DDHH
Jujuy: Morales instaló una «empresa de espionaje ilegal»
Así lo denunció la Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos.
La Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos denunció hoy el funcionamiento de «una empresa de espionaje ilegal» en Jujuy, con participación de la justicia en el «armado de causas con hipótesis delictivas» y con infiltraciones de la policía en las organizaciones sociales, lo cual «están vulnerando las garantías y derechos constitucionales de la democracia».
En tal sentido, presentaron una denuncia penal en la fiscalía federal de Jujuy contra el ministro de Seguridad de la provincia, Luis Alberto Martín; el jefe de Policía, Héctor Herbas Mejía; el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía provincial, Marcelo Rodríguez; el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Diego Funes y del juez de Control en lo penal y Delitos contra la Administración Pública de Jujuy Rodolfo Fernández «por la presunta comisión de delitos de acción pública, por hechos violatorios de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional».
«La primera acción de esta empresa de espionaje fue infiltrar, ese es el primer hecho que denunciamos, la infiltración (en marchas y movilizaciones). Acá se persiguen a todos los opositores, no hay nadie en particular, se los persigue a todos», dijo a la prensa la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, en la CTA de Jujuy.
«Cometida la infiltración, el fiscal Funes solicita allanamientos, que también constan en la denuncia, y con eso va construyendo hipótesis delictivas de las que el juez de control toma intervención tres meses después», precisó.
Detalló que «se violaron dos leyes federales, por eso la competencia es federal y no pueden desestimarla», dado que «se realizaron tareas de espionaje ilegal sin denuncias previas que vinculen la comisión de una actividad criminal».
«Estas tareas de espionaje ilegal según los hechos y las pruebas que constan en esta denuncia fueron encomendadas a la Agencia de Delitos Complejos provincial», apuntó.
Consideró que «es importante que la población entienda cómo funciona esta estructura judicial policial que estamos denunciando; definitivamente una empresa de espionaje ilegal». Añadió que obedece a «una estrategia» del Gobierno para «el aniquilamiento del que piensa diferente, donde (el gobernador Gerardo) Morales debe ser también el garante de que se cumpla la Constitución Nacional en la provincia, con los debidos procesos, tratados internacionales, así como en todas las jurisdicciones del país».
Carpinetti indicó que toda esta estructura «constituyó una empresa de espionaje ilegal» y la fiscalía «debe investigar los hechos, abrir a prueba e iniciar con las testimoniales».
La denuncia se realizó en el marco de la cuarta visita de la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos a Jujuy con participación de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.
Durante su permanencia en Jujuy para hacer un relevamiento sobre vulneración de derechos, la Comisión visitó Tilcara y San Pedro de Jujuy y advirtió la presencia de un policía que los estaba espiando mientras tomaban las denuncias, dijeron.
«En San Pedro recepcionamos muchísimas denuncias de pequeños productores muy preocupados porque les están iniciando causas, algunos ya imputados, debido a que tienen una orden de desalojo de la tierra que ocupan para la agricultura familiar», relató la abogada del Ministerio de Justicia de la Nación Daniela Verón, integrante de la Comisión.
«Sufrimos un acto de espionaje ilegal, infiltración, en particular lo puedo comentar porque lo sufrimos, era un oficial de policía vestido de civil que también es ayudante de un fiscal», afirmó y dijo que «tras advertirle se retiró».
El referente del Movimiento Evita de Jujuy José Zurita indicó que la práctica del espionaje la «observan continuamente» a través de «la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy que va a las casas de los compañeros y compañeras y le pregunta a los vecinos si los conoce, qué hacen, de qué vive y trabaja».
También esto ocurre, dijo, en los comedores y merenderos donde hay niños y adultos mayores.
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DDHH
Abuso de poder y represión: el cabo Guerrero a juicio oral por las gravísimas lesiones a Pablo Grillo
La Justicia Federal elevó a juicio oral la causa contra el cabo Héctor Guerrero por el uso desproporcionado de la fuerza y las lesiones gravísimas contra el reportero gráfico en 2025.
Autoritarismo y represión: juicio oral para el gendarme que baleó a Pablo Grillo
★ El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la elevación a juicio oral de la causa que tiene como principal imputado al cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, por el ataque perpetrado contra el fotoperiodista Pablo Grillo. Según el dictamen fiscal, el efectivo actuó de manera abusiva y desproporcionada durante la represión a una manifestación de jubilados el 12 de marzo de 2025, donde el trabajador de prensa resultó herido de gravedad por un disparo de arma de gas lacrimógeno efectuado de forma antirreglamentaria.
Un ataque directo contra la prensa y la protesta
El requerimiento de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3 detalló que Guerrero debe enfrentar cargos por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por su condición de integrante de una fuerza de seguridad, junto con el abuso de armas agravado en cinco oportunidades. Para el Ministerio Público, el accionar del gendarme representó un peligro concreto para la vida de las personas presentes, al verificar que los efectivos actuaron bajo una lógica de violencia irracional contra civiles que no representaban amenaza alguna.
Los peritajes técnicos incorporados al expediente confirmaron que el cabo primero efectuó seis disparos con su pistola lanza gases marca FM en un ángulo horizontal. Esta maniobra, estrictamente prohibida por los manuales de procedimiento que exigen disparos parabólicos para evitar impactos directos, fue la que provocó la fractura de cráneo y la pérdida de masa encefálica de Grillo. El fiscal Taiano subrayó que el gendarme poseía la capacitación técnica necesaria para comprender la letalidad de su conducta, pero decidió ejercer sus potestades de manera criminal.
Secuelas permanentes y el rol del Estado
El impacto contra el fotógrafo ocurrió en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís. Como consecuencia de la brutalidad policial, Grillo permaneció internado durante meses y padece hoy un marcado deterioro de sus funciones cognitivas, con secuelas neurológicas que podrían ser permanentes. Este caso se inscribe en un contexto de creciente violencia institucional y criminalización de la protesta social, donde las fuerzas de seguridad han desoído los protocolos básicos de actuación frente a manifestaciones ciudadanas.
La resolución judicial destacó que la agresión se produjo sin que existiera un contexto de agresión que justificara semejante despliegue. Por el contrario, la investigación ratificó que el ataque fue dirigido hacia un reportero gráfico en ejercicio de su labor y hacia manifestantes que ejercían su derecho constitucional a la protesta. La elevación a juicio marca un precedente necesario ante la política de impunidad que suele rodear los operativos represivos bajo mandos que promueven la confrontación constante.
Puntos clave:
- El fiscal Eduardo Taiano elevó a juicio al gendarme Héctor Jesús Guerrero por herir gravemente a Pablo Grillo en marzo de 2025.
- El gendarme disparó seis veces de forma horizontal y antirreglamentaria contra los manifestantes y el fotógrafo.
- Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, lo que le dejó secuelas cognitivas permanentes.
- Los delitos imputados son lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas.
- La fiscalía determinó que el operativo de seguridad fue desproporcionado e irracional.
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