Educación
“No vamos a dejar pasar este avasallamiento”: el rechazo estudiantil a la resolución de Patricia Bullrich
El Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la UBA denunció que la medida impulsada por la Ministra de Seguridad vulnera derechos fundamentales. La resolución, que afecta a los centros de estudiantes en cárceles federales, ha generado un fuerte repudio en el ámbito académico y de derechos humanos.
El Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSO) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) expresó su rechazo categórico a la resolución publicada por Patricia Bullrich en el Boletín Oficial, que prohíbe el funcionamiento de centros de estudiantes en el Servicio Penitenciario Federal. Según el comunicado del CECSO, esta medida «pone en riesgo los derechos de las personas privadas de su libertad» y representa un retroceso en el acceso a la educación superior en contextos de encierro.
El conflicto se intensificó cuando, según denunció el gremio estudiantil, autoridades penitenciarias ingresaron al Centro Universitario de Ezeiza (CUE) mientras este se encontraba en plena actividad, retirando a los integrantes de la comisión directiva del Centro de Estudiantes Universitario de Ezeiza. Este hecho fue calificado como un acto de «avasallamiento» por parte de la conducción del CECSO, que aseguró estar en articulación con estudiantes y trabajadores de la educación en cárceles para resistir esta medida.

Un ataque a la educación en contextos de encierro
La resolución de Bullrich ha reavivado el debate sobre el acceso a la educación en contextos de encierro y la importancia de los espacios de organización estudiantil en las cárceles. Desde 2008, el Centro Universitario de Ezeiza ha sido un ejemplo de cómo la educación puede ser una herramienta de reinserción social y transformación personal para las personas privadas de su libertad. Según datos del Ministerio de Justicia, más de 1.500 personas privadas de su libertad han accedido a programas de educación superior en cárceles federales en los últimos años.
Sin embargo, la medida del Ministerio de Seguridad refuerza una narrativa que, según organizaciones de derechos humanos, busca «criminalizar» la participación política y educativa de las personas detenidas. «Por medio de este decreto se busca cercenar un derecho tan elemental como el derecho a la educación superior», denunció el CECSO en su comunicado, subrayando que la resolución profundiza la desigualdad al establecer una distinción entre «ciudadanos de primera y de segunda».
La resolución llega en un contexto político marcado por un endurecimiento de las políticas de seguridad y un discurso que prioriza el control punitivo sobre los derechos humanos. Patricia Bullrich, conocida por su enfoque de «mano dura», ha defendido la medida argumentando que los centros de estudiantes en cárceles podrían ser utilizados para «fines políticos ajenos a la educación». Sin embargo, esta postura ha sido duramente criticada por académicos, organizaciones estudiantiles y referentes de derechos humanos.
El CECSO no está solo en su rechazo. Diversas universidades nacionales, sindicatos docentes y organismos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) han señalado que la medida contradice principios básicos de la Ley de Educación Superior y tratados internacionales de derechos humanos. «La educación en contextos de encierro no es un privilegio, es un derecho», afirmó un representante del CELS, quien advirtió que esta resolución podría sentar un precedente peligroso para otros espacios educativos en cárceles.
¿Qué está en juego?
El impacto de esta resolución trasciende el ámbito educativo. La prohibición de los centros de estudiantes en cárceles no solo limita el acceso a la educación, sino que también restringe la posibilidad de organización colectiva y participación política de las personas privadas de su libertad. Esto, según expertos, debilita los procesos de reinserción social y refuerza un sistema penitenciario que prioriza el castigo sobre la rehabilitación.
En un país donde la población carcelaria ha crecido un 30% en la última década, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, garantizar el acceso a la educación en cárceles es más urgente que nunca. La resolución de Bullrich, lejos de abordar los problemas estructurales del sistema penitenciario, parece profundizar las desigualdades y perpetuar un modelo de exclusión.
El CECSO dejó en claro que no permitirá que esta medida pase desapercibida. «¡No vamos a dejar pasar este avasallamiento!», afirmaron en su comunicado, llamando a la comunidad académica y a la sociedad en general a movilizarse en defensa de la educación y los derechos humanos. La lucha por el acceso a la educación en contextos de encierro no es solo una cuestión de justicia social, sino también de dignidad y derechos fundamentales.
Buenos Aires
Kicillof: “La Argentina no saldrá adelante si se gobierna para un grupo de privilegiados”
El gobernador bonaerense inauguró dos edificios escolares en Presidente Perón e interpelò al gobierno de Javier Milei con una definición que ya suena a plataforma electoral: la disputa entre el Estado como garante de derechos y el mercado como árbitro de oportunidades.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la inauguración formal de los nuevos edificios de las escuelas secundarias N°5 y N°10 en el partido de Presidente Perón, y aprovechó el acto para fijar una posición política de alcance nacional: sin un proyecto de desarrollo que incluya a todos y todas, advirtió, «la Argentina no va a salir adelante». La frase, cargada de vocación opositora, fue el cierre de un discurso que situó a la inversión pública en educación como anverso del modelo libertario.
321 escuelas nuevas como argumento político
Los dos establecimientos inaugurados forman parte de un plan provincial que, según precisó el propio Kicillof durante el acto, ya acumula 321 nuevos edificios escolares, 500 establecimientos totalmente reconstruidos y más de 1.300 aulas creadas mediante obras de ampliación. Las nuevas construcciones en Presidente Perón, que demandaron una inversión de $6.404 millones con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), cuentan con aulas, laboratorios, bibliotecas, talleres de informática, salón de usos múltiples, cocina y patio, y beneficiarán a más de 1.100 estudiantes de los barrios San Pablo y Parque Americano.
Del acto participaron la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; la intendenta del distrito, Blanca Cantero; y la directora de la ES N°10, Vanina Rodríguez.
La escuela pública como trinchera frente al ajuste
Kicillof fue explícito en la contraposición con la política nacional en materia educativa. «Mientras algunos quieren destruir la escuela pública para que los pibes y pibas no puedan encontrarse, reflexionar o debatir en comunidad, nosotros venimos a reafirmar que la educación pública es una prioridad central e innegociable en la provincia de Buenos Aires», sostuvo el gobernador. La referencia al gobierno de Javier Milei, aunque no explicitada con nombre, fue transparente: la gestión libertaria acumula desde diciembre de 2023 un recorte real del orden del 31,6% en las transferencias a universidades nacionales, según datos incluidos en el último informe del Foro Economía y Trabajo.
El mandatario también vinculó la inversión en infraestructura con el crecimiento poblacional del distrito. «Este municipio, al igual que muchos otros de la Provincia, ha registrado un crecimiento poblacional muy grande con familias que llegan en busca de un futuro mejor», señaló, y fue terminante: «Estas escuelas, el centro de salud, la comisaría y la plaza no las hizo el sector privado. Existen gracias al trabajo y al compromiso de la Provincia y el municipio».
El Estado como inversión, no como gasto
La jornada en Presidente Perón incluyó además la recorrida por las nuevas oficinas del Registro Provincial de las Personas y la subdelegación del Ministerio de Trabajo, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el ministro de Trabajo, Walter Correa. También se inauguró el nuevo Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del municipio.
En ese marco, Kicillof retomó la discusión filosófica sobre el rol del Estado que atraviesa la grieta con la Casa Rosada: «Cuando el Estado bonaerense destina recursos a educación, salud o seguridad no lo hace buscando una rentabilidad inmediata, sino invirtiendo en esperanza, en futuro y en garantizar una verdadera igualdad de oportunidades». La definición opera como una respuesta directa al dogma libertario que concibe el gasto público como un lastre improductivo.
La mirada puesta en 2027
El cierre del discurso de Kicillof dejó pocas dudas sobre la dimensión electoral que adquiere cada acto de su gestión. «Para que cada joven pueda cumplir sus sueños, necesitamos consolidar un proyecto nacional de desarrollo que sea para todos y todas», planteó, y remató: «La Argentina no va a salir adelante si se gobierna para un grupo de privilegiados; el único camino posible es con solidaridad, igualdad, justicia social y soberanía».
La frase conecta directamente con el discurso que el gobernador pronunció días atrás en el lanzamiento de la rama juvenil del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), y consolida una narrativa de disputa nacional que lo ubica como una de las voces opositoras más activas de cara a los comicios de 2027.
Puntos clave
- La provincia de Buenos Aires inauguró dos escuelas secundarias en Presidente Perón con una inversión de $6.404 millones financiados por el CAF.
- El plan provincial de infraestructura educativa ya suma 321 edificios nuevos, 500 reconstruidos y más de 1.300 aulas ampliadas.
- Los nuevos establecimientos mejoran las condiciones de más de 1.100 estudiantes de los barrios San Pablo y Parque Americano.
- Kicillof confrontó con el gobierno de Milei al defender el rol del Estado en educación, salud y seguridad frente a la lógica del mercado.
- El discurso consolida una plataforma opositora de alcance nacional de cara a las elecciones de 2027.
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