El personal agrupado en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que a nivel nacional conduce el rionegrino Rodolfo Aguiar, se movilizó este viernes de forma masiva hacia el Ministerio de Capital Humano en rechazo del “desguace del Estado y el intento del Gobierno de reducirlo a su mínima expresión”, y rechazó el cierre de organismos públicos y de la agencia nacional de noticias Télam.

“Al Gobierno no es posible exigirle un cambio de rumbo, sino que es preciso confrontarlo. La única manera de hacerlo es en la calle, porque pretende reducir el Estado a su mínima expresión y hay que impedirlo”, puntualizó Aguiar al encabezar una contundente marcha hacia la cartera de Capital Humano, donde ratificó el “alerta” por “los más de 70 mil vínculos laborales que el Ejecutivo finalizaría el 31 de marzo” y contra “las políticas de ajuste y desguace del Estado que impulsan los funcionarios”.

Para Aguiar, “es imposible exigirle al Gobierno un cambio de rumbo o un giro en sus políticas económicas”, y denunció que “Capital Humano iba a ser el único ministerio que tendría plata, pero luego de conocida la ejecución presupuestaria, la única partida que creció fue la de Seguridad”.

El dirigente explicó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de forma supuesta iba a tener a cargo “la contención de la franja social más vulnerable, pero no hace otra cosa que retirarle precisamente toda contención y asistencia social”, continuó Aguiar, quien advirtió que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, “deben saber que los estatales profundizarán el plan de lucha y multiplicarán las protestas nacionales hasta romper el techo oficial de las paritarias”.

Aguiar explicó en un documento que “el deterioro de los ingresos en el sector público es muy grave”, por lo que exigió “un inmediato aumento que se ubique por encima del proceso inflacionario”.

El sindicalista reseñó que durante el último encuentro paritario de febrero el Gobierno ofreció un aumento “muy por debajo de la evolución de los precios” y aún “no convocó para este mes”.

El Gobierno había otorgado una suba de los ingresos del 16 por ciento para enero y un 12 para febrero, pero aún no convocó a la paritaria de marzo ni a ATE ni a la UPCN de Andrés Rodríguez.

“Cada despido y cierre de organismo se traduce en familias que quedan en la calle. Son millones de personas que en todo el país quedan abandonadas. El Estado decidió retirar su presencia de las provincias y cortar la contención y asistencia de programas y políticas públicas que garantizan una mejor calidad de vida a las franjas sociales más vulnerables. Además, el sindicato exige la inmediata reincorporación de la totalidad de los trabajadores injustamente despedidos”, puntualizó el dirigente.

Para Aguiar, debe existir “un mensaje claro para todos los gobernadores, que tienen que abandonar esa vergonzosa especulación que demuestran, porque el llamado ‘Pacto de Mayo’ no es más que un intento del presidente Milei de comprar con plata los superpoderes para el Poder Ejecutivo”.

La ATE convocará la semana próxima a la dirigencia sindical de la totalidad de las provincias, en tanto el sindicalista estatal no descartó la posibilidad de avanzar en breve hacia un nuevo paro general.

“Los miles de trabajadores que se procura echar desempeñan tareas indispensables y cumplen roles esenciales, además de tener 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad en el Estado y ofrecer servicios a los sectores más vulnerables de la sociedad. El gremio rechaza de lleno el intento de cierre de organismos y empresas públicas que garantizan prestaciones de primera necesidad, como la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Inadi, Télam y los Centros de Referencia del exMinisterio de Desarrollo Social, entre otros”, enfatizó el sindicalista.

Además de un inmediato aumento salarial, los trabajadores estatales exigieron también la reincorporación de los despedidos sin causa, la renovación automática de los 70 mil vínculos laborales que vencen el 31 de marzo próximo, el pase a planta permanente de los precarizados y un incremento de emergencia para jubilados y pensionados; se pronunciaron por la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y rechazaron el cierre de organismos públicos y la privatización de empresas.