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Educación

Perczyk participó en la ONU de Jornada de Líderes para transformar la educación

La jornada de líderes tuvo por objetivo la presentación de los compromisos nacionales por parte de los jefes de Estado y de Gobierno, la Declaración de la Juventud de la Cumbre, y la Declaración de principios del Secretario General de la ONU, António Guterres, para la transformación de la educación.

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El ministro de Educación, Jaime Perczyk, participó hoy de la Jornada de Líderes convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, y afirmó que Argentina reconoce «a la educación como un derecho humano fundamental, un bien público social y una responsabilidad indelegable de los Estados», se informó oficialmente.

La jornada de líderes tuvo por objetivo la presentación de los compromisos nacionales por parte de los jefes de Estado y de Gobierno, la Declaración de la Juventud de la Cumbre, y la Declaración de principios del Secretario General de la ONU, António Guterres, para la transformación de la educación.

Durante su participación, Perczyk destacó que en Argentina «reconocemos a la educación como un derecho humano fundamental, un bien público social y una responsabilidad indelegable de los Estados» y planteó que para eso «los estados deben garantizar su presupuesto y financiación».

«Reafirmamos el concepto integral de la calidad de la educación, que debe estar relacionado con la inclusión, la ampliación de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida y las condiciones de bienestar de docentes y estudiantes», agregó.

En tanto, planteó que para que la educación sea considerada un derecho, «los Estados deben garantizar su presupuesto y financiación» y advirtió que «no se ejerce el derecho a la educación sin financiamiento y esto obedece a decisiones políticas, económicas y de relaciones con el orden económico mundial, que condicionan a los países de la región para invertir lo necesario», precisó el funcionario.

«La responsabilidad irrenunciable del financiamiento del sistema educativo como política prioritaria del Estado, independientemente de las gestiones de gobierno, es condición necesaria para el logro de la justicia social y educativa, sin condicionamientos externos que obstaculicen o reduzcan la inversión necesaria para lograr la recuperación y transformación educativa», precisó.

La pandemia de coronavirus expuso las fallas de los sistemas educativos a nivel mundial, y este lunes más de 130 países se comprometieron a reiniciar sus sistemas educativos y acelerar la acción para poner fin a la crisis del aprendizaje, en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación.

La Cumbre abordó una crisis en la educación que ha visto cómo unos 147 millones de estudiantes perdieron más de la mitad de su instrucción presencial, desde 2020, según informsción de las Naciones Unidas.

En 2021, 244 millones de niños y jóvenes no estuvieron escolarizados. La pandemia perjudicó el aprendizaje de más del 90% de los niños del mundo -la mayor interrupción de la historia- y la mitad de los países han recortado sus presupuestos educativos.

En la actualidad se calcula que el 64,3% de los niños de todo el mundo, en todos los países, son incapaces de leer y comprender una simple historia. Esto significa que, dentro de unos años, una de cada tres personas será incapaz de entender este mismo texto, mientras que 840 millones de jóvenes abandonarán la escuela en su adolescencia sin ninguna cualificación para el trabajo.

«En lugar de ser el gran facilitador, la educación se está convirtiendo rápidamente en el gran divisor», afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres.

«Los ricos tienen acceso a los mejores recursos, escuelas y universidades, que conducen a los mejores puestos de trabajo, mientras que los pobres, especialmente las niñas, se enfrentan a enormes obstáculos para obtener las cualificaciones que podrían cambiar sus vidas», agregó

A pesar de ello, desde la ONU consideraron que menos de la mitad de los países tienen estrategias para ayudar a los niños a ponerse al día, concluyeron.

CABA

Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo

La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.

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Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.

En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.

Criminalizar la infancia, una respuesta ligera

Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?

  • Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
  • Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
  • Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.

El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.

El fantasma de las redes y la coartada perfecta

La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.

En la Ciudad, docentes vienen denunciando:

  • Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
  • Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
  • Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.

Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.

Protocolos sin comunidad

El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.

Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.

Lo que no se dice

Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:

  • ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
  • ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
  • ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?

La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.

Entre el control y el abandono

El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.

En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.

La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?

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