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Educación

VIDEO: Gran marcha en todo el país en defensa de la educación

Multitudes congregadas a lo largo del país salieron a las calles en defensa de la educación y en contra de la administración del gobierno de Javier Milei.

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Fuente SomosTélam

Integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), rectores y demás autoridades, docentes, no docentes, estudiantes, investigadores, científicos, trabajadores de sectores de la producción y de servicios, estudiantes de establecimientos secundarios, familiares y allegados, dirigentes gremiales y políticos, movimientos sociales y “ciudadanos de a pie” alimentaron las columnas de manifestaste que, en cada cabecera provincial, tuvo la Marcha Nacional Universitaria.

Mendoza

“Universidad, de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode”, era uno de los cánticos que ganaban eco entre los miles de manifestantes, quienes a las 16 iniciaron la Marcha Nacional Universitaria desde la sede central de la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), una de las grandes convocantes y donde cursan 49.000 estudiantes en todos sus niveles, a la Plaza Independencia, en el centro de Mendoza capital.

Pese a no arriesgar hasta ahora un número de manifestantes, los medios mendocinos destacaban en sus ediciones online el carácter “multitudinario” que la Marcha tiene en la capital de esa provincia cuyana.

La movilización mendocina viene generando amplio apoyo en las redes sociales, donde fueron compartidas imágenes de la preparación en las facultades. Quien está al frente es el vicerrector Gabriel Fidel dado que la rectora Esther Sánchez, junto a sus pares del Consejo Interuniversitario Nacional, se manifestaba en la de la ciudad de Buenos Aires.

Quien desentonó con las opiniones generalizadas fue la vicegobernadora mendocina, la macrista Hebe Casado, quien desde su cuenta en X (exTwitter) opinó: “Nadie discute la educación pública, cuidemos que los recursos vayan donde corresponde. La marcha de hoy es política”.

El gobernador Alfredo Cornejo, un radical que reviste en la oposición dialoguista con Javier Milei y es egresado de la Uncuyo, discrepó con Casado, al opinar ayer que “es importante que la educación universitaria sea de primer nivel en nuestro país” y calificación a la Marcha como “una expresión propia de la democracia”.

Santiago del Estero

Diferentes agrupaciones, militantes sociales, docentes, no docentes, estudiantes, dirigentes políticos santiagueños marcharon este martes, en horas de la mañana, desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse) hasta la plaza central de la capital santiagueña en “defensa de la universidad pública, gratuita, laica, científica y de calidad”, consigna cuyo eco atravesará este martes a lo largo y ancho del país. 

Tal fue la masividad de la protesta contra la política educativa del Estado nacional que el gobernador santiagueño Gerardo Zamora expresó desde la red X (exTwitter) que la universidad pública “es la verdadera facilitadora de la movilidad social ascendente que le dio a nuestro país su gran clase media y la consolidó como una referencia educativa mundial”.

Y en un claro tiro por elevación a la administración Milei, cerró su tuit señalando que “no hay Argentina posible si no se prioriza la educación”.

Más de diez cuadras de personas marcharon por las calles de la ciudad de Santiago del Estero, con carteles y expresiones que remarcaban “Corre peligro del derecho a acceder a la educación pública”, “Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema” y “El saber rompe las penas de la esclavitud”, entre otras.

La Marcha Nacional Universitaria llegó hasta la retreta de la plaza Libertad, en el centro de la ciudad capital, en donde sus organizadores -la Asamblea Universitaria Permanente de la Unse- leyeron un documento y adhesiones a la defensa de la universidad.

Una de esas últimas llegó de universidades brasileñas, que manifestaban su “total apoyo de la Asamblea de la Unse, por lo que enviamos nuestras energías de fuerzas y lucha” y no dudaron en agregar en su nota: “Estamos con ustedes y en contra de toda forma de presión”.

“Sin presupuesto no hay educación pública, defendemos la universidad pública, gratuita, laica, científica y de calidad”, remarcaron.  

A la vez expresaron que era necesario salir a las calles “en respuesta a la grave situación económica financiera que atraviesa no sólo el sistema universitario público, que necesita una urgente respuesta por parte de los poderes del estado nacional, sino todo el ajuste que afecta a la sociedad en general”.

Mar del Plata

Unas 12 cuadras de extensión alcanzaban esta tarde la Marcha Nacional Universitaria en la ciudad atlántica de Mar del Plata, en el partido de General Pueyrredón, sede de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y donde también tienen representación otras casas de estudio, centros de investigación científica y polos productivos vinculados al quehacer universitario.

Las consignas en defensa de la educación pública se solapaban con cánticos contra las políticas desplegadas por el tándem Javier Milei, el jefe de Estado, Luis Caputo, ministro de economía, conforme destacaban en sus crónicas algunos medios locales.

La marcha contó con el respaldo -y la organización- del rectorado de la Unmdp, los gremios de docentes y no docentes y la Federación Universitaria Marplatense(FUM). “Tenemos que mandar un mensaje muy claro de que la educación pública tiene que ser de calidad”, pidió el rector Alfredo Lazzeretti.

Bariloche

En Bariloche una multitud pocas veces vista en los últimos años, según el comentario en el que coincidían muchos participantes, se movilizó desde la esquina de Onelli y Moreno hasta el Centro Cívico, donde los organizadores debieron comenzar con el acto previsto antes de que la marcha terminara de atravesar las arcadas de la icónica plaza local.

Los manifestantes, en su gran mayoría jóvenes que entonaron cánticos en defensa de un futuro que el Gobierno parece querer negarles con el congelamiento de fondos, se encolumnaron detrás de las autoridades de las universidades nacionales con presencia en la ciudad, que marcharon al frente: la de Río Negro y la del Comahue, la UTN, el Instituto Balseiro y el Conicet Patagonia Norte.

También caminaron el trayecto de 10 cuadras columnas de la CGT Zona Andina, ATE y la CTA, entre otros gremios y asociaciones sociales, culturales y profesionales barilochenses.

Ante un Centro Cívico colmado de personas que desafiaron los 4° de sensación térmica que se registraban a las 19, y con la presencia del intendente Walter Cortés y otras autoridades locales, la jornada finalizó con la lectura de un documento elaborado por los organizadores.

Jujuy

En Jujuy, la comunidad universitaria colmó las calles del centro de la capital provincial con columnas que se unieron a lo largo de más de 14 cuadras.

La multitudinaria marcha, que inició alrededor de las 17.30, fue encabezada por docentes y estudiantes de las cuatro facultades de la Universidad Nacional de Jujuy, seguido de egresados de la alta casa de estudios, jujeños y jujeñas autoconvocadas, además de múltiples organizaciones sindicales, sociales y políticas.

Al igual que en otras ciudades del país, los manifestantes se expresaron en defensa de la universidad pública con cánticos y llevando en alto carteles de protesta.

“Somos estudiantes de Jujuy/aquí presentes/para que vean que este pueblo no cambia de idea/ pelea y pelea por la educación”, fue una de las arengas que más resonó entre los movilizados.

La marcha culminó pasadas las 19 con un acto en la glorieta de la plaza Belgrano, frente a la Gobernación, donde finalmente alzaron la voz distintos representantes de la comunidad universitaria.

Educación

La Justicia le pone freno a Milei: el decreto universitario es inconstitucional

El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, el mecanismo con el que el Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario pero la dejó sin efecto. El fallo ordena el cumplimiento inmediato de la norma ratificada por el Congreso con dos tercios de los votos y abre un nuevo capítulo en el conflicto que ya llegó a la Corte Suprema.

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El Argentino Diario-Javier Milei-Juan Bautista Mahiques.
El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, que vaciaba de contenido la Ley de Financiamiento Universitario.

Un fallo de primera instancia declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno de Javier Milei promulgó formalmente la Ley de Financiamiento Universitario pero bloqueó su aplicación real. La sentencia, de aproximadamente 50 páginas, calificó el mecanismo empleado por el Ejecutivo como un «mecanismo extraconstitucional» y ordenó el cumplimiento inmediato de la norma. Es el capítulo más reciente de un conflicto judicial que ya acumula más de un año de litigios, una cautelar firme avalada por la Corte Suprema y una quinta Marcha Federal Universitaria anunciada para el 15 de octubre.

El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a los amparos colectivos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional. La sentencia declaró la inconstitucionalidad de la cláusula del Decreto 759/2025 que, al tiempo de promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, condicionó su ejecución a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento; una remisión al artículo 5° de la Ley 24.629 que, en los hechos, dejó la norma vigente pero inoperante. El fallo fue dictado el 6 de octubre de 2026.

El decreto: promulgar y vaciar

La Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) fue sancionada por el Congreso y, luego de que Milei la vetara, fue ratificada con los dos tercios de los votos que la Constitución exige para que una insistencia parlamentaria sea irrecusable. Sin margen para vetarla nuevamente, el Ejecutivo eligió otra estrategia: la promulgó mediante el Decreto 759/2025, pero incorporó una cláusula que supeditaba su aplicación material a que el Parlamento previese expresamente las fuentes presupuestarias; algo que, en ausencia de partidas asignadas, equivalía a dejarla sin efecto indefinidamente.

Cormick rechazó de plano ese razonamiento. El magistrado señaló que el decreto «no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas». Y fue más lejos: subrayó que una vez que el Congreso insiste con los dos tercios de los votos tras un veto presidencial, no existe otro camino para el presidente que la promulgación irrestricta. Utilizar un decreto para vaciar el contenido de esa insistencia parlamentaria implica introducir un veto encubierto que la Constitución no prevé ni autoriza.

El juez también cuestionó el argumento fiscal del Gobierno y evaluó que la propia ley contemplaba mecanismos de financiamiento, al facultar al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias. La sentencia ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de los artículos 5° y 6° de la norma, referidos a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios y la actualización de las becas estudiantiles.

Una historia de recursos y dilaciones

El fallo del 6 de octubre no es el punto de partida del conflicto, sino su último capítulo hasta ahora. El mismo juez Cormick había dictado meses antes una medida cautelar que obligó al Estado a comenzar a aplicar la ley. El Gobierno apeló esa cautelar; la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la confirmó. El Ejecutivo llevó entonces el caso a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, que el máximo tribunal rechazó el 25 de junio de 2026 por no estar dirigido contra una sentencia definitiva, dejando firme la medida cautelar.

En septiembre, Cormick volvió a intimar al Estado al considerar que el cumplimiento acreditado era parcial y le otorgó cinco días para regularizar la situación. El Gobierno apeló nuevamente esa intimación y solicitó que se le otorgara efecto suspensivo. Mientras el expediente avanzaba, el Ejecutivo reconoció en distintas instancias que cumplir con la norma representaría un costo estimado de 2,5 billones de pesos, una cifra que declaró no poder afrontar en el corto plazo. Las negociaciones del Presupuesto 2027, que el Gobierno presentó con un recorte real del 24,9% respecto de 2023 según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), enmarcan el conflicto en un escenario de desfinanciamiento estructural del sistema universitario.

Gremios y universidades en estado de alerta

Las organizaciones gremiales y universitarias celebraron el fallo, aunque advirtieron que el Gobierno intentará dilatar su cumplimiento. Los gremios universitarios reclaman una recomposición salarial del 32,5%, cifra que vinculan con la pérdida acumulada que busca corregir la Ley 27.795. Ante la negativa del Gobierno a avanzar más allá de aumentos del 3% mensual, el conflicto derivó en nuevas medidas de fuerza: la UBA anunció un paro escalonado de 23 días durante cinco semanas, y los gremios convocaron a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales, la segunda durante 2026.

El CIN, que fue uno de los actores que impulsó la acción judicial, exigió al Ministerio de Educación que instrumente de forma urgente los mecanismos de transferencia presupuestaria. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron que las transferencias a las universidades acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026.

El cálculo político en año preelectoral

El fallo coloca al Ejecutivo ante una disyuntiva de alto costo político. Apelar y extender el conflicto universitario en un año preelectoral implica mantener encendida una disputa que en cuatro oportunidades ya traccionó hacia las calles a más de un millón de personas. Cumplir el fallo, en cambio, significa asumir el impacto fiscal que la Casa Rosada argumentó como inasumible y flexibilizar el ajuste que sostiene como eje de su gestión. El control judicial de las decisiones presupuestarias, que Cormick reivindicó en la sentencia como una consecuencia propia de la justiciabilidad del Estado, se convierte así en el principal obstáculo institucional a una estrategia que eligió desobedecer la voluntad del Congreso antes que revisar su modelo económico.

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que la Procuración del Tesoro analizaba los alcances de la sentencia para definir la estrategia procesal. Al cierre de esta edición, el Gobierno no había emitido una posición oficial sobre si apelará el nuevo fallo de fondo.

Lo que tenés que saber

  • El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, que vaciaba de contenido la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso con dos tercios de los votos.
  • La sentencia ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de los artículos de la ley referidos a la recomposición salarial docente y la actualización de becas estudiantiles.
  • El conflicto acumula más de un año de litigios: la Corte Suprema rechazó en junio de 2026 el recurso extraordinario del Gobierno, dejando firme la medida cautelar.
  • Las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026, según el CIN.
  • Los gremios anunciaron un paro escalonado de 23 días en la UBA y una quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales.
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