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Abuelas repudia la «ley ómnibus» y llama a «defender la democracia»

«Al protocolo de seguridad y al megadecreto inconstitucional, que oportunamente rechazamos, ahora se suma este proyecto que busca una transformación estructural del Estado concentrando todo el poder en el Ejecutivo», señalaron.

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La asociación Abuelas de Plaza de Mayo repudió este jueves el proyecto de ley ómnibus enviado por el Gobierno y llamó a la dirigencia de todo el arco político, a la justicia, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía, «a defender esta democracia que tanto nos costó conseguir».

«Al protocolo de seguridad y al megadecreto inconstitucional, que oportunamente rechazamos, ahora se suma este proyecto que busca una transformación estructural del Estado concentrando todo el poder en el Ejecutivo», señalaron en un comunicado.

Destacaron que el proyecto de ley busca «criminalizar la protesta social», y utiliza la definición de «legítima defensa para flexibilizar el gatillo fácil y la mano dura» de las fuerzas de seguridad.

También dice que «agrava las penas» para las personas que se expresen en la calle e, incluso, a quienes «dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación». Para las Abuelas, el mayor problema, es que pasa a entender por «manifestación» a cualquier «congregación intencional y temporal de tres o más personas».

Otro punto del proyecto de ley es que retoma la figura de la obediencia debida, «para librar de penas a quienes hubieran obrado en cumplimiento de un deber», y afirma que «la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de la fuerza de seguridad».

Desde Abuelas señalaron que «la democracia está en riesgo», por eso, a 40 años de haberla recuperado, llaman a la dirigencia de todo el arco político, la justicia, las organizaciones de la sociedad civil, y a la ciudadanía, «a defender esta democracia que tanto nos costó conseguir»

En ese sentido, desde la asociación rechazan el proyecto de ley, ya que pretende «una transformación de todas las atribuciones del Estado: penal, tributaria, económica, educativa, cultural, social y previsional», además «avasalla los derechos de los y las argentinas».

Hacia el final del comunicado postulan que «ejercer la máxima autoridad del país, exige responsabilidad y apego a la Constitución». Por tal motivo, piden especialmente a los representantes del pueblo que estén a la «altura del peligro que estamos viviendo».

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ARA San Juan: nueve años, una condena en suspenso y familias que piden justicia

El único condenado, Claudio Villamide, recibió tres años en suspenso. La querella de 34 familias pidió a Casación pena efectiva y revocar las tres absoluciones. «Fue evitable», insistieron.

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Familiares de los tripulantes del ARA San Juan con una bandera y una pancarta

La única condena por el hundimiento del ARA San Juan fue de tres años de prisión en suspenso, y las familias de los 44 tripulantes todavía esperan que Casación la revise. A nueve años de la tragedia, la querella mayoritaria renovó el reclamo de justicia.

El comunicado fue difundido por la abogada Valeria Carreras, que junto a Lorena Arias representa a las familias de 34 de los 44 tripulantes. El texto sostiene que «no fue culpa de la tripulación», que tampoco fue una «tormenta perfecta» ni un accidente, y que «fue evitable». La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal debe fijar todavía la fecha de la audiencia.

El hundimiento

El submarino se hundió el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. Fue hallado un año después, a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur, y los peritajes concluyeron que sufrió una implosión.

Una condena en suspenso y tres absoluciones

El 8 de julio, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión en suspenso, es decir sin cumplimiento efectivo, y a seis años de inhabilitación. En el mismo fallo absolvió a Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento; a Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, y a Hugo Miguel Correa, exjefe de Operaciones.

Los cuatro habían enfrentado cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, y la querella había pedido para todos la pena máxima de cinco años de prisión efectiva. Carreras calificó de «ofensiva» la pena en suspenso.

Por eso la querella recurrió ante Casación. «Solicitamos se amplíe la condena a Villamide al máximo del tipo penal», dijo Carreras, en referencia a los cinco años de cumplimiento efectivo, y pidió revocar las tres absoluciones. El único condenado también presentó un planteo para ser sobreseído. Otra querella, además, reclamó un nuevo juicio en Mar del Plata.

«Esperamos que los jueces cumplan con el suyo», cerraron las familias en el comunicado.

El espionaje a los familiares y el reclamo ante la CIDH

La querella presentó además un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el presunto espionaje a los familiares. En enero de 2018, agentes de la AFI fotografiaron a parientes de los tripulantes, y en diciembre de 2021 el juez federal de Dolores Martín Bava procesó por esos hechos al expresidente Mauricio Macri, a los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y a ocho agentes.

La Cámara Federal porteña los sobreseyó en julio de 2022 por inexistencia de delito y la Casación confirmó esa decisión. En octubre de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos de las querellas y dejó firme el sobreseimiento de Macri, Arribas y Majdalani.

Carreras indicó que todavía no hay novedades en el trámite internacional y que «el reclamo internacional tiene varios pasos y suele ser bastante lento el proceso», aunque se mostró confiada en el resultado. Calificó de «inconcebible el atropello a las garantías constitucionales» cometido en el espionaje.

Lo que tenés que saber

  • A nueve años del hundimiento, la querella reclamó justicia por los 44 tripulantes del ARA San Juan.
  • El único condenado, Claudio Villamide, recibió tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación.
  • La querella pidió a Casación ampliar la pena y revocar las tres absoluciones; Villamide también recurrió.
  • La Corte Suprema dejó firme en octubre de 2025 el sobreseimiento de Macri, Arribas y Majdalani por el espionaje.
  • Las familias llevaron ese caso ante la CIDH, sin novedades por ahora.
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