Gestión
Larreta, Morales y los jefes del bloque de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para promover el empleo registrado
Se trata de la Ley de Registración de la Relación Laboral y modificaciones del sistema de certificado de trabajo y remuneraciones.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, el presidente de la Coalición Cívica ARI, Maxi Ferraro, y los jefes del bloque de Juntos por el Cambio (JxC), Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López y Rodrigo de Loredo presentaron esta mañana un proyecto de ley que modifica el sistema de multas por trabajo no registrado o mal registrado.
Se trata de la Ley de Registración de la Relación Laboral y modificaciones del sistema de certificado de trabajo y remuneraciones, una iniciativa que busca promover la generación de más empleo privado registrado, y que también apunta contra la industria del juicio. Había sido uno de los compromisos asumidos por Rodríguez Larreta en el último coloquio IDEA.
“El gran desafío de la Argentina es generar trabajo para poder crecer. Hoy lamentablemente tenemos un sistema que en vez de incentivar el trabajo funciona como un cepo a la actividad privada de los argentinos. Tenemos que cambiar eso” afirmó Rodríguez Larreta.
“En ese camino tenemos que terminar con la Industria de los juicios laborales para incentivar a los empresarios a que registren a sus trabajadores. Queremos un solo sistema de sanciones, más equilibrado, previsible y justo para todos”, cerró el mandatario.
En los fundamentos del proyecto presentado, se afirma: “La modalidad actual fracasó. No hay más empleo registrado, no hay menos litigiosidad, no contribuyó con el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), no hay certeza en las relaciones laborales ni la previsibilidad necesaria para la creación de empleo decente. Esta iniciativa brinda pautas objetivas a los trabajadores, a los empleadores y a la Justicia sobre el cálculo de las sanciones y las definiciones de una relación laboral correctamente registrada y de remuneración no registrada”.
“Hoy las multas dependen de la interpretación de un juez, ya que el concepto de base del cálculo es difuso. Para muchas micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), la normativa vigente, por su falta de precisiones, abre una gran incertidumbre. Es una confusión saber cuándo una relación laboral está correctamente registrada. Estas sanciones tienen un costo adicional muy alto y muchas de estas empresas debieron cerrar por condenas judiciales impagables”, explican los diputados de Juntos por el Cambio.
“El empleo formal registrado no crece desde 2011 y los trabajadores en relaciones parcialmente registradas, o directamente no registradas, continúan fluctuando desde hace décadas en alrededor de un 30 al 40% por ciento”, añaden.
La propuesta reforma las partes de las sanciones en tres leyes que se hicieron desde 1992 y mantiene las indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
“Con este proyecto se busca un nuevo equilibrio que permitirá fortalecer las relaciones laborales e incentivar la creación de trabajo decente sin desproteger a los trabajadores en total cumplimiento de nuestro ordenamiento nacional”, concluyeron.
Participaron también: la diputada nacional Silvia Lospennato; los economistas Hernán Lacunza, Eduardo Levy Yeyati, Ezequiel Jarvis, asesor en tema laboral de Fundación Pensar, Horacio Barreiro, asesor en tema laboral de la Fundación Alem; y Julia Pomares, jefa de asesores del GCBA. También son autores del proyecto las diputadas María Eugenia Vidal y Graciela Ocaña.
Gestión
Retiro voluntario: otro recorte estatal que incomoda al propio oficialismo
El Decreto 1203/2026 habilita el retiro voluntario para la planta permanente y ordena eliminar los cargos de quienes se vayan, mientras la dotación estatal ya cayó a 269.025 personas. En el propio oficialismo, según trascendió, crecen las quejas por la falta de personal y los sueldos congelados.
La dotación del Estado nacional ya perdió más de 74.000 puestos desde diciembre de 2023, y el Gobierno de Javier Milei fue por más. Según relevamientos del INDEC, la administración pública nacional, sus empresas y sociedades quedó en 269.025 personas hacia agosto de 2026. Ahora el Ejecutivo suma un régimen de retiro voluntario que, de acuerdo a versiones del propio oficialismo, no tiene consenso pleno ni siquiera puertas adentro.
El Decreto 1203/2026, publicado el lunes en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma establece: “Apruébase el Régimen de Retiro Voluntario aplicable al personal que revista en la planta permanente en los términos de la Ley N° 25.164, y al vinculado laboralmente por contratos por tiempo indeterminado”.
Un decreto que elimina los cargos
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Quedó facultada para prorrogar, por única vez, el plazo de adhesión por hasta 30 días corridos y para dictar las normas complementarias, aclaratorias e interpretativas que resulten necesarias.
El texto incluye además una cláusula clave: “Las jurisdicciones alcanzadas por el Régimen de Retiro Voluntario deberán arbitrar las medidas necesarias para la eliminación de los cargos presupuestarios correspondientes al personal que acceda al mismo, a partir de la fecha en que se produzca el cese de la relación de empleo”. Quien se vaya no será reemplazado: el puesto desaparece del presupuesto.
Falta de personal y sueldos de pobreza
De acuerdo a esas versiones, el nuevo plan no cayó bien en varias líneas del oficialismo. Funcionarios de alto rango de ministerios y organismos clave se quejan cada vez más por la falta de personal y consideran que el régimen solo agravará problemas estructurales. Las miradas apuntan a Sturzenegger, señalado como el ideólogo del achicamiento del empleo público.
Una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya identidad no trascendió, resumió el malestar: “No se le puede exigir a la gente con sueldos de pobreza”. Tras batallar por mejores remuneraciones para su personal, decidió dar un paso al costado y volver al sector privado. El caso ilustra cómo el desgaste de personal empieza a afectar la gestión cotidiana de los ministerios.
Del consenso a la queja
En 2024, cuando el entonces vocero presidencial Manuel Adorni anunciaba despidos, existía consenso en el oficialismo y representantes libertarios los presentaban como una medida necesaria. Esa mirada cambió mes a mes: cada ministro comprobó que las tareas de gestión empezaron a tener dificultades, primero por la falta de personal, consecuencia de las cesantías, y luego por sueldos congelados, que según las mismas versiones fueron casi una constante desde el 10 de diciembre de 2023.
Lo que en 2024 se defendía como una medida necesaria hoy genera dudas entre quienes deben gestionar con menos personal y salarios congelados. El Decreto 1203/2026 profundiza el rumbo que la propia conducción libertaria ya había marcado, pero lo hace con un malestar interno que antes no existía.
Lo que tenés que saber
- El Decreto 1203/2026 aprobó un régimen de retiro voluntario para personal de planta permanente y contratados por tiempo indeterminado.
- Lo firmaron Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y Federico Sturzenegger, y se publicó el lunes en el Boletín Oficial.
- Los cargos presupuestarios del personal que adhiera deberán eliminarse a partir del cese de la relación de empleo.
- Según el INDEC, la dotación estatal bajó a 269.025 personas hacia agosto de 2026, más de 74.000 puestos menos desde diciembre de 2023.
- De acuerdo a versiones del oficialismo, funcionarios de alto rango cuestionan el plan por la falta de personal y los sueldos congelados.
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