Economía 💲
Créditos a 30 años: por US$40 mil se pagarán $202.400 por mes
Comienza el miércoles 15 de mayo la línea del Banco Hipotecario destinada a vivienda que ajusta por IVA y cubre un máximo de US$250.000.
Una se destina a la construcción o adquisición de una vivienda, con una tasa UVA más 4,25% para el primer año, que luego subirá a 8,5%, en el caso de los clientes del Banco Hipotecario que cobran su sueldo en la entidad. Para las otras personas, la tasa será UVAs. La inflación de agosto fue de 7% y la interanual trepó a 78,5% .
La otra es para ampliación y refacción con un monto máximo de $ 125 millones.
Las bajas tasas de interés que dispuso el Banco Central animaron a varias entidades a estudiar el relanzamiento créditos hipotecarios de largo plazo, pero el Banco Hipotecario, que fue tradicionalmente puntal de este tipo de financiamiento, se adelantó y salió con las dos líneas, aunque sin promocionarlo.
La entidad, que había sido oficial desde su fundación, tiene como accionista al grupo privado IRSA y por lo tanto es presidida por Eduardo Elsztain.
Consultas en sucursales
Según se informó en redes sociales, actualmente al menos tres sucursales del Hipotecario en CABA están atendiendo público, que se acercó a preguntar por los créditos, y ya hubo colas.
Para que el financiamiento en pesos calce con el mercado inmobiliario que maneja las transacciones en dólares, el Banco Hipotecario facilitará la conversión mediante la venta puente de MEP en la misma sucursal.
La línea empieza a partir de US$40.000, por los que la cuota mensual inicial es de $202.400, de modo que podrán acceder quienes demuestren ingresos por $809.600. Este monto se encuentra casi $200 mil por encima del promedio salarial RIPTE.
El comprador de un inmueble a financiar, cuyo costo sea de US$ 50.000, tendría que poner inicialmente US$ 10.000 de su bolsillo, más unos US$ 4.500 por los gastos que devenga la operación. Este presupuesto daría como para un dos ambientes en los barrios porteños de San Cristóbal o Boedo, según fuentes del sector.
Para una propiedad de US$ 125.000, el crédito a gestionar por el saldo de precio sería de US$ 100.000, por los que la cuota mensual ascendería a $505.000, que requiere ingresos por $2.020.000. Y como los gastos rondarían los US$11.250, el total a cubrir por parte del comprador ascendería a US$36.250.
Para los US$ 250.000 del monto máximo de la línea, se empíeza con una cuota de $ 1.262.500, que requiere ganar $5.050.000, y cubriría una propiedad de US$312.500 o más.
Los gastos estarían en el orden de los US$28.125 y no se incluyen en el financiamiento, por lo que hay que contar con US$90.625 netos propios para desembolsar.
Largo plazo paralizado. Los préstamos al sector privado no financiero están planchados.
En el primer trimestre acumularon una baja real de 15,4% y una de 38,7% en términos interanuales. Para los hipotecarios, la caída en igual lapso fue de 31,8% o sea, -62% interanual.
El Banco Hipotecario venía operando con una línea hasta 20 millones a una tasa UVA más 13,5%. El Banco Nación no está activo en la línea hipotecaria y el Banco Ciudad da como máximo $ 10 millones.
El Provincia tiene disponible actualmente una línea hipotecaria con una TNAV de 68%, variable que se ajusta en función de la tasa de los plazos fijos.
El Banco de Córdoba también brinda la posibilidad de acceder a un crédito a la vivienda por hasta 100.000 UVAs, con una tasa de 4,9%.
Los más de 100.000 deudores UVA en todo el país estuvieron reclamando el año pasado por los ajustes en los créditos hipotecarios otorgados bajo esa modalidad.
Ya electo, Javier Milei dijo que el Gobierno no intervendría, ya que «tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés», y que, en todo caso, «hubieran entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta».
Los deudores señalan que la deuda fue avanzando tan rápidamente con la carga de interés y que va a llegar un momento que será insostenible, aun cuando el propio banco se maneja con un máximo de sueldo que se afecta a las cuotas del 35%, por lo que al pasarse los excedentes al final del plazo estipulado, se transforma en una bola de nieve.
A diferencia de las líneas vigentes desde el gobierno de Mauricio Macri, los valores del metro cuadrado a financiar son actualmente entre 50 y 60% más bajos en términos reales.
Legislativo
El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.
Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.
El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.
Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan
El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».
En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.
La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía
El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.
El superávit como escudo político
La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.
Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.
Lo que tenés que saber:
- La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
- El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
- El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
- Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
- El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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