Una veintena de organizaciones sindicales denunciaron hoy “despidos y baja masiva de contratos” de trabajadores estatales en Córdoba, incluso algunos casos con tutela sindical, alertaron y mediante un comunicado exigen la “inmediata reincorporación” de los cesanteados a la administración pública de la provincia.

El texto, encabezado por el título “basta de despidos. Que el ajuste no lo paguen los trabajadores!”, afirmó que en la mayoría de los casos se trata de empleados que tienen hasta cuatro años de antigüedad y otros que pasaron a contrato en el último año después de haber revistado bajo diversas formas precarias de contratación durante períodos de hasta 12 años consecutivos.

Los gremios afirmaron que “se ha dado de baja a trabajadores que ejercen representación gremial, por lo que poseen tutela sindica” que, según sostienen, están expresamente protegida por el artículo 48 de la Ley 23551.

El dirigente del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sergio Castro, manifestó a medios locales que había 600 notificados por las bajas de los contratos, y estimó que la proyección es entre 2.000 y 2.500 los que serán alcanzados en toda la provincia, y que particularmente afecta al sector de la salud.

“Hemos solicitado una mesa de diálogo para revisar cada uno de los casos”, sostuvo el sindicalista y añadió que las dependencias de la salud pública de toda la provincia se realizan medidas de fuerza en rechazo a esa medida “unilateral y arbitraria”.

El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado local (ATE), Federico Giuliani, anunció una jornada de paro activo para el próximo 9 de enero para expresar el “rechazo a los despidos masivos” del Gobierno del gobernador Martín Llaryora.

Asimismo dijo que ATE “rechaza el relato oficial que pretende imponer que los despidos son justificados porque las y los despedidos son ñoquis, vagos o militantes de determinado gobierno. Son trabajadores con antigüedad y probados que cumplen sus funciones”.

El Gobierno de Córdoba emitió hoy un comunicado en donde justificó las bajas de los contratos debido al elevado nivel de ausentismo al señalar que “hay hospitales públicos donde el porcentaje supera el 60%, cuando en el sector privado ese ausentismo promedio es del 8%”.

Y agregó que el 31 de diciembre vencían muchos contratos, se tomó la decisión de no renovar y someterlos a evaluación por motivos de “ausentismo, productividad, justificación de inasistencias, desempeño y registro de la actividad médica en la historia clínica”.

“Mientras un médico del sector privado atiende un promedio de 20 consultas diarias en el ámbito público el promedio, en el año 2023, es de las 8,3 consultas diarias”, sostuvo el comunicado oficial.

Entre los gremios que rechazan los despidos, además del incremento porcentual a los aportes jubilatorios y de la obra social estatal, además de ATE y el SEP, se suman los legislativos (SELC), Casinos (ACEC), municipales (Suoem), judiciales (Agepj), Luz y Fuerza, gráficos, bancarios, docentes privados (Sadop) y docentes públicos (UEPC).