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Legislativo

Bicameral de DNU citó a Posse y Caputo

Tanto el jefe de gabinete como el ministro de economía son responsables del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 firmado por Milei

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La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo resolvió hoy citar a funcionarios del Poder Ejecutivo a partir de la semana que viene, entre los que se destacan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para que expongan sobre los alcances y detalles del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 firmado por Javier Milei a mediados de diciembre del año pasado.

Además la Comisión resolvió incluir en la discusión los más de 100 DNU firmados por el gobierno de Alberto Fernández y que nunca fueron debatidos en la Bicameral.

La reunión de senadores y diputados se prolongó por más de dos horas y media y estuvo marcada por fuertes cruces entre los legisladores del radicalismo, PRO, La Libertad Avanza y Hacemos Coalición Federal, y los del Frente de Todos.

Mientras los primeros apoyaron la moción de citar a los funcionarios y continuar analizando la validez del DNU, el kirchnerismo insistió en que los artículos 19 y 20 de la Ley que reglamenta los Decretos establecían que el documento ya debía ser llevado al recinto para su tratamiento.

«En ningún lado dice que la Bicameral no pueda seguir tratando el DNU», aseguró el diputado porteño de PRO Hernán Lombardi, al responderle a la senadora kirchnerista mendocina, Anabel Fernández Sagasti, quien había cuestionado que la vicepresidenta de la Nación, Victoria VIllarruel, se había negado a facilitar la sesión especial que el Frente de Todos pidió en dos oportunidades.

Por su parte, el diputado bonaerense Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, pronosticó que «este DNU se caerá, aparentemente, de manera inminente en el Senado» y aconsejó comenzar a tratar en la Cámara baja «leyes que vayan reemplazando los diferentes capítulos del DNU».

La advertencia de Massot está vinculada con que el pasado lunes, un grupo de senadores de la oposición no kirchnerista también le reclamó a Villarruel la convocatoria a una sesión especial con el objetivo de rechazar el DNU en el recinto.

No obstante, la Ley que regula la validez de los Decretos establece que deben ser las dos Cámaras del Congreso las que deben rechazar un DNU para que este cese en su alcance.

«Dado que los plazos están vencidos y el pleno no tendrá demasiadas excusas para no convocar cualquier pedido sesión especial, aprovechemos para poder sostener sesiones informativas respecto del DNU», aclaró Massot.

A partir del martes, la Bicameral recibirá, además de a Posse y a Caputo, al ministro de Salud, Mario Russo; al secretario de Transformación del Estado y la Función Pública, Armando Guibert; al secretario de Agricultura Ganadería y Pesca, Fernando Vilela; al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; y al director o autoridad máxima de Anses.

Con objeciones del kirchnerismo, que avisó en el inicio de la reunión que no participarían de la votación de autoridades en desacuerdo con la forma en que se conformó la comisión, el presidente del cuerpo, el libertario Juan Carlos Pagotto dio inicio al encuentro a las 14.

En primer término, los diputados y senadores votaron al nuevo vicepresidente de la Bicameral, Hernán Lombardi (JXC), y al radical Víctor Zimmerman (UCR), que acompañarán a Pagotto en la conducción de los debates.

En el comienzo de los discursos, Zimermann reiteró el pedido para que funcionarios del Poder Ejecutivo asistan a la Bicameral a explicar en detalle aspectos del último DNU del presidente Javier Milei que busca desregular la economía.

El senador radical explicó que este DNU «no impacta en las provincias de la misma manera», algo que hace necesario «sacarse interrogantes y que los funcionarios puedan enriquecer este debate a efectos de que en un tiempo prudencial podamos analizarlo».

Zimmerman aclaró que no solo se debe debatir el DNU 70/23 de Milei, sino que también deben analizarse todos los DNU pendientes, cerca de 170, del gobierno de Alberto Fernández.

La diputada de Unión por la Patria (UxP), Carolina Gaillard, insistió con la impugnación de la comisión por considerar que fue «irregular la constitución, no se respetó la Constitución y se está alterando la voluntad popular» y volvió a cuestionar la cantidad de lugares que se le dieron a UxP en la comisión.

Gaillard pidió tratar el DNU «en el recinto sin demoras y sin dilaciones» en el tramo final de su intervención.

Legislativo

Emergencia en discapacidad: Milei impulsa una reforma que recorta derechos y pensiones

Este miércoles a las 11, organizaciones convocaron a una marcha bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”. La protesta apunta directamente al Ministerio de Salud y busca frenar el avance legislativo. Organizaciones, familias y especialistas denuncian un retroceso que pone en riesgo derechos adquiridos.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.

El ajuste libertario: Desregulación y supuesto fin de la emergencia

El proyecto que el gobierno de Milei envió al Congreso encendió las alarmas en el colectivo de personas con discapacidad. Bajo el título “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, la iniciativa propone cambios de fondo en el sistema de protección vigente y ya generó una convocatoria a movilizarse frente al Ministerio de Salud.

Con Mario Lugones al frente de la cartera, la reforma apunta a modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad y redefinir tanto el acceso como el financiamiento de las prestaciones. Organizaciones, familias y especialistas denuncian un retroceso que pone en riesgo derechos adquiridos.

Empadronamiento obligatorio y amenaza de baja automática

El eje central del proyecto es un reempadronamiento masivo de todas las personas que perciben pensiones por discapacidad. La medida implica:

  • Revalidar condición médica, situación económica y antecedentes laborales.
  • Someter la información a cruces de datos con organismos estatales.
  • Enfrentar suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia.

El punto más cuestionado: si no se cumple con los plazos, la pensión se suspende automáticamente y puede darse de baja sin mayores instancias de revisión.

Pensiones más bajas y sin adicionales

La iniciativa fija el haber en el 70% de la jubilación mínima, pero elimina herramientas de compensación que hoy permiten contemplar situaciones particulares:

  • Se suprimen adicionales por invalidez laboral.
  • Se eliminan plus por zona desfavorable.
  • Se limita la capacidad del Ejecutivo de otorgar aumentos extraordinarios.

Además, la actualización deja de ser mensual por inflación y pasa a un esquema trimestral, lo que implica una pérdida frente a la suba de precios.

Uno de los puntos más regresivos del proyecto es la prohibición absoluta de compatibilizar pensión con empleo formal.

  • Quienes tengan trabajo registrado perderán automáticamente el beneficio.
  • Se eliminan programas de inclusión laboral.
  • Se desincentiva la contratación en empresas.

El mensaje es claro: trabajar implica quedar fuera del sistema de protección.

Desregulación y supuesto fin de la emergencia

El texto también propone derogar artículos clave de la Ley 27.793, lo que en la práctica vacía de contenido la Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada este año y es gobierno libertario insiste es incumplir.

  • Se habilita a Nación, provincias y CABA a negociar fondos sin un esquema unificado.
  • Se desarma el nomenclador nacional de prestaciones.
  • Se abre la puerta a mayor discrecionalidad de obras sociales y prepagas.

La respuesta no tardó en llegar. Referentes del sector, familias y figuras públicas expresaron su repudio. La actriz Lola Berthet fue una de las voces más duras: advirtió que la orientación del proyecto “atenta contra la dignidad y los derechos básicos”.

Este miércoles a las 11, organizaciones convocaron a una marcha bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”. La protesta apunta directamente al Ministerio de Salud y busca frenar el avance legislativo.

El ajuste de Milei

Más allá de los detalles técnicos, el proyecto marca un giro en la concepción del sistema: de un enfoque de derechos hacia uno de control, ajuste y restricción del acceso.

En ese marco, la discusión en el Congreso no será sólo sobre números, sino sobre el lugar que el Estado decide ocupar frente a uno de los sectores más vulnerados.

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