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Política 📢

José Mujica vota y lanza críticas a Milei

Yamandú Orsi lidera las encuestas en Uruguay; Delgado y Ojeda siguen de cerca.

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Este domingo, Uruguay celebró las elecciones nacionales que definirán al sucesor del presidente Luis Lacalle Pou y renovarán el Parlamento para el período 2025-2030. A las 8:00 hora local, los 7.225 circuitos de votación habilitados en todo el país abrieron sus puertas para recibir a los 2.727.120 ciudadanos mayores de 18 años que están obligados a votar. Los centros electorales cerrarán a las 19:30, con una posible extensión de una hora si aún hay votado en los locales.

Los cómicos, caracterizados por la obligatoriedad del voto y la imposibilidad de sufragio para los uruguayos en el exterior, se desarrollan en un clima de expectativa por una posible segunda vuelta el próximo 24 de noviembre si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos.

Los Candidatos y las Propuestas

El ex intendente de Canelones, Yamandú Orsi, representante del Frente Amplio (FA), lidera las encuestas con un promedio del 45% de la intención de voto. Orsi, de 57 años y docente de historia, prometió “diálogo, honestidad y crecimiento económico con inclusión social” en su campaña. En segundo lugar, con un 25% de respaldo, se ubica Álvaro Delgado, ex secretario de la presidencia y candidato del Partido Nacional (PN). Delgado, veterinario y ex senador, propuso un “segundo piso de transformaciones” basado en las políticas de Lacalle Pou, quien, por disposición constitucional, no puede presentarse para una reelección inmediata.

Una sorpresa en la contienda es Andrés Ojeda, abogado de 40 años, quien elevó la intención de voto del histórico Partido Colorado (PC) a un 16% y se definió como “pragmático” en términos ideológicos.

El PN lidera la Coalición Republicana (CR), una alianza de cuatro partidos, incluido el PC, que en esta instancia compiten por separado pero planean un apoyo mutuo en un eventual balotaje frente al FA.

La Influencia de Mujica y su Crítica al Gobierno Argentino

El ex presidente José «Pepe» Mujica, de 89 años, uno de los primeros en votar, respaldó públicamente a Orsi y criticó en una breve conversación con la prensa la situación en Argentina bajo la administración de Javier Milei. «Pepe» expresó que era “difícil que en la Argentina haya un gobierno bueno” y agregó que “el que hay ahora… está acentuando la pobreza”.

Acompañamiento Militar y Logística Electoral

El acto eleccionario cuenta con la colaboración de aproximadamente 40.000 funcionarios que trabajan en los centros de votación, y más de 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas se encargan de custodiar las urnas, mientras un número similar de policías controla la seguridad en los festejos. Desde el viernes a medianoche, rige una veda electoral que prohíbe la difusión de propaganda política y encuestas, así como la venta de bebidas alcohólicas.

En Uruguay, el voto obligatorio conlleva sanciones económicas para quienes no cumplan sin justificación, estableciéndose multas de 1.740 pesos (41 dólares) que se duplican en el caso de funcionarios públicos.

Reformas Constitucionales en Juego

Simultáneamente a la elección presidencial y parlamentaria, los ciudadanos votan sobre dos plebiscitos de reforma constitucional. Uno de ellos, promovido por sectores del FA, propone modificar el sistema de Seguridad Social, eliminando la jubilación privada y elevando la edad mínima de retiro a 60 años, un cambio rechazado por los principales candidatos. El segundo, impulsado por el PN y el PC, busca autorizar los allanamientos nocturnos en domicilios.

Los resultados de estos plebiscitos podrían redefinir aspectos significativos de la vida política y social del país, reflejando una encrucijada para Uruguay en temas de seguridad y sistema previsional.

Economía 💲

Fallo por universidades: Caputo debe pagar $2,5 billones y el «superávit» entra en crisis

Un fallo judicial obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a universidades. El vencimiento impacta en el equilibrio fiscal, supera desembolsos recientes y reabre el conflicto por fondos, salarios y funcionamiento del sistema educativo.

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Lo que tenés que saber:

  • La Justicia ordenó transferir fondos a universidades por ley vigente
  • El plazo de pago vence y tensiona el esquema fiscal del Gobierno
  • El Ejecutivo evalúa apelar mientras busca alternativas para evitar el impacto
  • Universidades y gremios anticipan medidas y posibles protestas
  • El conflicto reabre el debate sobre financiamiento educativo

Un fallo judicial que obliga a pagar

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrenta el vencimiento de un fallo que ordena transferir fondos a las universidades nacionales en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y obliga al Ejecutivo a ejecutar el gasto, limitando la posibilidad de postergar pagos como venía ocurriendo.

Impacto directo en el relato del equilibrio fiscal

El monto exigido representa un desafío para el esquema económico del gobierno de Javier Milei.

El pago forzado convierte esos compromisos en una erogación inmediata, con impacto en las cuentas públicas.

Estrategia oficial: apelar y ganar tiempo

Dentro del Gobierno analizan recurrir a la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa vía judicial no suspende automáticamente la obligación de pago.

En paralelo, se evalúa enviar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema de financiamiento universitario.

Universidades en alerta y posible conflicto

Las casas de estudio y los gremios docentes mantienen la presión para que se cumpla la ley. El sistema universitario enfrenta dificultades para sostener salarios y gastos operativos.

Además, se anticipan medidas de fuerza y posibles movilizaciones similares a las registradas en años recientes.

El reclamo involucra a todo el sistema público, con decenas de instituciones afectadas por la falta de actualización presupuestaria.

Un conflicto que escala en el plano político

El fallo judicial se suma a otros frentes abiertos vinculados a transferencias y obligaciones del Estado.

La tensión se amplifica en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre el gasto público, lo que complica la estrategia económica del Gobierno.

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