La deuda dejó de ser un instrumento de inversión para convertirse en la forma de pagar el alquiler, la comida, los medicamentos o simplemente llegar a fin de mes. Esa es la conclusión central que emerge de dos informes publicados en agosto de 2026: la encuesta nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el estudio elaborado por Eco Go y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral. Juntos, los datos dibujan un país donde el endeudamiento de los hogares no frena, la mora bate récords y el Gobierno de Javier Milei insiste en que es un problema de privados.

El 87% de los estatales, atrapado en la deuda

El relevamiento de ATE alcanzó a trabajadores del Estado de todo el país: el 47,8% pertenece al Estado Nacional, el 41,7% al Provincial, el 5,8% al Municipal, el 2% a empresas estatales y el 2,7% a otros ámbitos. La edad promedio de los participantes es de 45 años. El resultado principal es categórico: el 87% tiene deudas vigentes y, dentro de ese universo, el 73% mantiene compromisos con múltiples entidades al mismo tiempo.

Más revelador que la magnitud del endeudamiento es su destino. El 40% recurre al crédito para afrontar urgencias médicas, gastos vinculados a la educación y el pago de alquileres o expensas. Un 37% adicional toma deuda simplemente para pagar otras deudas acumuladas, además de cubrir alimentación y vestimenta. La foto es la de un sector del empleo público que, lejos del privilegio que el discurso libertario le imputa, vive en un ciclo permanente de refinanciamiento de sus necesidades más elementales.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue directo: «El alto nivel de endeudamiento precariza la vida y enferma a los trabajadores. El Gobierno es el único responsable porque se está tomando deuda para tapar la caída del salario real. Con techos a las paritarias y negociaciones a la baja, el crédito reemplaza al salario real. Antes la deuda era un mecanismo de inversión, ahora es para sobrevivir».

La encuesta también exhibe otro dato que desnuda la crisis del poder adquisitivo: el 55,4% de los empleados estatales tiene más de un trabajo. Dentro de ese universo, el 56% son mujeres, y el 34% de ellas trabaja entre 8 y 12 horas diarias para sostener los gastos del hogar. El pluriempleo, antes excepción, se volvió una estrategia de supervivencia masiva.

La mora que no para: 20 meses seguidos de suba

El cuadro de los estatales no es un fenómeno aislado sino la expresión más visible de una crisis de endeudamiento que afecta al conjunto de las familias argentinas. El informe de Eco Go y la Universidad Austral, publicado en agosto de 2026, advierte que la mora consolidada total alcanzó el 17,5% del crédito a las familias, en lo que ya constituye el vigésimo aumento mensual consecutivo. Uno de cada seis pesos prestados está en situación irregular.

El crédito total al sector familias trepó a 97,1 billones de pesos a junio de 2026, y el 26,1% de los deudores registra al menos un saldo irregular. El Mapa de la Deuda (Centro de Estudios para la Ciudad y Fundación Friedrich Ebert) completó el cuadro: entre julio de 2024 y junio de 2026, la deuda real creció un 85,6%, mientras que la deuda en mora se disparó un 793,8%. La tasa de mora pasó del 3,6% al 17,5% en ese período. En junio de 2026, 19.661.610 personas tenían deuda activa y 4.907.603 estaban en mora.

El crédito no bancario, la trampa más cara para los más vulnerables

El panorama se agrava cuando se desagrega por tipo de prestamista. El informe de Eco Go y la Universidad Austral señala que el crédito no bancario concentra el mayor deterioro: la mora de los proveedores no financieros de crédito (PNFC) alcanzó el 31,0%, más del doble que la del sistema financiero formal (15,2%). Los sectores más vulnerables, que no acceden a la banca tradicional, pagan tasas más altas y caen en mora a mayor velocidad.

Esta vulnerabilidad tiene, además, una geografía muy precisa. El relevamiento identificó que Tucumán, Catamarca y Formosa muestran el mayor nivel de endeudamiento relativo a su producto bruto geográfico. La mora por monto más alta la registran La Rioja, San Luis y Santa Cruz. En La Rioja, la incidencia de los proveedores no financieros de crédito llega al 34,8% del crédito provincial. En el otro extremo, La Pampa exhibe el nivel más bajo, con una mora del 9,1%. El ajuste nacional castiga con más fuerza a las economías provinciales más débiles, que son justamente las que menos herramientas tienen para amortiguar el golpe.

Ingresos anclados y consumo paralizado

Para entender la raíz del ahogo crediticio es necesario mirar la base de ingresos sobre la que se apoya el endeudamiento. Un informe de la Fundación Encuentro reveló que el ingreso promedio de los hogares a nivel país se ubicó en $2.800.000 mensuales netos, pero que el 78% de los hogares se encuentra entre la clase media baja y la clase baja, de los cuales un 21% está por debajo de la línea de pobreza.

En los barrios populares, el cuadro es aún más crudo. Un relevamiento del Instituto Universitario CIAS entre jóvenes de 16 a 24 años del AMBA determinó que el 57% de los hogares tuvo que pedir dinero prestado o tomar un crédito para afrontar gastos cotidianos en 2026. El 40% redujo el gasto en alimentos, el 18% recortó ropa o calzado, el 17% dejó de salir y el 14% cortó servicios como luz, gas o telefonía. Primero el ajuste de todo lo ajustable; cuando ya no queda nada que recortar, aparece la deuda.

Este circuito de ingresos insuficientes, ajuste del consumo y endeudamiento para cubrir necesidades básicas tiene un efecto colateral que el propio Gobierno tarda en reconocer: paraliza el consumo masivo y frena cualquier intento de reactivación. Los consumidores con sus tarjetas bloqueadas por la mora o con la totalidad de sus ingresos comprometidos en cuotas no pueden sostener la demanda. El rojo de los hogares actúa como una barrera que ningún plan de estabilización puede sortear mientras no se ataque su causa de fondo.

«Nadie les puso una pistola en la cabeza»

Ante este escenario, la postura del Gobierno nacional no varió. Javier Milei afirmó en una entrevista reciente que «nadie les puso una pistola en la cabeza» a las familias que tomaron deuda, descartando cualquier intervención oficial para aliviar la situación. En el equipo económico repiten que el sobreendeudamiento es estricta y exclusivamente un «problema de privados». Sin moratorias, sin regulaciones forzadas al sistema financiero, sin planes de asistencia.

Según pudo saber Perfil de fuentes del equipo económico, el Gobierno proyecta que el problema se resolverá en un plazo de nueve meses, apostando a que la desaceleración de la inflación y una incipiente recuperación salarial generen un excedente que los hogares destinarán a salir de la morosidad, postergando el consumo. La ecuación es lineal y desafectada: los trabajadores que hoy no pueden comer sin endeudarse deberán esperar que la macroeconomía los alcance.

Aguiar lo resumió con precisión quirúrgica: «El Estado es el verdadero responsable porque ataca el poder adquisitivo y luego ofrece deuda como solución. Más de la mitad de quienes toman deuda no conoce la tasa de interés. La desregulación financiera ha generado una absoluta falta de control sobre la usura».

Puntos clave

• El 87% de los trabajadores estatales tiene deudas vigentes, y el 73% mantiene compromisos con varias entidades al mismo tiempo, según la encuesta nacional de ATE.
• El 40% contrae deuda para cubrir gastos básicos como salud, educación y alquiler; el 37% para pagar otras deudas acumuladas.
• La mora familiar alcanzó el 17,5% del crédito total a las familias, con 20 meses consecutivos de suba y 4,9 millones de personas en situación irregular.
• El crédito no bancario registra una mora del 31%, el doble que la del sistema financiero formal, y golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.
• El Gobierno descarta cualquier intervención y espera que la estabilización macroeconómica resuelva el problema en nueve meses, mientras los hogares no pueden sostener el consumo básico.