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Hidrovía: irregularidades y favoritismos empañan la licitación

A dos semanas de la resolución que definirá qué empresa se hará cargo de su control, crece la tensión empresarial.

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A dos semanas de la apertura de sobres en la licitación para el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el proceso sigue generando disputas entre empresas y el Gobierno. Dos de las empresas que anteriormente denunciaron irregularidades en el pliego de licitación –la belga Dredging International (Deme) y la danesa Rohde Nielsen– volverán a la Justicia para intentar frenar el proceso, luego de que su primera presentación fuera rechazada por el juez contencioso administrativo Enrique Lavié Pico el pasado 15 de enero.

Esta vía navegable es clave para la exportación de granos y subproductos desde Argentina, representando más del 80% de la producción exportable del sector.

Desde el gobierno de Javier Milei aseguran que la licitación avanzará sin modificaciones y que el 12 de febrero se conocerán los oferentes para la concesión del dragado y mantenimiento de la vía.

Empresas cuestionan la licitación

Deme y Rohde Nielsen sostienen que los requisitos de la licitación favorecen a la empresa belga Jan de Nul, concesionaria del servicio desde 1995 y principal candidata a continuar con el contrato por 30 años más, con posibilidad de renovación por otras tres décadas. Estas empresas planean apelar el fallo judicial que desestimó su solicitud de suspensión del proceso licitatorio.

Otra firma que ha expresado disconformidad es la neerlandesa Boskalis, que solicita una concesión más corta, de entre 10 y 15 años. Boskalis también cuestiona que el Gobierno busca beneficiar a Jan de Nul para compensar una deuda de aproximadamente 80 millones de dólares que la extinta Administración General de Puertos (AGP) mantiene con la concesionaria actual.

En representación de las empresas neerlandesas Boskalis y Van Oord, el embajador de los Países Bajos, Mauritz Verheijden, se reunió en diciembre con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para manifestarle su preocupación sobre un presunto direccionamiento del pliego en favor de Jan de Nul.

Por otro lado, la empresa china Shanghai Dredging fue excluida del proceso debido a una cláusula que impide la participación de compañías con capital estatal. Desde el ámbito diplomático y de expertos del sector, esta exclusión ha sido calificada como arbitraria.

Acusaciones políticas y tensiones dentro del sector

Desde el Gobierno insisten en que no hay un favoritismo en la licitación y apuntan contra el expresidente Mauricio Macri, a quien acusan de intentar frenar el proceso para favorecer a Boskalis. Según fuentes cercanas al oficialismo, Macri buscaría “embarrar la cancha” en beneficio de empresas neerlandesas.

El exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ha expresado públicamente su desacuerdo con el proceso licitatorio. Según Dietrich, la posición crítica de su sector responde a la intención de que “a Argentina le vaya bien”, al igual que en otros debates políticos en los que han manifestado su postura.

Expectativas sobre la resolución de la licitación

Fuentes del sector estiman que el 12 de febrero al menos tres empresas podrían presentar ofertas, lo que permitiría validar el proceso licitatorio. De confirmarse la continuidad de Jan de Nul, la empresa mantendría el contrato para la “modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal”, según lo estipulado en el sitio oficial de contrataciones públicas.

El resultado de la licitación será determinante para el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las principales rutas comerciales del país, en un contexto de tensiones entre el Gobierno, actores del sector privado y diplomáticos extranjeros.

Chubut

Crisis en Chubut: protestas, represión y amenaza de “Chubutazo” complican a Torres

El conflicto salarial docente derivó en un reclamo multisectorial que suma presión sobre la gestión provincial. Con movilizaciones, denuncias por accionar policial y convocatoria a una protesta masiva, el escenario político se vuelve cada vez más complejo.

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El Argentino Diario-Ignacio Torres.

Lo que tenés que saber

  • Crecen las protestas de docentes y estatales en Chubut
  • Reclaman salarios que califican como insuficientes
  • La oferta oficial fue del 1,2%
  • Se sumaron trabajadores de salud y otras áreas
  • Hubo denuncias de represión policial en Rawson
  • Convocan a un “Chubutazo” el 6 de mayo
  • El conflicto impacta en la gestión de Ignacio Torres

Reclamo salarial y expansión del conflicto

El conflicto en Chubut se intensifica con el paso de los días a partir del reclamo docente por mejoras salariales. Los trabajadores de la educación denuncian ingresos bajos y rechazan la propuesta del Gobierno provincial.

Con un salario básico cercano a los 304 mil pesos, el sector sostiene que los ingresos se ubican entre los más bajos del país, lo que impulsó medidas de fuerza y movilizaciones.

De protesta docente a frente multisectorial

Lo que comenzó como una protesta puntual se transformó en un reclamo más amplio. Trabajadores de salud, vialidad, producción y otros sectores estatales se sumaron a las medidas.

El conflicto dejó de centrarse exclusivamente en salarios y pasó a configurar un escenario de mayor alcance dentro de la provincia.

Denuncias por represión en Rawson

La situación se agravó tras un operativo policial frente al Ministerio de Educación en Rawson.

Manifestantes denunciaron el uso de gas pimienta, golpes y la existencia de docentes que requirieron atención médica luego de la movilización.

Convocatoria al “Chubutazo”

En medio de la escalada del conflicto, comenzó a circular la convocatoria a un “Chubutazo”, prevista para el 6 de mayo.

La iniciativa surgió durante una vigilia realizada en la previa del Día del Trabajador, donde se realizaron actividades y una olla popular frente a la sede educativa provincial.

Impacto político en la gestión provincial

El escenario representa un desafío para el gobernador Ignacio Torres, en un contexto donde el conflicto social se combina con tensiones políticas más amplias.

El crecimiento de las protestas y la posibilidad de una movilización masiva agregan presión sobre la administración provincial en medio de negociaciones paritarias en curso.

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