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Judiciales ⚖️

La investigación por los vuelos de Adorni se extendió y Lijo ordenó nuevos allanamientos

El juez federal Ariel Lijo amplió el radio de la investigación sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni: a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, dispuso allanamientos y sumó dos nuevas líneas de pesquisa que se acumulan a la causa original por el vuelo privado a Punta del Este. El vocero presidencial, que juró haber pagado de su bolsillo, enfrenta ahora un expediente que toca sus traslados en el avión oficial ARG-01 y una propiedad en un country privado.

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La causa se multiplicó: tres frentes abiertos al mismo tiempo

Lo que comenzó como una investigación por un vuelo privado desde Punta del Este derivó, en pocas semanas, en un mapa judicial de tres causas simultáneas. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo la ampliación de las medidas investigativas, y el magistrado las concedió.

Las tres líneas abiertas son:

  • El vuelo a Punta del Este: la causa original, que investiga si Adorni viajó a Uruguay en un avión privado costeado por terceros, en posible violación a las normas de ética pública y conflicto de intereses.
  • El uso del ARG-01: la aeronave presidencial que, según trascendidos judiciales, Adorni habría utilizado en circunstancias que la fiscalía considera irregulares o que, al menos, merecen ser aclaradas con documentación oficial.
  • La propiedad en un country: el tercer vector de la investigación indaga sobre un inmueble en una urbanización privada cuya titularidad o financiamiento presentaría inconsistencias con la declaración patrimonial del funcionario.

La acumulación de causas en torno a un mismo funcionario en ejercicio es, por sí sola, un dato de magnitud política que el oficialismo intentó minimizar.

Allanamientos y documentación secuestrada

La noche previa a la declaración del testigo clave Agustín Issin, efectivos de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) allanaron las oficinas de la empresa Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando. El operativo fue ordenado por Lijo y tuvo como objetivo secuestrar documentación contable, registros bancarios y evidencia sobre otros vuelos operados por la firma.

El juez también requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informes sobre la situación fiscal de Alpha Centauri y del periodista Marcelo Grandio, quien figura en las facturas como contratante de al menos parte del servicio aeronáutico que trasladó a Adorni y su familia.

Con los nuevos allanamientos dispuestos por Pollicita y ejecutados bajo orden de Lijo, la causa dio un salto cualitativo: pasó de la reconstrucción documental de un vuelo a la búsqueda activa de un patrón de conducta.

El testigo Issin declaró ante Lijo

Agustín Issin Hansen, piloto y broker aeronáutico de 46 años, declaró ante el juez Lijo en los tribunales de Comodoro Py. La declaración fue a pedido del propio Issin, según informaron fuentes judiciales.

Issin tiene en su haber 25 años de trayectoria en aviación: pasó por Latam, Sunny Sky, Jet Clipper, American Logistic y Royal Class, y trabaja actualmente como piloto corporativo en Consultatio, la empresa del empresario Eduardo Constantini. Su nombre apareció en la causa porque varias facturas del servicio de vuelo fueron emitidas a su nombre.

Su versión ante la Justicia apuntó a deslindar responsabilidades: sostuvo que actuó como broker, que quien reservó y pagó fue Grandio, y que él simplemente emitió la factura por esa gestión. Sin embargo, la cronología de los documentos que la Justicia tiene en su poder generó más preguntas que respuestas.

Las facturas que no cierran

El cuadro probatorio que maneja el juez Lijo es concreto. La Justicia incorporó a la causa una factura de Alpha Centauri a Issin por un paquete de diez viajes valuado en 42.250 dólares, abonados en efectivo según el documento. Además, TN difundió una factura por 3.000 dólares emitida por Issin al periodista Grandio, fechada el 9 de marzo, tres semanas después del vuelo y el mismo día en que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez del caso en público.

El vuelo de ida figura a nombre de Imhouse SA, la productora de Grandio. En ese tramo viajaron Adorni, su esposa, sus hijos y el propio Grandio. En el regreso, solo Adorni y su familia. La empresa Alpha Centauri informó a requerimiento judicial que el vuelo de ida costó 4.830 dólares, transferidos en pesos, y que la factura correspondiente fue emitida a nombre de Imhouse.

Grandio, a su vez, dio versiones contradictorias: primero dijo que fue «invitado» por Adorni y que el jefe de Gabinete pagó el viaje «con plata del Estado»; luego se desdijo y sostuvo que pagaron «a medias». Ninguna de esas versiones coincidió plenamente con la documentación.

Adorni repitió su versión; la Justicia siguió su curso

Frente a la acumulación de evidencia, Adorni declaró en la conferencia de prensa de la Casa Rosada: «Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué». La frase fue celebrada en redes por simpatizantes del oficialismo como señal de hartazgo frente al «lawfare». Pero ni las facturas del vuelo de ida ni las del regreso registraron su nombre como pagador.

La Justicia no respondió a declaraciones periodísticas. Siguió su curso.

El contexto: opacidad y conflicto de intereses en el gabinete

La investigación sobre Adorni se inscribió en un patrón más amplio de opacidad en el manejo de recursos y privilegios por parte de funcionarios del gobierno de Javier Milei. El uso de aviones privados financiados por privados, el acceso a propiedades que no aparecen con claridad en las declaraciones juradas, y la utilización de aeronaves oficiales para fines no acreditados forman un triángulo que la fiscalía decidió explorar en su totalidad.

En ese marco, el rol del juez Lijo también generó tensiones. Con su pliego como candidato a la Corte Suprema todavía en juego al momento en que la causa tomó estado público, algunos sectores cuestionaron su independencia para investigar a un funcionario del gobierno que debía avalar —o no— su designación. Lijo, sin embargo, ordenó los allanamientos y habilitó la ampliación de la causa.

Puntos clave

  • El juez Ariel Lijo ordenó nuevos allanamientos a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
  • La investigación se extendió a tres causas: vuelo a Punta del Este, uso del ARG-01 y propiedad en un country.
  • El testigo Agustín Issin declaró ante Lijo y ofreció una versión que no cerró con los documentos.
  • Las facturas secuestradas muestran inconsistencias con las declaraciones públicas de Adorni y Grandio.
  • Alpha Centauri fue allanada; se secuestró documentación contable y bancaria.
  • Adorni insistió en que pagó el vuelo, pero su nombre no aparece en ninguna factura.

Investigación 🔎

Espert a indagatoria por lavado vinculado al narcoempresario Machado, condenado en EE.UU.

El juez federal Lino Mirabelli fijó para el próximo martes la declaración indagatoria del ex diputado libertario. También fue citado su contador, Mariano Cosentino. La causa gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares que la Justicia considera un intento de blanquear fondos de origen ilícito.

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El Argentino Diario-José Luis Espert.

El juez federal Lino Mirabelli fijó para el próximo martes la declaración indagatoria del ex diputado libertario José Luis Espert. La convocatoria se produjo a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez y alcanzó también al contador del imputado, Mariano Cosentino. La causa investiga una transferencia de 200.000 dólares que la Justicia considera un intento de blanquear fondos vinculados al narcotráfico internacional.

El ex diputado José Luis Espert deberá declarar ante la Justicia federal el próximo martes. El juez Lino Mirabelli dispuso la citación a indagatoria luego de que el fiscal federal Fernando Domínguez lo solicitara formalmente en los días previos. La audiencia involucra también al contador de Espert, Mariano Cosentino, cuya vinculación con la operatoria financiera investigada es objeto de análisis por parte de los investigadores.

La transferencia de los 200.000 dólares y la conexión con Machado

En el centro de la investigación se encuentra una transferencia de 200.000 dólares que el empresario aeronáutico Federico «Fred» Machado realizó a favor de Espert. El ex legislador sostuvo desde el inicio de la causa que ese dinero correspondía a honorarios por un contrato de asesoría minera en Guatemala. Sin embargo, la Justicia determinó que ese documento era falso: Espert nunca viajó a ese país y las minas referenciadas en el contrato no se encontraban operativas.

La figura de Machado resulta central para comprender la dimensión de la causa. El empresario fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico internacional. En ese contexto, la fiscalía sostiene que los fondos recibidos por Espert tendrían origen ilícito y que el contrato de consultoría habría funcionado como mecanismo para dar apariencia de legalidad a esa transferencia.

Autos de alta gama y fideicomisos inmobiliarios

La investigación no se limita al origen de los fondos. El fiscal Domínguez sostiene que Espert habría utilizado parte de ese dinero de procedencia presuntamente ilícita para adquirir vehículos de alta gama e integrar cuotas en un fideicomiso inmobiliario. Esas operaciones son analizadas como posibles eslabones de una cadena destinada a disimular el origen del capital recibido de Machado.

Bienes congelados y prohibición de innovar

La situación procesal de Espert es de creciente presión. El ex candidato de La Libertad Avanza mantiene una prohibición de innovar sobre su patrimonio, y el total de sus bienes y cuentas financieras se encuentra congelado de manera preventiva por disposición judicial. La citación a indagatoria del próximo martes representa la escalada más significativa de la causa hasta el momento, ya que será la primera vez que Espert deba responder formalmente ante el magistrado.

En junio pasado, la Cámara Federal de San Martín confirmó la prohibición de innovar y el congelamiento de bienes, en un fallo que además instó al juzgado de primera instancia a acelerar el trámite del expediente. Esa resolución fue el segundo revés consecutivo para la defensa de Espert, que previamente también había fracasado en su intento de unificar los dos expedientes que enfrenta el ex legislador en distintas jurisdicciones.

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