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Educación

Docente del CONICET sufre atentado tras disputa con militantes de Milei en la UBA

La investigadora y docente del CONICET, María Belén Almejún, denunció un atentado a su hogar luego de la viralización de sus datos por un cruce con militantes libertarios.

Publicado hace

1 año

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Lo que tenés que saber:

  • María Belén Almejún, investigadora del CONICET, sufrió un ataque tras discutir con militantes libertarios.
  • Tras la viralización de su video y datos personales, un hombre ingresó a su casa y causó daños.
  • La docente presentó una denuncia penal por amenazas, violación de domicilio y daño.
  • La comunidad académica expresó su apoyo a Almejún y exigió el esclarecimiento del hecho.
  • La denuncia resalta el peligro del hostigamiento digital y su impacto en la seguridad personal.

Ataque contra la vivienda de María Belén Almejún tras exposición en redes sociales

María Belén Almejún, docente del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue víctima de un grave atentado contra la vivienda de su familia luego de un cruce con militantes libertarios en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. El incidente comenzó cuando un video de Almejún, en el que cuestionaba el desfinanciamiento del CONICET, se viralizó en redes sociales. El video fue inicialmente grabado por adherentes al oficialismo, y luego fue compartido por diversos medios y por el presidente Javier Milei en la red social X.

A raíz de esta discusión, una cuenta anónima divulgó información personal de la docente, incluyendo la dirección de su familia, lo que resultó en un atentado a su hogar la madrugada del 21 de marzo de 2025.

El atentado a su hogar: un acto de intimidación claro

En la noche del 20 al 21 de marzo, un desconocido ingresó al domicilio de Almejún y causó daños materiales en la vivienda, rompiendo caños de agua en un acto claramente intimidatorio. Este ataque, vinculado directamente con la viralización de sus datos personales, dejó a la investigadora preocupada por la seguridad de su familia.

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En respuesta, Almejún presentó una denuncia penal ante las autoridades judiciales. La denuncia incluye cargos por instigación a cometer delitos, amenazas agravadas, violación de domicilio y daño a la propiedad.

Reacción de la comunidad académica y la sociedad civil

El ataque provocó una ola de repudio en la comunidad académica y entre organismos de derechos humanos. La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde Almejún es docente, expresó su total solidaridad con la investigadora y ofreció apoyo legal. Además, organismos como la Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo destacaron la gravedad del episodio y exigieron la pronta identificación de los responsables.

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Un llamado a la reflexión sobre el impacto del hostigamiento digital

El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA alertó sobre la importancia de esclarecer los hechos y advirtió que compartiría la información de los alumnos involucrados con las facultades correspondientes para evaluar su situación. Por su parte, Almejún expresó que el ataque va más allá de su seguridad personal, ya que pone en riesgo a todos aquellos que, como ella, luchan por visibilizar el deterioro del sistema científico en el país.

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“Mi seguridad y la de mi familia no están en juego únicamente por un ataque individual, sino por el clima de violencia política y hostigamiento que ha crecido en el ámbito digital”, afirmó Almejún.

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CABA

Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo

La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.

Publicado hace

2 días

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23.04.2026

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Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.

En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.

Criminalizar la infancia, una respuesta ligera

Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?

  • Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
  • Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
  • Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.

El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.

El fantasma de las redes y la coartada perfecta

La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.

En la Ciudad, docentes vienen denunciando:

  • Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
  • Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
  • Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.

Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.

Protocolos sin comunidad

El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.

Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.

Lo que no se dice

Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:

  • ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
  • ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
  • ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?

La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.

Entre el control y el abandono

El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.

En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.

La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?

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