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La Corte dijo que la Constitución prohíbe la dolarización
Frente a la propuesta de dolarización del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, el presidente del máximo tribunal afirmó en una entrevista que la iniciaitva es inconstitucional. «Esto es la letra de la Constitución, no es mi interpretación rebuscada, retorcida», aseguró.
Las advertencias de la Corte Suprema sobre los límites constitucionales que impedirían llevar a la práctica las propuestas de dolarización anticipan para el próximo gobierno que la cabeza del Poder Judicial no descarta profundizar su intervención sobre el rumbo del Estado desde la revisión de constitucionalidad.
El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, explicitó esa intención en la reciente entrevista publicada en el diario español El País, del Grupo Prisa, en la que advirtió que no se puede eliminar el peso como moneda de curso legal en la Argentina.
«Todos los candidatos deberían leer la Constitución. Esto es la letra de la Constitución, no es mi interpretación rebuscada, retorcida», dijo sobre el deseo de Javier Milei de convertir al dólar estadounidense como moneda nacional, y remarcó: «Hay que tener una moneda que se emita en la Argentina. Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla».
«Todos los candidatos deberían leer la Constitución. Esto es la letra de la Constitución, no es mi interpretación rebuscada, retorcida» – Horacio Rosatti
El principal aludido por esa definición, el candidato de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, se tomó unos días para referirse al límite que buscó anticipar Rosatti y finalmente contestó el viernes, durante un mitin organizado por el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo en Parque Norte.

«Me parece que las interpretaciones de Rosatti no son apropiadas. Le hago una pregunta a Rosatti: ¿Por qué avala robarle a los argentinos con el señoreaje 25 millones de dólares por año? ¿Por qué se pone del lado de los políticos ladrones y en contra de los políticos de bien?», indicó el economista que trabajó largos años como analista financiero de Corporación América, el holding de Eduardo Eurnekian.
«¿Por qué se pone del lado de los políticos ladrones y en contra de los políticos de bien?» – Javier Milei
Por «señoreaje», Milei y uno de sus principales economistas y defensor de la dolarización, Emilio Ocampo, entienden los ingresos que percibe el Banco Central por la emisión monetaria y que la LLA entiende como un «robo».
En su entrevista con el periodista Martín Sivak para El País, Rosatti no sólo se refirió a los proyectos dolarizadores del candidato libertario sino que además manifestó que en el país existe una «emisión incontrolada» que en su opinión no respeta el mandato constitucional de defender la moneda.
Así repitió lo dicho en mayo pasado, al realizar un discurso invitado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham por sus siglas en inglés).
«Si yo voy a defender el valor de la moneda, una forma de despreciarla es la emisión incontrolada», señaló cuatro meses atrás en ese foro empresario, donde redundó: «Claramente, una emisión incontrolada no defiende el mandato constitucional de defender el valor de la moneda».

Cuando aludió a la política monetaria, como a la obligación de tener una moneda propia como Estado, Rosatti aludió al artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, que obliga al Congreso a proveer a «la defensa del valor de la moneda», sin más precisiones.
La irrupción de Rosatti en la discusión económica en plena campaña electoral fue leída por los analistas como la manifestación política de la cabeza de uno de los tres poderes de la República, que de ese modo ratificó su intención de mantener y ampliar su influencia en el debate público.
Pero sus declaraciones al diario español no constituyen la primera intervención «política» del juez santafesino, cuya actuación en los últimos años y el rol de su asesor Silvio Robles están en el centro de las acusaciones de los diputados oficialistas cada vez que se reúne la comisión de Juicio Político.
Salvando que toda definición jurídica contempla una decisión política, el primer fallo de la Corte que conmovió la escena política fue haber declarado inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura que en el año 2006 redujo sus miembros de 20 a 13 miembros.
Aprovechando una decisión del actual oficialismo en la Cámara alta que dividió su bloque para quedarse con el cuarto representante del Senado en el órgano que designa y remueve los jueces, la Corte resucitó un viejo planteo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y determinó que el Consejo no respetaba el equilibrio entre representantes «técnicos» (jueces, abogados y académicos) y «políticos» (legisladores y el representante del Ejecutivo).
Con este fallo, Rosatti se ubicó al frente del organismo, que desde entonces quedó «desbalanceado», ya que tras la resolución del máximo tribunal quedó nuevamente en vigencia la ley que regulaba previamente la composición y el funcionamiento del Consejo, y que había estado vigente hasta el año 2006.
En su diálogo con El País, Rosatti aludió a estos choques entre los tres poderes del Estado, sea por la conformación del Consejo de la Magistratura o sea por una eventual dolarización si llegara a imponerse en las urnas la propuesta ultraliberal de Milei.
«El diseño de la división de poderes, digamos, que programó Montesquieu hace varios siglos, es un diseño que cada tanto cruje», deslizó en la entrevista, y todo indica que la Corte se reserva algunas alternativas de su caja de herramientas para ofrecer, limitar o condicionar al próximo gobierno.
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Los servicios públicos en el AMBA subieron 17,5% en mayo y treparon 800% desde que asumió Milei
Un hogar sin subsidios en el Área Metropolitana necesita $249.834 mensuales solo para pagar electricidad, gas, agua y transporte. El gas subió 53% en un mes. El ajuste tarifario supera en más de tres veces la inflación general del período.
La canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó 17,5% en mayo y acumula 800% desde diciembre de 2023
★ Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios estatales debió destinar $249.834 en mayo de 2026 para cubrir sus necesidades básicas de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público. Esa cifra representa un incremento del 17,5% respecto a abril, según el último Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET).
El informe, elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, constituye la referencia técnica más precisa disponible sobre el impacto de las políticas tarifarias en el presupuesto de los hogares metropolitanos. Sus datos confirman que la presión sobre los ingresos de las familias trabajadoras no solo no cede, sino que se agudiza con cada actualización de cuadros tarifarios.
El gas lidera la suba: 53% en un solo mes
El rubro que concentró el mayor golpe en mayo fue el gas natural. La factura promedio para un usuario del segmento N1 sin subsidios alcanzó los $49.972, luego de una suba del 53,3% respecto al mes anterior. El propio reporte del IIEP explicita que ese salto resulta de la combinación de dos factores simultáneos: el aumento de los cargos fijos y variables dispuesto por las distribuidoras, y el incremento estacional del consumo ante la proximidad del invierno, que en esta época del año puede llegar a duplicar la demanda.
Le siguió la energía eléctrica, cuya factura promedio para un hogar representativo sin subsidios se ubicó en $52.811, con una suba mensual del 37,8%. Según el documento, «el mayor consumo de cara al invierno se combina con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidio».
El transporte: el ítem más pesado, aunque con menor suba mensual
El transporte público se mantiene como el componente de mayor peso absoluto dentro de la canasta, con un costo mensual de $110.438, aunque en mayo registró el incremento más moderado del período: apenas el 3%. Esta aparente calma no debe interpretarse como alivio estructural, sino como la consecuencia de ajustes escalonados que el gobierno fue implementando en distintos tramos del año.
El servicio de agua potable completó el cuadro con un gasto promedio de $36.612 y una suba del 5,9% mensual, atribuida a ajustes tarifarios y a la existencia de un día adicional de consumo en el calendario de mayo.
Salario vs. tarifas: la brecha que no cierra
El informe del IIEP proyecta estas cifras sobre el ingreso de los trabajadores registrados. La canasta de servicios básicos representa actualmente el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799. Se trata de una proporción históricamente alta, que erosiona el poder adquisitivo y reduce el margen disponible para alimentación, salud y educación.
La perspectiva interanual es aún más elocuente: comparada con mayo de 2025, la canasta de servicios acumula una suba del 50%, por encima de la evolución general de los precios en el mismo período.
800% desde diciembre de 2023: el dato que el Gobierno no muestra
El dato estructural más contundente del informe es también el que más incomoda al oficialismo: desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó un 800%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en un 231%. La diferencia, de casi 570 puntos porcentuales, traduce con precisión matemática el alcance del denominado «sinceramiento tarifario» impulsado por la gestión de Javier Milei bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionó los sucesivos desembolsos del acuerdo por USD 20.000 millones suscripto en abril de 2025 a la reducción progresiva del gasto en subsidios.
Esta política fue documentada y cuestionada por el Foro Economía y Trabajo, un colectivo de economistas y profesionales vinculados al movimiento sindical, que en su documento del 4 de mayo de 2026 advirtió que el gasto en subsidios a la energía retrocedió un 58% en términos reales desde el inicio de la gestión, mientras que el gasto primario total cayó un 31% y el de capital se desplomó un 86%.
Subsidios: el Estado paga el 41% del costo real
Un elemento que el reporte del IIEP aporta como dato de contexto: en la actualidad, las tarifas que abonan los hogares del AMBA cubren en promedio el 58% de los costos reales de los servicios. El Estado nacional financia el 41% restante a través de subsidios. Este porcentaje se mantuvo sin cambios significativos respecto a abril, lo que indica que el traslado de costos al usuario se produjo de manera gradual pero sostenida a lo largo de los últimos meses.
La distancia entre el discurso de la «quita de subsidios a los que más tienen» y la realidad de una canasta que consume el 14% del salario promedio registrado, en un país con alta informalidad laboral y salarios reales deprimidos, configura una de las contradicciones más evidentes del modelo económico libertario.
Puntos clave
- La canasta de servicios públicos para un hogar sin subsidios en el AMBA alcanzó $249.834 en mayo de 2026, un 17,5% más que en abril.
- El gas natural registró la mayor suba mensual, con un incremento del 53,3% y una factura promedio de $49.972.
- La canasta acumula una suba del 800% desde diciembre de 2023, frente a una inflación general del 231% en el mismo período.
- Los servicios básicos representan el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799.
- El Estado financia el 41% del costo real de los servicios vía subsidios, con cobertura estable respecto a abril.
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