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Multitudinaria movilización de ATE en Capital Humano contra el «desguace del Estado»

Aguiar resaltó que “Capital Humano iba a ser el único ministerio que tendría plata, pero luego de conocida la ejecución presupuestaria, la única partida que creció fue la de Seguridad”.

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El personal agrupado en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que a nivel nacional conduce el rionegrino Rodolfo Aguiar, se movilizó este viernes de forma masiva hacia el Ministerio de Capital Humano en rechazo del “desguace del Estado y el intento del Gobierno de reducirlo a su mínima expresión”, y rechazó el cierre de organismos públicos y de la agencia nacional de noticias Télam.

“Al Gobierno no es posible exigirle un cambio de rumbo, sino que es preciso confrontarlo. La única manera de hacerlo es en la calle, porque pretende reducir el Estado a su mínima expresión y hay que impedirlo”, puntualizó Aguiar al encabezar una contundente marcha hacia la cartera de Capital Humano, donde ratificó el “alerta” por “los más de 70 mil vínculos laborales que el Ejecutivo finalizaría el 31 de marzo” y contra “las políticas de ajuste y desguace del Estado que impulsan los funcionarios”.

Para Aguiar, “es imposible exigirle al Gobierno un cambio de rumbo o un giro en sus políticas económicas”, y denunció que “Capital Humano iba a ser el único ministerio que tendría plata, pero luego de conocida la ejecución presupuestaria, la única partida que creció fue la de Seguridad”.

El dirigente explicó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de forma supuesta iba a tener a cargo “la contención de la franja social más vulnerable, pero no hace otra cosa que retirarle precisamente toda contención y asistencia social”, continuó Aguiar, quien advirtió que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, “deben saber que los estatales profundizarán el plan de lucha y multiplicarán las protestas nacionales hasta romper el techo oficial de las paritarias”.

Aguiar explicó en un documento que “el deterioro de los ingresos en el sector público es muy grave”, por lo que exigió “un inmediato aumento que se ubique por encima del proceso inflacionario”.

El sindicalista reseñó que durante el último encuentro paritario de febrero el Gobierno ofreció un aumento “muy por debajo de la evolución de los precios” y aún “no convocó para este mes”.

El Gobierno había otorgado una suba de los ingresos del 16 por ciento para enero y un 12 para febrero, pero aún no convocó a la paritaria de marzo ni a ATE ni a la UPCN de Andrés Rodríguez.

“Cada despido y cierre de organismo se traduce en familias que quedan en la calle. Son millones de personas que en todo el país quedan abandonadas. El Estado decidió retirar su presencia de las provincias y cortar la contención y asistencia de programas y políticas públicas que garantizan una mejor calidad de vida a las franjas sociales más vulnerables. Además, el sindicato exige la inmediata reincorporación de la totalidad de los trabajadores injustamente despedidos”, puntualizó el dirigente.

Para Aguiar, debe existir “un mensaje claro para todos los gobernadores, que tienen que abandonar esa vergonzosa especulación que demuestran, porque el llamado ‘Pacto de Mayo’ no es más que un intento del presidente Milei de comprar con plata los superpoderes para el Poder Ejecutivo”.

La ATE convocará la semana próxima a la dirigencia sindical de la totalidad de las provincias, en tanto el sindicalista estatal no descartó la posibilidad de avanzar en breve hacia un nuevo paro general.

“Los miles de trabajadores que se procura echar desempeñan tareas indispensables y cumplen roles esenciales, además de tener 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad en el Estado y ofrecer servicios a los sectores más vulnerables de la sociedad. El gremio rechaza de lleno el intento de cierre de organismos y empresas públicas que garantizan prestaciones de primera necesidad, como la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Inadi, Télam y los Centros de Referencia del exMinisterio de Desarrollo Social, entre otros”, enfatizó el sindicalista.

Además de un inmediato aumento salarial, los trabajadores estatales exigieron también la reincorporación de los despedidos sin causa, la renovación automática de los 70 mil vínculos laborales que vencen el 31 de marzo próximo, el pase a planta permanente de los precarizados y un incremento de emergencia para jubilados y pensionados; se pronunciaron por la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y rechazaron el cierre de organismos públicos y la privatización de empresas.

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La motosierra libertaria llega a los bosques: retiros voluntarios en Parques Nacionales

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la APN. Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei.

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La motosierra avanza sobre los bosques: cómo el ajuste vacía la Administración de Parques Nacionales.

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN). Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei. Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a futuros reclamos y no podrán reincorporarse al sector público por cinco años.

La gestión de Javier Milei extendió su programa de reducción del empleo estatal a la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Manuel Adorni. A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo abrió un régimen de retiro voluntario para los agentes de planta permanente amparados por el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).

La medida se enmarca en la política oficial de «centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado», según la propia letra de la resolución. En términos concretos, implica que cada puesto que quede vacante por adhesión al retiro será eliminado de forma definitiva: los cargos no se cubrirán.

Quiénes pueden adherir y quiénes quedan afuera

Para acceder al programa, los trabajadores deben contar con al menos dos años de antigüedad en el organismo. Sin embargo, la resolución establece un amplio listado de exclusiones: quedan fuera quienes tengan sumarios administrativos en curso con riesgo de cesantía o exoneración, procesos penales vinculados a delitos contra la administración pública, litigios laborales activos contra el Estado, beneficios previsionales ya acordados o renuncias pendientes de aceptación.

La norma también excluye expresamente al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, lo que sugiere que el objetivo del ajuste apunta al personal técnico-administrativo que sostiene el funcionamiento cotidiano del organismo, más que al personal de campo que realiza tareas de conservación y control en terreno.

Topes por edad y condiciones de egreso

La resolución fijó límites precisos para los trabajadores de mayor edad: quienes tengan entre 61 y 63 años recibirán una compensación con un tope de 24 salarios brutos, mientras que para los de 64 años o más el máximo se reduce a 12 haberes. Los montos correspondientes a vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional se liquidarán por separado.

Uno de los aspectos más significativos del esquema es la renuncia que se exige como condición de ingreso: quienes adhieran deberán resignar expresamente todo reclamo administrativo o judicial vinculado a su relación laboral con el Estado. Además, quedarán inhabilitados para reincorporarse al sector público nacional durante cinco años, bajo cualquier modalidad de contratación. La única excepción contemplada son los cargos docentes en universidades nacionales.

Un organismo que custodia el patrimonio natural del país

La Administración de Parques Nacionales es un ente autárquico creado por la Ley N° 22.351, cuya misión es proteger y conservar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas del país. Administra más de cuarenta áreas protegidas que abarcan ecosistemas de valor estratégico, desde la Puna hasta la Patagonia y la Antártida. El ajuste de su planta genera preocupación entre organizaciones ambientales y sindicales, que advierten sobre el posible desmantelamiento de la estructura técnica que sostiene ese trabajo.

La implementación operativa del programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar los formularios de adhesión, verificar los requisitos y elevar los expedientes para su aprobación definitiva. Toda acta de desvinculación deberá ser comunicada de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público (dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública) y a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.

Un patrón que se repite en el Estado

El retiro voluntario en Parques Nacionales no es un hecho aislado. La gestión Milei aplicó mecanismos similares en otros organismos estatales a lo largo de 2025 y 2026, incluyendo la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y diversas dependencias del extinto Ministerio de Capital Humano, en el marco del proceso de reducción de la planta del Estado que acompaña el ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según datos del propio Gobierno, el gasto primario total acumuló una caída real del 31% desde diciembre de 2023.

Puntos clave

  • La Resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial, habilita retiros voluntarios para el personal de planta permanente de la APN con al menos dos años de antigüedad.
  • Cada puesto que quede vacante por adhesión será eliminado de forma definitiva, sin reemplazo.
  • Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a todo reclamo laboral y no podrán volver al sector público por cinco años.
  • Quedan excluidos del programa los Guardaparques Nacionales y quienes tengan procesos disciplinarios o judiciales en curso.
  • La medida forma parte de la política de reducción del Estado que impulsa la gestión Milei en el marco de las metas acordadas con el FMI.

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