El PRO, principal fuerza opositora dialoguista y muchas veces aliada a La Libertad Avanza (LLA), rechazó este martes el intento del Gobierno libertario por designar al juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema mediante un decreto presidencial.

Durante un encuentro encabezado por Mauricio Macri, el titular del bloque en el Senado, Alfredo De Angeli, confirmó la negativa a la salida de la reunión del PRO, convocada para definir su postura al respecto los nombramientos. Horacio Rodríguez Larreta, también líder del espacio, calificó la maniobra como «un ataque a la división de poderes». La medida reactivó el debate sobre el uso de DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) para decisiones judiciales estratégicas, en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y la oposición.

Un juez de casos sensibles: de Comodoro Py a la Corte

Ariel Lijo, actual titular del Juzgado Federal N°4, acumula polémicas desde su ascenso durante el gobierno de Cristina Fernández (2007). Presidió causas emblemáticas como los cuadernos de las coimas K y el caso Ciccone, vinculado a la familia Kirchner. Expertos consultados por este medio recuerdan que en 2022 el Consejo de la Magistratura le abrió un sumario por presuntas irregularidades en el manejo de expedientes. «Su designación por decreto, sin acuerdo legislativo, consolida la captura política de la justicia», señaló Roberto Gargarella, constitucionalista de la UBA.

El Fantasma de los DNU y la Herencia de Macri

El gobierno defendió la medida alegando «urgencia institucional» ante la vacante en el máximo tribunal desde 2021. Sin embargo, datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas (CIPPEC) revelan que Argentina acumula 15 designaciones judiciales vía DNU desde 1983, 9 de ellas durante gestiones peronistas. Para el diputado del PRO, Emiliano Yacobitti, «este método fue criticado por el propio Alberto Fernández cuando Mauricio Macri lo usó en 2016». La paradoja no pasó desapercibida: quien hoy cuestiona los decretos, gobernó con ellos.

Advierten sobre un «Terremoto Constitucional»

Organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) alertaron que la designación viola el artículo 99 de la Constitución, que exige acuerdo senatorial. «Es un golpe a la independencia judicial que iguala al gobierno con prácticas autoritarias regionales», denunció María Capurro Robles, directora ejecutiva de Poder Ciudadano. El riesgo, según un informe de la Fundación Libertad y Progreso, es que se habilite un precedente para cubrir las otras dos vacantes con jueces afines sin debate público.

El Termómetro de una Democracia Fatigada

El conflicto ocurre cuando Argentina registra su peor índice de confianza en la justicia (13%, según Latinobarómetro 2023) y tras el fallido «intento de reforma judicial express» de 2022. Para el sociólogo Gabriel Kessler, «este forcejeo evidencia que la justicia sigue siendo botín de guerra política, no un poder republicano». Mientras el oficialismo insiste en «desarmar la herencia macrista en los tribunales», la oposición prepara recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Puntos Clave de la negativa del PRO:

• El PRO denunció «uso faccioso» de DNU para designar a Lijo en la Corte Suprema
• El juez acumula causas contra referentes K y sumarios por irregularidades
• Expertos constitucionales alertan sobre violación de la división de poderes
• Argentina mantiene 3 vacantes en su máximo tribunal desde 2021
• Designaciones vía decreto crecieron 60% en la última década (CIPPEC)