Educación
Macri pidió que se «abran las escuelas» y el ministro Trotta le salió al cruce
El ex presidente criticó la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, poniendo como ejemplo al Gobierno porteño, que según él, «demostró que es posible abrir las escuelas», y el ministro de Educación lo llamó «cínico».
El ex presidente criticó la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, poniendo como ejemplo al Gobierno porteño, que según él, «demostró que es posible abrir las escuelas», y el ministro de Educación lo llamó «cínico».
El expresidente Mauricio Macri pidió este jueves al Gobierno que se abran las escuelas en el inicio del ciclo lectivo 2021, a través de un texto que difundió por la red social Facebook esta mañana.
En la publicación, Macri sostuvo que «un nuevo año comenzó y las definiciones sobre la apertura de las escuelas aún siguen sin resolverse». «Las autoridades del gobierno nacional insisten en condicionar el retorno a clases a la situación epidemiológica, incluso cuando desde noviembre pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) defiende la necesidad de mantener las escuelas abiertas», afirmó.
Macri formuló este pedido días después de que el Gobierno nacional, a través del ministro de Educación, Nicolás Trotta, ratificara que el ciclo lectivo 2021 volverá a la presencialidad. «La presencialidad debe volver a ser el ordenador de nuestro sistema educativo en 2021», dijo Trotta, y afirmó que «toda la Argentina, con los cuidados necesarios y los protocolos adecuados, está preparada para el comienzo de clases presenciales».
En su posteo, el líder de Pro aseguró que «somos plenamente conscientes de que todo está permitido, excepto el ingreso de nuestros chicos a las aulas, y eso responde a un orden de prioridades que debe ser revertido en la inmediatez si deseamos realmente construir un futuro próspero y con oportunidades para los jóvenes».
«Vamos a perder el potencial de una generación de jóvenes si las aulas siguen vacías», afirmó Macri, y argumentó que «la Ciudad de Buenos Aires demostró que es posible abrir las escuelas, respetando los protocolos y las recomendaciones que establece el Ministerio de Salud».
En este sentido, indicó que «ese camino es el que esperamos que tome la Provincia de Buenos Aires, que tiene la enorme responsabilidad de educar a 5 millones de chicos -prácticamente la mitad del país-«.
«No dejemos que el debate sobre la educación continúe monopolizado por los líderes gremiales que durante los cuatro años de nuestro gobierno han dejado a los chicos sin clases por `luchas´ que ahora parecieron abandonar», opinó el expresidente.

Respecto a la carta del ex presidente, Trotta señaló: «Yo le diría al ex presidente Macri que antes de opinar sobre el sistema educativo tenga la mínima dignidad de contarle a los adolescentes de todo el país por qué decía que sobraban las computadoras e interrumpió Conectar Igualdad».
El ministro dijo: «Quiero ser claro, no hay que partidizar el desafío tan complejo que tenemos por delante del regreso a la presencialidad de las clases, que es lo que queremos todos los argentinos y argentinas».
«Debemos tener un regreso cuidado que nos permita recuperar los aprendizajes que no pudimos en el 2020, abordar el impacto subjetivo que tuvo la pandemia en nuestras niños y niñas y la escuela tiene mucho para aportar y dar», agregó.
«En la Argentina nos faltan 4 millones de computadoras porque existió un gobierno, su gobierno (por el de Macri), que tuvo la decisión de dejar de distribuir computadoras, que el impacto positivo que hubiese tenido ese proceso nos hubiese permitido mejorar la continuidad educativa», puntualizó Trotta.
«Yo le diría que no sea cínico, que no especule, que hable con su fuerza política, que no votó el Presupuesto que marca un fuerte crecimiento de la inversión educativa».
Y recordó que Macri «incumplió la Ley de Financiamiento educativo», «permitió la caída de 1,3% de inversión de la riqueza en las escuelas» e incumplió la leyes «porque permitió desfinanciar la escuela en un momento que además la Argentina se derrumbaba».
«Yo le diría que no sea cínico, que no especule, que hable con su fuerza política, que no votó el Presupuesto que marca un fuerte crecimiento de la inversión educativa; entonces me parece que es importante que trabajemos juntos en el desafío complejo que tenemos, lo he dialogado con el gobernador de Jujuy, podemos tener diferencias pero tenemos un compromiso común, lograr que la escuela vuelva a ser el espacio de construcción de igualdad y transformación social», manifestó.
En ese aspecto dijo que en el Gobierno de Macri «se agredió a los docentes, dejaron de distribuir libros y computadoras», y que «prometió 3 mil jardines y solo construyó 107, que prometieron 10 mil salas y construyeron 311, en definitiva, cumplieron el 3% de lo que prometieron».
Entonces, Trotta no dudó en decir: «Me parece que no podemos ser cínicos, nos tenemos que poner como lo estamos haciendo todos y todas a cumplir nuestras responsabilidades, el pasado ya es pasado y Macri es pasado».
El ministro hizo estas declaraciones en el marco de un encuentro en Santiago del Estero, en el que ratificó que se trabaja con las 24 jurisdicciones para el regreso a clases de forma presencial, porque el colegio es el «organizador de nuestro sistema educativo», instancia en que calificó a Macri de «cínico» y «especulador».
Al brindar una conferencia de prensa, el funcionario nacional detalló que «el 2 de julio aprobamos los protocolos para el regreso a la presencialidad segura» y explicó que en un país federal «es una decisión de las jurisdicciones, pero todos compartimos la necesidad de priorizar la presencialidad y poner en valor los aprendizajes que tuvimos en el 2020».
En ese sentido, Trotta habló de una «presencialidad cuidada y eso nos debe comprometer a todos y todas las argentinas para que vayamos construyendo entre todos el cumplimiento de esos protocolos que implican un regreso seguro».
Campaña de vacunación a docentes
En cuanto al proceso de vacunación, el ministro detalló: «Lo vamos a terminar de definir la semana próxima, seguramente en una reunión del Consejo Federal de Educación».
«Nosotros llevaremos una propuesta que vamos a terminar de delinear con los ministros», dijo Trotta, y agregó que conversaron sobre la «posibilidad de priorizar a los docentes de educación inicial y educación especial, que son los que tienen más vínculo físico con los estudiantes, y también en las grandes ciudades de cada provincia».
Finalmente, remarcó que es una propuesta que está trabajando la secretaria de evaluación y formación educativa «en diálogo con cada una de las jurisdicciones, por lo que la semana próxima será aprobado conjuntamente con todo el desafío y la logística de vacunar un millón trescientos mil docentes en todo el país, y trabajadores no docentes».
Educación
Con cautelar firme y multas en puerta, el Gobierno apeló otra vez antes de pagar los salarios docentes
El juez federal Martín Cormick intimó al Ejecutivo a cumplir de manera total con la cautelar firme que ordena aplicar los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, con recomposición salarial docente y actualización de becas. El Gobierno apeló, pero ya acumula derrota judicial sobre derrota judicial desde diciembre de 2025.
El Decreto 759/2025, la herramienta con la que el gobierno de Javier Milei intentó bloquear la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, suma un nuevo rechazo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Estado Nacional a cumplir en cinco días con la medida cautelar que declaró inaplicable la suspensión de la ley, advirtiendo que, de no hacerlo, se activarán multas diarias por cada jornada de demora. El Ejecutivo volvió a apelar.
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y, tras el veto presidencial, el Parlamento insistió con mayorías de dos tercios, conforme al artículo 83 de la Constitución Nacional. Pese a esa insistencia legislativa, el Ejecutivo emitió el Decreto 759/2025, mediante el cual condicionó la aplicación de la norma a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas al presupuesto. El CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), la Universidad de Buenos Aires y sindicatos docentes presentaron amparos y la causa tramita en el expediente 39.475/2025.
Un mecanismo que choca con la Constitución
En diciembre de 2025, Cormick hizo lugar a la medida cautelar y declaró inaplicable el decreto presidencial en cuanto suspendía la ejecución de la ley. En su fallo, señaló que la insistencia legislativa del Congreso no admitiría otra solución que la efectiva aplicación de la norma sancionada, y calificó la maniobra oficial como contraria al principio de división de poderes. El magistrado precisó, además, que el Ejecutivo había fundado la suspensión en el artículo 5° de la ley 24.629, una norma de jerarquía inferior al mandato constitucional expreso del artículo 83.
El Estado apeló esa resolución, pero en marzo de 2026 la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, con voto de los jueces Sergio Fernández y Eduardo Morán, confirmó la cautelar de primera instancia. La Cámara introdujo un argumento de peso: una ley posterior del Congreso puede válidamente desplazar a una norma anterior, incluso en materia presupuestaria, por lo que no era admisible que el Ejecutivo paralizara su aplicación invocando la ley 24.629. Los argumentos de la administración Milei, según el propio fallo, no merecieron consideración alguna por su falta de seriedad.
Recusaciones rechazadas y una cautelar que no se cumple
El gobierno ensayó una última estrategia procesal: intentó apartar al propio Cormick de la causa, recusándolo por su condición de docente en las universidades nacionales de Avellaneda y José C. Paz. También impugnó al juez de Cámara Sergio Fernández por su actividad en la Universidad de Lomas de Zamora. La Corte Suprema, con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, rechazó todas las recusaciones en junio de 2026, señalando que la sola condición de profesor universitario no alcanza para apartar a un magistrado de un expediente.
Con las recusaciones descartadas y la cautelar firme, el expediente siguió su curso. En septiembre de 2026, Cormick revisó una presentación del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación y concluyó que no existía cumplimiento total de la medida. Intimó al Estado a acatar la cautelar en cinco días y anticipó que aplicaría multas diarias por cada jornada adicional de demora. El Ejecutivo volvió a apelar ante la Cámara y analiza si pedirá efecto suspensivo al recurso.
Lo que está en juego: salarios y becas bajo presión
La Ley 27.795 exige actualizar los presupuestos universitarios por inflación y recomponer los salarios de docentes y no docentes según el Índice de Precios al Consumidor, además de actualizar las becas estudiantiles. Los artículos 5° y 6° de la norma, los que ordena aplicar la cautelar, son precisamente los que regulan esa recomposición. La Oficina de Presupuesto del Congreso estableció que el costo total de la ley representa el 0,23% del PBI, un dato que el propio Cormick puso sobre la mesa para cuestionar la proporcionalidad del argumento fiscal esgrimido por la Casa Rosada.
El deterioro salarial del sector docente universitario es parte del diagnóstico que el propio decreto 759/2025 reconoció en sus considerandos, lo que fue utilizado por la Justicia como evidencia del peligro en la demora. Mientras la causa continúa hacia su resolución de fondo sobre la constitucionalidad del decreto, el Estado lleva más de diez meses resistiendo el cumplimiento de una ley que el Congreso sancionó dos veces.
Lo que tenés que saber:
- El juez Martín Cormick intimó al gobierno a cumplir en cinco días con la cautelar sobre la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de multas diarias.
- La cautelar, que declara inaplicable el Decreto 759/2025 en cuanto suspende la ley, fue confirmada por la Cámara en marzo de 2026 y es firme.
- La Corte Suprema rechazó en junio de 2026 los intentos del Ejecutivo de recusar al juez Cormick y a magistrados de Cámara por su condición de docentes universitarios.
- La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 e insistida con dos tercios tras el veto de Milei; su costo equivale al 0,23% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
- El Gobierno apeló la nueva resolución de Cormick ante la Cámara y analiza solicitar efecto suspensivo.
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