La dirigente social Fernanda Miño, de la UTEP, fue víctima de un allanamiento en su vivienda en Villa La Cava este martes por la noche.

Según denunció Juan Grabois y otros representantes de la UTEP, Miño fue agredida por oficiales policiales, al igual que sus hijas menores. Los oficiales encapuchados y con armas largas, irrumpieron en su domicilio bajo la sospecha de un robo menor (una moto).

El operativo generó un fuerte repudio por parte de organizaciones sociales, que calificaron el operativo como una muestra de violencia institucional y persecución política.

El allanamiento y la denuncia de Grabois

Juan Grabois fue quien hizo pública la situación a través de sus redes sociales, narrando cómo Miño, al regresar de un evento cerca de las 22 horas, fue sorprendida por un grupo de policías que ingresaron violentamente a su vivienda.

“Los vecinos nos informan que cuando abrió la puerta, un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos se metieron violentamente por atrás”, relató el dirigente social.

Grabois también denunció que a Miño no se le permitió comunicarse con su abogado durante el allanamiento, por lo que él y un equipo de abogados de Patria Grande acudieron rápidamente al lugar.

“Hacemos responsable al gobierno de este accionar propio de la dictadura”, expresó Grabois, quien vinculó el operativo con una persecución política hacia los movimientos sociales.

Acusaciones de violencia física

En el lugar del allanamiento se encontraban menores de edad, quienes también habrían sido víctimas de agresiones físicas.

Grabois denunció que uno de los oficiales encapuchados golpeó a Miño y que las niñas que estaban presentes quedaron “totalmente aterrorizadas”.

“Son muy guapos con los pobres, son muy guapos con los villeros”, afirmó Grabois, quien señaló la inacción policial frente al narcotráfico en la zona, en contraste con el accionar violento contra los militantes sociales.

Una auditoría sin pruebas sobre algún delito

Miño, ex responsable del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), había sido previamente investigada por presuntas irregularidades en el manejo de fondos para obras en barrios vulnerables.

Sin embargo, una auditoría realizada por el Poder Ejecutivo no encontró hasta el momento pruebas de corrupción.

Repudio al accionar policial

El allanamiento a Miño ha sido condenado por distintas organizaciones sociales y políticas, que acusan al Gobierno de llevar a cabo prácticas de violencia institucional y persecución a referentes sociales.

Grabois cerró su intervención en redes sociales con una advertencia: “Esto no queda así. No nos chupamos los dedos. Nunca jamás hicieron esto para agarrar a un narco de los que matan a pibes en este barrio”.