Segovia.
«Hemos hecho todo lo humanamente posible para que solucionaran la crisis sanitaria provocada por la presencia de asbesto cancerígeno y para que dejen de poner en riesgo la vida de millones de usuarios y trabajadores del subte, sin obtener aún respuesta, al contrario han cerrado todos los canales de dialogo», afirmó el sindicato.
Desde AGTSyP indicaron que se ven «obligados» a realizar medidas que afectan al servicio y alertaron que de no tener avances en relación a las exigencias de desasbestización y la reducción de la jornada laboral, de no haber respuestas favorables, «profundizarán las medidas en los próximos días».
«Los responsables de esta situación son la empresa concesionaria del servicio (Emova) y el Gobierno de la Ciudad que intentan desconocer la gravedad de la crisis provocada por un mineral nocivo prohibido desde 2003 y que no han retirado del ámbito del subterráneo de Bs. As», denunciaron.
El gremio llamó al público a «exigir junto a los trabajadores una solución inmediata» a «un verdadero ataque a la salud pública».
Con estos mismos reclamos, los trabajadores nucleados en la AGTSyP vienen desarrollando sus protestas -apertura de molinetes y huelgas- desde el mes de marzo último.
En tanto, la concesionaria Emova repudió «la postura inflexible» adoptada por la AGTSyP; manifestó «su disposición al diálogo» y sostuvo que la reducción de la jornada laboral de 36 a 30 horas semanales «resulta inviable sin afectar la operación de la red de Subte».
Respecto de la problemática denunciada por los metrodelegados sobre la presencia de asbesto, desde la empresa aseguraron que se «trabaja activamente en un plan de desasbestización en continuidad con el proceso iniciado hace 5 años» junto a entidades gremiales en la Dirección de Protección del Trabajo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Según Emova, el organismo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio porteña confirmó que «de acuerdo a las medidas realizadas las condiciones son adecuadas para el desarrollo de la actividad».
«Emova ratifica que las más de 3.900 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte, arrojan resultados considerados adecuados para la salud», detalló en un comunicado.
También afirmó que las mediciones llevadas a cabo por instituciones y laboratorios especializados validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se «realizan constantemente».
«Así se ha demostrado y se continúa monitoreando que el ámbito del subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos», completó Emova.
Gremiales
La motosierra libertaria llega a los bosques: retiros voluntarios en Parques Nacionales
El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la APN. Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei.
El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN). Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei. Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a futuros reclamos y no podrán reincorporarse al sector público por cinco años.
La gestión de Javier Milei extendió su programa de reducción del empleo estatal a la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Manuel Adorni. A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo abrió un régimen de retiro voluntario para los agentes de planta permanente amparados por el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).
La medida se enmarca en la política oficial de «centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado», según la propia letra de la resolución. En términos concretos, implica que cada puesto que quede vacante por adhesión al retiro será eliminado de forma definitiva: los cargos no se cubrirán.
Quiénes pueden adherir y quiénes quedan afuera
Para acceder al programa, los trabajadores deben contar con al menos dos años de antigüedad en el organismo. Sin embargo, la resolución establece un amplio listado de exclusiones: quedan fuera quienes tengan sumarios administrativos en curso con riesgo de cesantía o exoneración, procesos penales vinculados a delitos contra la administración pública, litigios laborales activos contra el Estado, beneficios previsionales ya acordados o renuncias pendientes de aceptación.
La norma también excluye expresamente al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, lo que sugiere que el objetivo del ajuste apunta al personal técnico-administrativo que sostiene el funcionamiento cotidiano del organismo, más que al personal de campo que realiza tareas de conservación y control en terreno.
Topes por edad y condiciones de egreso
La resolución fijó límites precisos para los trabajadores de mayor edad: quienes tengan entre 61 y 63 años recibirán una compensación con un tope de 24 salarios brutos, mientras que para los de 64 años o más el máximo se reduce a 12 haberes. Los montos correspondientes a vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional se liquidarán por separado.
Uno de los aspectos más significativos del esquema es la renuncia que se exige como condición de ingreso: quienes adhieran deberán resignar expresamente todo reclamo administrativo o judicial vinculado a su relación laboral con el Estado. Además, quedarán inhabilitados para reincorporarse al sector público nacional durante cinco años, bajo cualquier modalidad de contratación. La única excepción contemplada son los cargos docentes en universidades nacionales.
Un organismo que custodia el patrimonio natural del país
La Administración de Parques Nacionales es un ente autárquico creado por la Ley N° 22.351, cuya misión es proteger y conservar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas del país. Administra más de cuarenta áreas protegidas que abarcan ecosistemas de valor estratégico, desde la Puna hasta la Patagonia y la Antártida. El ajuste de su planta genera preocupación entre organizaciones ambientales y sindicales, que advierten sobre el posible desmantelamiento de la estructura técnica que sostiene ese trabajo.
La implementación operativa del programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar los formularios de adhesión, verificar los requisitos y elevar los expedientes para su aprobación definitiva. Toda acta de desvinculación deberá ser comunicada de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público (dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública) y a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.
Un patrón que se repite en el Estado
El retiro voluntario en Parques Nacionales no es un hecho aislado. La gestión Milei aplicó mecanismos similares en otros organismos estatales a lo largo de 2025 y 2026, incluyendo la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y diversas dependencias del extinto Ministerio de Capital Humano, en el marco del proceso de reducción de la planta del Estado que acompaña el ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según datos del propio Gobierno, el gasto primario total acumuló una caída real del 31% desde diciembre de 2023.
Puntos clave
- La Resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial, habilita retiros voluntarios para el personal de planta permanente de la APN con al menos dos años de antigüedad.
- Cada puesto que quede vacante por adhesión será eliminado de forma definitiva, sin reemplazo.
- Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a todo reclamo laboral y no podrán volver al sector público por cinco años.
- Quedan excluidos del programa los Guardaparques Nacionales y quienes tengan procesos disciplinarios o judiciales en curso.
- La medida forma parte de la política de reducción del Estado que impulsa la gestión Milei en el marco de las metas acordadas con el FMI.
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