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Judiciales ⚖️

La investigación por los vuelos de Adorni se extendió y Lijo ordenó nuevos allanamientos

El juez federal Ariel Lijo amplió el radio de la investigación sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni: a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, dispuso allanamientos y sumó dos nuevas líneas de pesquisa que se acumulan a la causa original por el vuelo privado a Punta del Este. El vocero presidencial, que juró haber pagado de su bolsillo, enfrenta ahora un expediente que toca sus traslados en el avión oficial ARG-01 y una propiedad en un country privado.

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La causa se multiplicó: tres frentes abiertos al mismo tiempo

Lo que comenzó como una investigación por un vuelo privado desde Punta del Este derivó, en pocas semanas, en un mapa judicial de tres causas simultáneas. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo la ampliación de las medidas investigativas, y el magistrado las concedió.

Las tres líneas abiertas son:

  • El vuelo a Punta del Este: la causa original, que investiga si Adorni viajó a Uruguay en un avión privado costeado por terceros, en posible violación a las normas de ética pública y conflicto de intereses.
  • El uso del ARG-01: la aeronave presidencial que, según trascendidos judiciales, Adorni habría utilizado en circunstancias que la fiscalía considera irregulares o que, al menos, merecen ser aclaradas con documentación oficial.
  • La propiedad en un country: el tercer vector de la investigación indaga sobre un inmueble en una urbanización privada cuya titularidad o financiamiento presentaría inconsistencias con la declaración patrimonial del funcionario.

La acumulación de causas en torno a un mismo funcionario en ejercicio es, por sí sola, un dato de magnitud política que el oficialismo intentó minimizar.

Allanamientos y documentación secuestrada

La noche previa a la declaración del testigo clave Agustín Issin, efectivos de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) allanaron las oficinas de la empresa Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando. El operativo fue ordenado por Lijo y tuvo como objetivo secuestrar documentación contable, registros bancarios y evidencia sobre otros vuelos operados por la firma.

El juez también requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informes sobre la situación fiscal de Alpha Centauri y del periodista Marcelo Grandio, quien figura en las facturas como contratante de al menos parte del servicio aeronáutico que trasladó a Adorni y su familia.

Con los nuevos allanamientos dispuestos por Pollicita y ejecutados bajo orden de Lijo, la causa dio un salto cualitativo: pasó de la reconstrucción documental de un vuelo a la búsqueda activa de un patrón de conducta.

El testigo Issin declaró ante Lijo

Agustín Issin Hansen, piloto y broker aeronáutico de 46 años, declaró ante el juez Lijo en los tribunales de Comodoro Py. La declaración fue a pedido del propio Issin, según informaron fuentes judiciales.

Issin tiene en su haber 25 años de trayectoria en aviación: pasó por Latam, Sunny Sky, Jet Clipper, American Logistic y Royal Class, y trabaja actualmente como piloto corporativo en Consultatio, la empresa del empresario Eduardo Constantini. Su nombre apareció en la causa porque varias facturas del servicio de vuelo fueron emitidas a su nombre.

Su versión ante la Justicia apuntó a deslindar responsabilidades: sostuvo que actuó como broker, que quien reservó y pagó fue Grandio, y que él simplemente emitió la factura por esa gestión. Sin embargo, la cronología de los documentos que la Justicia tiene en su poder generó más preguntas que respuestas.

Las facturas que no cierran

El cuadro probatorio que maneja el juez Lijo es concreto. La Justicia incorporó a la causa una factura de Alpha Centauri a Issin por un paquete de diez viajes valuado en 42.250 dólares, abonados en efectivo según el documento. Además, TN difundió una factura por 3.000 dólares emitida por Issin al periodista Grandio, fechada el 9 de marzo, tres semanas después del vuelo y el mismo día en que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez del caso en público.

El vuelo de ida figura a nombre de Imhouse SA, la productora de Grandio. En ese tramo viajaron Adorni, su esposa, sus hijos y el propio Grandio. En el regreso, solo Adorni y su familia. La empresa Alpha Centauri informó a requerimiento judicial que el vuelo de ida costó 4.830 dólares, transferidos en pesos, y que la factura correspondiente fue emitida a nombre de Imhouse.

Grandio, a su vez, dio versiones contradictorias: primero dijo que fue «invitado» por Adorni y que el jefe de Gabinete pagó el viaje «con plata del Estado»; luego se desdijo y sostuvo que pagaron «a medias». Ninguna de esas versiones coincidió plenamente con la documentación.

Adorni repitió su versión; la Justicia siguió su curso

Frente a la acumulación de evidencia, Adorni declaró en la conferencia de prensa de la Casa Rosada: «Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué». La frase fue celebrada en redes por simpatizantes del oficialismo como señal de hartazgo frente al «lawfare». Pero ni las facturas del vuelo de ida ni las del regreso registraron su nombre como pagador.

La Justicia no respondió a declaraciones periodísticas. Siguió su curso.

El contexto: opacidad y conflicto de intereses en el gabinete

La investigación sobre Adorni se inscribió en un patrón más amplio de opacidad en el manejo de recursos y privilegios por parte de funcionarios del gobierno de Javier Milei. El uso de aviones privados financiados por privados, el acceso a propiedades que no aparecen con claridad en las declaraciones juradas, y la utilización de aeronaves oficiales para fines no acreditados forman un triángulo que la fiscalía decidió explorar en su totalidad.

En ese marco, el rol del juez Lijo también generó tensiones. Con su pliego como candidato a la Corte Suprema todavía en juego al momento en que la causa tomó estado público, algunos sectores cuestionaron su independencia para investigar a un funcionario del gobierno que debía avalar —o no— su designación. Lijo, sin embargo, ordenó los allanamientos y habilitó la ampliación de la causa.

Puntos clave

  • El juez Ariel Lijo ordenó nuevos allanamientos a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
  • La investigación se extendió a tres causas: vuelo a Punta del Este, uso del ARG-01 y propiedad en un country.
  • El testigo Agustín Issin declaró ante Lijo y ofreció una versión que no cerró con los documentos.
  • Las facturas secuestradas muestran inconsistencias con las declaraciones públicas de Adorni y Grandio.
  • Alpha Centauri fue allanada; se secuestró documentación contable y bancaria.
  • Adorni insistió en que pagó el vuelo, pero su nombre no aparece en ninguna factura.

Corrientes

Juicio Loan: el exintendente reconoció pagos a la supuesta Fundación Dupuy

El exintendente de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, reconoció ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes pagos de hasta 2,8 millones de pesos a los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy. Este jueves declaran un cura, un vidente y otros cinco testigos en el megajuicio por la desaparición de Loan Peña.

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El Argentino Diario-Caso Loan Danilo Peña.
Juicio Loan: este jueves declaran siete testigos, entre ellos un cura, un vidente y un policía.

La partida que el Gobierno provincial envió al Municipio de 9 de Julio para los gastos operativos de la búsqueda de Loan fue transferida a una de las acusadas de integrar la falsa fundación. Lo declaró bajo juramento el propio exintendente, en una de las audiencias más reveladoras del juicio.

Hugo Sebastián Ynsaurralde, jefe comunal de 9 de Julio cuando desapareció el niño, declaró este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, en el debate oral contra 17 acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña. Explicó cuál fue su relación con los diez imputados de la causa paralela, quienes se presentaron al inicio de la investigación como integrantes de la Fundación Dupuy.

Honorarios, pericias e informes

El exintendente reconoció pagos de hasta 2,8 millones de pesos y detalló el destino del dinero que recibió el Municipio para la búsqueda. “Fueron enviados directamente a Cutaia. Ella facturó y se especificaban los honorarios profesionales, pericias e informes de pericia”, sostuvo ante el Tribunal.

La acusación sostiene que ese grupo montó falsas pericias, maniobras de distracción y presiones sobre los menores que presenciaron los hechos. Además, la pertenencia a la Fundación Lucio Dupuy fue desmentida por su titular. El testimonio de Ynsaurralde instala una pregunta que el juicio deberá responder: cómo llegaron recursos públicos destinados a encontrar a un nene de cinco años a manos de quienes la Fiscalía acusa de obstaculizar esa misma búsqueda.

Una abogada que se corrió de la causa

También declaró Mónica Rafaela Méndez, abogada de Corrientes, que se comunicó con Cutaia y asesoró a Macarena Peña, hija de la imputada Laudelina Peña. Contó que se apartó de la causa porque “no le gustó la forma en la que se manejaban”.

En la misma audiencia prestaron testimonio Jesús Maximiliano Duarte, el comisario José Raúl Rodríguez, Gladis Raquel Bross y Ronaldo Milton Romero.

Un cura, un vidente y una falsa aparición

La jornada de este jueves tiene siete testigos: Fernando Ariel Gálvez, Noelia Sotelo, María Quintina Blanco, Cristian González, Juan Martín Ledesma Santinón, Vicente Gustavo Martínez y Natali Rojas.

Gálvez es vidente y entregó su celular a los investigadores para que revisaran la comunicación que mantuvo con el acusado Daniel Ramírez cuando Loan ya estaba desaparecido. González, cura de 9 de Julio, contará lo que escuchó en la casa de la abuela Catalina en los días posteriores a la desaparición. Blanco, amiga de la imputada Laudelina Peña, conversó con ella mientras se buscaba al niño sobre la falsa aparición; el policía Martínez también declarará sobre ese episodio.

Un juicio con dos frentes y 17 acusados

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en 9 de Julio, durante un almuerzo familiar. El debate, que comenzó en junio de 2026, unificó dos causas: siete imputados por la sustracción y el ocultamiento del niño, y diez por obstaculizar la investigación, entre ellos quienes se presentaron como miembros de la Fundación Dupuy.

Antes del inicio del juicio, el fiscal federal Carlos Schaeffer planteó que el objetivo de la acusación es “romper el cruel pacto de silencio” sobre lo ocurrido con Loan. Más de dos años después, cada testimonio busca acercar una respuesta que su familia todavía espera.

Lo que tenés que saber

  • Hugo Sebastián Ynsaurralde, exintendente de 9 de Julio, reconoció pagos de hasta 2,8 millones de pesos a los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy.
  • Según su testimonio, la partida provincial para la búsqueda fue enviada directamente a Cutaia, quien facturó honorarios, pericias e informes.
  • La abogada Mónica Rafaela Méndez declaró que se apartó de la causa porque no le gustó la forma de manejarse del grupo.
  • Este jueves declaran siete testigos, entre ellos un cura, un vidente y un policía.
  • El juicio ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes tiene 17 acusados.
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