Educación
¿Se sostiene el veto de Milei?: poroteo final en Diputados
El bloque que apoya la ley universitaria podría alcanzar los 162 votos en contra del veto.
Este miércoles, la Cámara de Diputados se prepara para debatir la resistencia al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, en lo que promete ser una sesión de alta tensión política.
El Gobierno, que ha recurrido al veto por segunda vez en 10 meses, busca consolidar su postura con el respaldo de varios sectores, pero el desenlace aún es incierto.
Los votos se cuentan uno a uno, y las definiciones finales cambiarán el rumbo de esta votación clave para la educación pública.
El escenario en Diputados
Hasta el momento, el apoyo al veto del presidente Javier Milei tiene un piso de 81 votos asegurados.
La Libertad Avanza, el PRO, y algunos aliados de la UCR conforman este bloque inicial.
Dentro de ese grupo, destacan los 39 diputados de La Libertad Avanza, 35 del PRO y 4 de la UCR, además de los 2 representantes del MID y 1 del monobloque “Creo”.
A este número se podrían sumar los tres diputados tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, quienes aún no han manifestado públicamente su postura pero han sido aliados del oficialismo desde su ruptura con Unión por la Patria (UxP).
Qué hace falta para salvar la Ley
Por otro lado, quienes buscan insistir con la ley deberán conseguir dos tercios de los votos presentes en la sesión.
Este grupo cuenta inicialmente con el respaldo de 99 diputados de UxP, 27 de la UCR, 15 de Encuentro Federal, 4 del bloque Innovación, 6 de la Coalición Cívica, 5 de la Izquierda, 2 de Por Santa Cruz y 1 del Movimiento Popular Neuquino.
Definiciones clave y “dudosos”
Pese a que la mayoría del PRO apoya el veto, dos legisladores del partido han manifestado su disconformidad.
Álvaro González, alineado con Horacio Rodríguez Larreta, y Héctor Baldassi anunciaron su voto contra el veto universitario.
Además, Lourdes Arrieta, del monobloque Fuerzas del Cielo – Espacio Liberal F.C.E., también expresó su postura en favor de las universidades, sumando 162 votos en contra del veto.
En tercer lugar, un grupo de diputados permanece indeciso o no ha manifestado públicamente su decisión.
Los tres misioneros del bloque Innovación decidirán una hora antes del comienzo de la sesión, mientras que la dupla que responde al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se encuentra evaluando la posibilidad de apoyar la insistencia de la ley, aunque aún no hay confirmación.
Del mismo modo, los tres tucumanos del bloque Independencia podrían inclinarse a favor del veto, pero sus posturas no han sido oficializadas.
Los ausentes
Se confirmaron las ausencias de cuatro diputados, lo que podría ser decisivo en el conteo final.
Oscar Zago del MID, Ricardo López Murpy de Encuentro Federal y Fernando Carbajal de la UCR se encuentran de viaje, mientras que Héctor Stefani del PRO no asistirá por motivos de salud.
Además, se espera que Pablo Cervi, radical violeta, opte por la abstención, aunque sus colegas podrían seguir diferentes caminos.
Con un poroteo que cambia minuto a minuto, el escenario en la Cámara de Diputados sigue siendo incierto.
El Gobierno, que busca blindar el veto, deberá asegurarse de que ningún aliado falte a la votación, mientras que quienes insisten en la Ley de Financiamiento Universitario necesitarán sumar todas las fuerzas posibles para alcanzar los dos tercios requeridos.
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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