Judiciales ⚖️
Ganancias: Tailhade detalló la fortuna de los jueces
El diputado contó que un conocido fiscal abiertamente opositor pasó de declarar 13 dólares en 2016 a 214.500 en la actualidad sin pagar un peso del tributo que alcanza al resto de los asalariados registrados.
El diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade se refirió durante el debate del Presupuesto a la fallida intención de que los jueces, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias. El legislador consideró que “las declaraciones juradas de los jueces de la Corte son una vergüenza, un bochorno”. La oposición se unió para rechazarlo.
“La ley que obliga a todos los funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público a pagar el impuesto a las Ganancias no es la única ley que incumplen los magistrados: entre otras incumplen con la 26.871 que es la del Ingreso Democrático al Poder Judicial y al Ministerio Público, incumplen la 26.856 que es la Ley de Publicidad del Poder Judicial, incumplen la 26.857 que era una reforma de la Ley de Ética Pública”, indicó Tailhade .
El diputado recordó que la propia Corte Suprema, a través de sus cuatro ministros, “ya se ha manifestado públicamente a favor: Rosenkrantz y Rosatti lo han hecho en las audiencias públicas en el Senado, Lorenzetti en distintas declaraciones periodistas, y el ministro Maqueda cuando era diputado nacional votó en 2016 la 24.631, que justamente derogaba las extensiones”.
En este sentido es que dio detalles de las declaraciones juradas de algunos de los magistrados: “Por ejemplo, Borinsky, el juez del padel, declaró tres departamentos en Colegiales, dos construidos entre 2016 y 2019; no paga Ganancias. Pablo Bertuzzi en 2015 declaró un Toyota Corolla valuado en 230 mil pesos y deudas por 350 mil pesos, en 2017, una semana después de impulsar el juicio contra Amado Boudou, se compró una casa de 476 metros cuadrados en Temperley y a fin de ese año, el otrora indigente, declaró 70 mil dólares en Estados Unidos y otras dos cajas de ahorro con 91.500 dólares”.
Y prosiguió: “Eduardo Casal tenía en 40 años de profesión 100 mil dólares, en 3 años de procurador interino, esos 136 mil dólares los llevó a 439 mil cash. Su esposa Ana María de Rosa es prosecretaria administrativa en la Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal, ¿saben cuándo se creó esto? En 2018 la creó Casal y la puso a la mujer como prosecretaria. Ninguno de los dos pagan Ganancias”.
Además, mencionó a Mario Villar, “el fiscal de Casación que va a ser la próxima estrellita del lawfare ahora en noviembre cuando tenga que discutir en Casación Hotesur y Los Sauces. Pasó de 180 mil dólares a 385 mil en tres años. También abrió una cuenta en el exterior y ahorró 1 millón y medio de pesos en esos tres años. La esposa es la secretaria del fiscal Luciani. Tampoco pagan Ganancias”.
Finalmente, se refirió al fiscal Raúl Pleé, “con nueve propiedades, y un departamento que compró el 23 de agosto de 2018 cash 240 mil dólares, no paga Ganancias”; y a “Ricardo Sáenz en 2016 tenía 13 dólares en el banco, tres años después 214.500 dólares en efectivo, tampoco paga Ganancias”.
“Así que la verdad me parece bastante bochornoso que los jueces estén dando vuelta acá intentando evitar que cumplan con la ley como todos los argentinos cumplimos”, concluyó.
Buenos Aires
Mientras Milei recorta, Morón apuesta por el Estado presente frente a la violencia escolar
El municipio que conduce Lucas Ghi convocó a la Provincia, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud para articular respuestas frente a la ola de violencia que sacude las aulas de todo el país.
Morón toma la iniciativa: acción conjunta con la Provincia para blindar las escuelas
★ En un contexto marcado por una preocupante escalada de amenazas y hechos de violencia en escuelas de todo el país, el municipio de Morón tomó la iniciativa y convocó una reunión de trabajo junto a representantes del área de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad bonaerenses y distintas áreas del gabinete local, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y abordaje en el ámbito escolar.
La jornada, impulsada por el intendente Lucas Ghi, fue encabezada por la inspectora jefa regional Eliana González Di Martino; la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Elva Pereira; y la inspectora jefa distrital Natalia Díaz. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad Damián Cardoso, el secretario de Salud Jacobo Netel, el concejal José María Ghi y la subsecretaria de Educación municipal Lorelei Arnaudin, junto a otros miembros del gabinete.
El Estado municipal frente a una crisis que el Gobierno nacional ignora
La reunión se inscribe en un momento de alta tensión en las escuelas argentinas. El tiroteo del 3 de abril en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a su compañero Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes, abrió una crisis que desde entonces se propagó como un reguero de pólvora: en las semanas siguientes, se multiplicaron las amenazas en escuelas de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y otras provincias.
Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof instruyó a las autoridades escolares bonaerenses para que intervengan ante hechos graves y pidió a estudiantes y docentes que no viralicen los mensajes intimidatorios. La Dirección General de Cultura y Educación provincial reconoció la existencia de una comunidad digital que exalta este tipo de ataques y señaló que el Ministerio de Seguridad la mantiene bajo monitoreo.
En Morón, la respuesta fue dar un paso más: en lugar de limitarse a instrucciones protocolares, el municipio convocó una mesa de articulación interinstitucional con actores concretos, capaz de generar «respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de conflicto», según informó el propio municipio.
«Mi Escuela Segura»: convivencia, diálogo y responsabilidad comunitaria
El encuentro se enmarca en la campaña municipal «Mi Escuela Segura», una iniciativa que apunta a generar conciencia sobre la importancia de la convivencia, el diálogo y la responsabilidad en la comunidad educativa, y que busca dotar a docentes, familias y estudiantes de herramientas concretas de intervención ante situaciones de conflicto.
Durante la jornada se compartieron recursos de intervención y se avanzó en la articulación de acciones conjuntas entre el nivel municipal y el provincial. El enfoque adoptado contrasta con las propuestas que circularon desde el Gobierno nacional, que en los últimos años privilegió el recorte presupuestario en áreas de contención escolar por sobre la inversión en equipos de salud mental, orientación y acompañamiento en las aulas.
El gremio docente SUTEBA ya había alertado, en el pico de la crisis posterior al tiroteo de San Cristóbal, que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias». La articulación que pone en marcha Morón responde, al menos en el plano local, exactamente a ese reclamo.
Un municipio que apuesta por el Estado presente
La iniciativa de Morón refuerza una concepción de la gestión pública que privilegia la intervención temprana y el trabajo conjunto sobre la respuesta punitiva. Mientras el debate nacional oscila entre propuestas de mayor seguridad física en los edificios escolares y proyectos que elevan penas para delitos cometidos en instituciones educativas, el municipio del oeste bonaerense elige el camino de la prevención con base comunitaria.
La articulación con la Provincia, la presencia de fuerzas de seguridad con un rol de coordinación y no solo de control, y la incorporación del área de salud como parte de la respuesta dan cuenta de un abordaje integral que reconoce la complejidad del problema.
Puntos clave:
- El municipio de Morón convocó una reunión interinstitucional con la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad y áreas de salud para fortalecer la prevención de la violencia escolar.
- La iniciativa fue impulsada por el intendente Lucas Ghi y se enmarca en la campaña «Mi Escuela Segura».
- El encuentro se produce en un contexto de ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, tras el trágico caso de San Cristóbal, Santa Fe.
- El gobierno de Kicillof instruyó a autoridades bonaerenses para actuar ante hechos graves y monitorear comunidades digitales que exaltan este tipo de ataques.
- El SUTEBA denunció que la violencia escolar es consecuencia del «corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades» en materia de niñeces y adolescencias.
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