Familias autoconvocadas, docentes, no docentes y centros de estudiantes de los principales colegios preuniversitarios del país lanzarán este viernes un petitorio nacional dirigido a la Corte Suprema para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al recurso interpuesto por el Gobierno de Javier Milei para frenarla.

La iniciativa, que aspira a reunir un millón de firmas en todo el territorio nacional, fue impulsada por representantes de algunas de las comunidades educativas más emblemáticas del sistema universitario argentino, en un contexto en que el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades públicas sigue sin resolverse y con la pelota en la cancha de la Corte.

El petitorio y sus impulsores

El anuncio formal se realizará en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en Avenida Callao 569, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria incluye una conferencia de prensa en formato mixto, presencial y remota.

Entre las instituciones que encabezan la presentación se encuentran representantes de familias y centros de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de Córdoba, y del Jardín y Escuela Graduada Joaquín V. González de La Plata, entre otras instituciones de distintos puntos del país.

La acción busca garantizar además la recomposición del salario docente, duramente golpeado por el ajuste libertario desde diciembre de 2023.

La Corte, árbitro de una pulseada que el Gobierno quiso ganar en los tribunales

El petitorio llega en un momento de alta tensión institucional. El Gobierno de Javier Milei interpuso un recurso ante la Corte Suprema para frenar la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso con amplio respaldo multipartidario. La medida fue calificada por las organizaciones universitarias como un avasallamiento a la voluntad legislativa.

En un comunicado conjunto, los organizadores subrayaron la gravedad institucional del momento: «De la decisión que tome la Corte Suprema dependen nuestros colegios, jardines de primera infancia, hospitales de clínicas universitarios, investigadores del CONICET y facultades en todo el país.»

Campaña federal y convocatoria abierta

La organización aclaró que el petitorio no se circunscribirá a la comunidad preuniversitaria: apunta a convertirse en una «campaña masiva de recolección de firmas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional», con mesas callejeras de votación en las 23 provincias.

«Vamos por un millón de firmas y porque más escuelas dependientes de universidades nacionales se adhieran a esta iniciativa que tiene como único objetivo que se respete la institucionalidad, la independencia de los poderes y se aplique la ley aprobada y ratificada por el Congreso», expresaron desde la organización en un comunicado.

Los convocantes extendieron la invitación a sindicatos, organismos de derechos humanos y la sociedad civil en general para sumarse a las mesas de recolección de firmas, y llamaron a los medios de comunicación a cubrir la conferencia de prensa donde se brindarán los detalles logísticos y los pasos legales a seguir ante el máximo tribunal.

Antecedentes: un conflicto que no cierra

El conflicto universitario arrastra más de dos años de tensión desde que la gestión Milei aplicó un congelamiento presupuestario que golpeó transferencias, salarios y programas de investigación. Las universidades nacionales perdieron cerca de un 45% de poder adquisitivo en sus transferencias desde el Estado, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El sistema docente acumuló una pérdida real de más de siete salarios desde diciembre de 2023, de acuerdo a estimaciones de las federaciones gremiales del sector.

A esa sangría se sumaron los sucesivos recursos judiciales del Ejecutivo para bloquear la aplicación de la ley de financiamiento, lo que motivó cuatro marchas federales universitarias y múltiples pronunciamientos del CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la CGT y las dos CTA. La Corte Suprema tiene ahora en sus manos la definición de un conflicto que el Gobierno eligió judicializar antes que resolver por la vía del diálogo.

Puntos clave:

• Familias, docentes y centros de estudiantes de colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Salta lanzarán un petitorio nacional ante la Corte Suprema.
• La campaña apunta a reunir un millón de firmas para exigir la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.
• El Gobierno de Milei interpuso un recurso judicial para frenar la normativa aprobada por el Congreso.
• Los organizadores advierten que el fallo de la Corte impactará en colegios, jardines, hospitales universitarios y el CONICET.
• Los convocantes invitan a sindicatos, organismos de derechos humanos y la sociedad civil a sumarse a las mesas callejeras de firma.