Educación
UTE denunció falta de insumos, agua y ventilación en escuelas porteñas
«El regreso a la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires estuvo marcado por la desorganización», aseguraron desde el gremio que nuclea a los docentes porteños a modo de análisis luego de la primera jornada.
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) denunció este jueves que una decena de escuelas porteñas no abrieron sus puertas debido a problemas vinculados con la falta de insumos de cuidado frente a la pandemia, a la detección de casos de coronavirus en docentes y por problemas de infraestructura escolar, como la falta de agua y de ventilación, en el primer día del regreso de los alumnos a las clases presenciales.
«El regreso a la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires estuvo marcado por la desorganización», aseguraron desde el gremio que nuclea a los docentes porteños a modo de análisis luego de la primera jornada en la que cerca de 400.000 estudiantes retornaron a las aulas, tras la suspensión del ciclo lectivo del 2020 bajo la modalidad presencial por la pandemia.
En ese marco, señalaron que llevaron adelante una «Verificación Técnica Escolar» mediante la cual detectaron que unos diez establecimientos permanecieron cerrados durante el miércoles a raíz de diversas circunstancias, las que se sumaron a otras situaciones que complicaron el regreso presencial como las aglomeraciones que se generaron en los accesos a los edificios en el horario de ingreso.
Consultados sobre la denuncia, fuentes del Ministerio de Educación porteño ratificaron las declaraciones vertidas ayer por la titular de esa cartera, Soledad Acuña, respecto que la totalidad de los 2.117 establecimientos educativos de gestión estatal y privadas de la Ciudad abrieron sus puertas.
Incluso, esta mañana el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, precisó que se pudo «volver a clases con el 100% de las escuelas abiertas y el 89% de alumnos con asistencia», al tiempo que agregó que «los protocolos funcionaron muy bien y en los lugares donde tengamos que corregir lo vamos a hacer“.
En declaraciones radiales y sobre la posibilidad de interrumpir la presencialidad si suben los casos, el funcionario porteño dijo que eso «es lo lógico», pero siempre «teniendo en cuenta que la regla debe ser la presencialidad».
«Podés suspender (las clases) por 15 días, lo que han hecho otros países del mundo», apuntó Santilli, pero pidió considerar que «somos el único país del mundo que no tuvo clases por 11 meses» .
De acuerdo al relevamiento de UTE, «hubo escuelas que no abrieron por falta de insumos» destinados a garantizar el cuidado de la comunidad educativa frente al coronavirus, «entre ellos, el Comercial 35; la primaria 12 del distrito escolar 19, en Lugano; y la Especial 34, de Caballito».
«Otras que no abrieron por casos de Covid-19 de docentes que concurrieron al edificio escolar en la última semana, tal como la 6 y 8 del distrito escolar 20 y el Jardín de Infantes Integrado 2 de Barracas», detalla el informe del gremio, el cual señala que tampoco estuvieron habilitadas dos escuelas por problemas de infraestructura.
Los establecimientos fueron el Jardín de Infantes Nucleado C, de Barracas, donde se encontraron salas con poca ventilación; el Normal 5, del mismo barrio, por no contar con el servicio de agua en el edificio, y la escuela 23, del distrito escolar 20, en Mataderos «que hace dos años espera en falso la inauguración de su propio edificio; mientras tanto tienen actividades en una escuela técnica».
En un comunicado, el gremio aseguró que «las y los docentes no recibieron la cantidad necesaria de máscaras y los bidones de alcohol en gel que el Gobierno de la Ciudad había enviado resultaron insuficientes para satisfacer la demanda que generan las y los miles de estudiantes que se hicieron presentes durante la primera jornada de actividad presencial».
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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