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Gremiales

La CGT evalúa un paro nacional o una marcha federal para abril

Pablo Moyano anunció que en los próximos días podría definirse “una acción del movimiento obrero organizado” en rechazo a la política económica del Gobierno.

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La CGT se prepara para llevar adelante en abril próximo “una gran acción del movimiento obrero organizado” para rechazar la política económica del presidente Javier Milei, una convocatoria a la que se sumarían otras centrales gremiales, organizaciones sociales y partidos políticos opositores al Gobierno.

“En abril habrá reuniones con las demás centrales sindicales para analizar un paro general o una marcha federal. Seguramente el próximo mes habrá una acción del movimiento obrero organizado”, expresó Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros y uno de los co-secretarios de la CGT.

Un ensayo de lo que podría ser la acción sindical impulsada por la CGT podría vivirse el próximo 24 de marzo, cuando en todo el país se conmemore el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico militar, que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre 1976 y 1983.

“Vamos a participar de la marcha del 24 de marzo no solo para repudiar lo que fue la dictadura militar, si no hacer una marcha en repudio a esta política económica” dijo el sindicalista.

Ese día, después de 18 años de actos por separado, organismos de derechos humanos y partidos políticos confluirán en una sola concentración y marcha conjunta, que en Buenos Aires tendrá como lugar de llegada la histórica Plaza de Mayo.

La participación de la central obrera había sido anunciada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, durante su visita a los trabajadores de la agencia en la puerta de las oficinas de Telám.

Las declaraciones de Moyano se conocieron la misma semana en la que Héctor Daer, secretario general del gremio de Sanidad y otro de los co-secretarios de la CGT, dijera que “se están generando las condiciones para un nuevo paro”.

Desde la llegada al poder de Javier Mileil, el 10 de diciembre pasado, la CGT llevó a cabo dos acciones sindicales en contra del modelo económico y las medidas impulsadas por el Gobierno, entre ellas el DNU 70/2023 y la llamada Ley “Bases”, que contemplaba, entre otros aspectos, una reforma laboral que avanza sobre los derechos laborales de los trabajadores.

La primera, el 27 de diciembre, se trató de una movilización hacia la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales porteños, para acompañar la presentación de un recurso de amparo en contra del denominado “capítulo laboral” del DNU 70/2023. 

El 18 de febrero pasado, el Gobierno se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación de los cambios en materia de las relaciones del trabajo, tal como había reclamado aquella masiva manifestación en el centro de Buenos Aires que, además, desafío la implementación del “protocolo antipiquetes” establecido desde el comienzo de su gestión por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Poco menos de un mes después de aquella protesta, el 24 de enero último, la CGT llevó a cabo un paro nacional cuya duración fue de 12 horas y una multitudinaria manifestación frente al Congreso Nacional, esta vez, entre otros motivos, para rechazar el tratamiento legislativo de la Ley “Bases”.

El gremio Camioneros, en tanto, también evalúa la posibilidad de declarar un paro nacional si la Secretaría de Trabajo, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, no homologa el acuerdo paritario que el gremio alcanzó con las cámara empresarias y que contempla un aumento salarial de 48% para marzo y abril.

“Estamos a punto de lanzar un paro de Camioneros porque no homologan el acuerdo paritario”, alertó Moyano, secretario adjunto del gremio que conduce su padre, Hugo.

Al respecto, criticó la posible designación del abogado Julio Cordero al frente de la Secretaría de Trabajo en reemplazo de Omar Yasín, a quien Milei despidió días atrás al responsabilizarlo por el aumento salarial del 48% para funcionarios jerárquicos del Poder Ejecutivo, dispuesto por dos decretos que llevan la firma del mandatario, y que este lunes quedó sin efecto por una normativa publicada en el Boletín Oficial.

“Lo he despedido por un error que no debió haber sucedido. Lo están notificando en este momento”, explicó el jefe de Estado durante una entrevista televisiva.

Para Moyano, el posible nombramiento de Cordero “es una forma de pagarle” que encontró el Gobierno al empresario Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, “por la ayuda económica recibida en la campaña electoral. Es una forma de retribuir ese favor”, agregó el sindicalista.

“Trabajar menos… ¿Para qué?”, había cuestionado Cordero, abogado de Techint y representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), durante un debate llevado a cabo en 2023 en el Congreso Nacional para analizar una reducción horaria de la jornada laboral. 

Moyano también dijo que Cordero “fue uno de los que redactó la reforma laboral” impulsada por medio del DNU 70/2023.

Acerca de la situación social del país, Moyano mencionó que Camioneros organizó días atrás una olla popular en el barrio 17 de Noviembre, situado en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora.

“Pensamos en que iban a venir 500 o 600 personas pero había más de 4.000. Había seis cuadras de cola. Nunca lo había visto, ni en la pandemia. El Presidente no ve el daño que está haciendo al no bajarle alimentos a los comedores. Hay que decirle a Milei que es él quien no la ve”, afirmó Moyano.

Para el gremialista, Milei “y toda esa banda que nos gobierna viven en su propia realidad”, y se mostró incrédulo ante el índice de precios al consumidor, que en febrero registró una suba del 13,2% y acumuló en los dos primeros meses del año un avance del 36,6%. 

“El maestro dibujante que es Marco Lavagna ha hecho un número para decir que está bajando la inflación. Hay muchos alimentos que no se están vendiendo por la remarcación permanente”, criticó Moyano en referencia al director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Gremiales

Gremios y organizaciones marchan contra el fallo de la Corte que “abre” el territorio a extranjeros

Un fallo de la Corte Suprema habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros e impidió que ex combatientes de Malvinas demanden contra el DNU 70/23. Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales, mientras la oposición busca el quórum para derogar el decreto que la izquierda y las CTA califican de inconstitucional.

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La Corte abrió la puerta a la entrega de tierras y la calle responde con contundencia.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitó la venta ilimitada de tierras a ciudadanos extranjeros, dejando sin efecto las restricciones que imponía la Ley de Tierras, y desató una respuesta inmediata de gremios, organizaciones sociales y agrupaciones ambientalistas que se movilizaron este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión del máximo tribunal.

La marcha, que partió a las 16 horas, reunió a las dos centrales de la CTA, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y decenas de organizaciones que, además de repudiar el fallo judicial, exigieron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que califican de «inconstitucional». El DNU, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, desreguló amplios sectores de la economía argentina, incluyendo aspectos vinculados al mercado de tierras y la propiedad rural.

Una decisión que habilita la extranjerización

El secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, fue uno de los primeros en marcar la gravedad de la resolución. «El fallo es grave porque, además de habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, invalidó el derecho de los ex combatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto», sostuvo. La advertencia pone sobre la mesa una paradoja que sacudió el debate público: quienes arriesgaron la vida por defender el territorio nacional quedan excluidos de los mecanismos judiciales para protegerlo.

«Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra», graficó Godoy. Y convocó a la movilización hacia Tribunales, a la que definió como «esa cueva de la injusticia que está covalidando semejantes escenarios de entrega».

La oposición busca quórum para derogar el DNU

El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, también adhirió a la convocatoria y articuló la disputa callejera con la batalla legislativa. «Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos», explicó: la continuidad de la ley de discapacidad, el endeudamiento de las familias y, en tercer lugar, la derogación del DNU 70/23. «Lo que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras», precisó Yasky.

La dificultad para alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados expone la fragmentación de la oposición y la capacidad del oficialismo de La Libertad Avanza para bloquear iniciativas parlamentarias que contradigan la hoja de ruta desreguladora del Ejecutivo. En ese contexto, el fallo judicial llega a actuar como un sustituto de lo que la coalición gobernante no logró imponer por vías legislativas.

Bregman apunta al corazón político del fallo

La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue la voz más directa al cuestionar los resortes políticos detrás de la sentencia. «La Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país», afirmó. Y fue más lejos: «La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo», sentenció.

La lectura de Bregman conecta el fallo con un patrón que la oposición viene denunciando: la utilización del Poder Judicial para avanzar con reformas que el Ejecutivo no logra consolidar en el Parlamento. En ese esquema, la Corte no resuelve un litigio; define una política.

Lo que tenés que saber:

  • La Corte Suprema emitió un fallo que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros y deja sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.
  • El fallo también anuló la legitimidad de los ex combatientes de Malvinas para demandar judicialmente contra el DNU 70/23.
  • Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión judicial.
  • La oposición busca reunir quórum en Diputados para derogar el DNU 70/23, que también incluye disposiciones vinculadas a la extranjerización de tierras.
  • La diputada Myriam Bregman cuestionó que la Corte haya actuado para resolver lo que el oficialismo no pudo imponer en el Congreso.
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