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“No se puede discutir nada”: Melconian sostuvo que el Gobierno de Milei no tiene cuadros ni programa

El economista Carlos Melconian cuestionó la arquitectura política del Gobierno libertario, señalando la ausencia de cuadros técnicos, la imposibilidad de debatir internamente y la falta de un programa económico articulado. Las declaraciones fueron vertidas en Radio Rivadavia y encendieron el debate sobre la viabilidad de las reformas oficiales.

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El Argentino Diario-Carlos Melconian.
“Este Gobierno carece de hombres del Presidente y nunca tuvo un plan económico”: el durísimo retrato de Melconian sobre la gestión Milei.

Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, lanzó este lunes una serie de críticas contundentes contra la dinámica interna del Gobierno de Javier Milei. En declaraciones formuladas en Radio Rivadavia en diálogo con la periodista Cristina Pérez, el economista describió un esquema de poder donde la discusión técnica está vedada y la lealtad ciega reemplaza al talento profesional.

«Autocastramiento» interno y miedo al debate

«Es un Gobierno que carece de mano de obra, carece de ‘hombres del Presidente’«, afirmó Melconian, y añadió: «He definido hace mucho tiempo el autocastramiento de sus integrantes, donde las cosas no se pueden discutir.» La expresión, que el propio economista reconoció haber acuñado con anterioridad, retrata un esquema donde el disenso interno no tiene lugar y donde la deliberación técnica queda subordinada a la voluntad del mandatario.

Frente a ese diagnóstico, Melconian planteó una máxima que suena a advertencia para el Ejecutivo: «El miedo te tiene que llevar a nutrirte de gente más talentosa que vos. Eso es sano.» La frase apunta directamente al estilo de conducción de Milei, quien ha consolidado un núcleo duro de poder concentrado en su hermana Karina Milei y un puñado de colaboradores de máxima confianza personal, desplazando o ignorando criterios técnicos disidentes.

Sin programa económico ni equipo con «volumen técnico»

Más allá del estilo político, Melconian fue categórico al evaluar la sustancia de la gestión económica: aseguró que «no hubo nunca» un programa económico articulado ni un equipo con el volumen técnico necesario para sostenerlo. La afirmación es de peso, tratándose de quien es considerado uno de los economistas liberales más respetados del país y que durante años fue señalado como el candidato natural para conducir un ministerio de Economía de signo no peronista.

Para el economista, un proceso de transformación económica exitoso no se sostiene con medidas aisladas, por más que generen impacto de corto plazo. Requiere, en cambio, una arquitectura política e institucional más sólida, con cuadros capaces de gestionar la complejidad del Estado y de sostener reformas en el tiempo ante la resistencia social y parlamentaria que inevitablemente generan.

Vaca Muerta como única herencia valedera

En ese contexto, Melconian destacó que el país necesita apoyarse en políticas de largo plazo construidas por gestiones anteriores. Como ejemplo señaló el desarrollo de Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales en la Cuenca Neuquina que fue impulsada durante administraciones previas y que hoy representa prácticamente el único activo energético con proyección exportadora de magnitud.

El señalamiento no es menor en términos simbólicos: el Gobierno de Milei exhibe Vaca Muerta como emblema de su modelo, pero su desarrollo fue posible gracias a inversiones públicas y marcos regulatorios construidos durante años bajo administraciones a las que el oficialismo desdeña. Melconian, en ese punto, le devolvió al kirchnerismo un mérito que el relato libertario sistemáticamente borra.

El historial de Melconian con el poder

Las declaraciones del economista adquieren una dimensión adicional si se recuerda su propio derrotero institucional. Durante la gestión de Macri, Melconian asumió la presidencia del Banco Nación con la expectativa de integrar plenamente el equipo económico. Sin embargo, su paso por el cargo fue efímero: las diferencias con las decisiones del Ejecutivo precipitaron su salida en cuestión de meses. La historia lo posiciona no solo como crítico externo, sino como alguien que conoce desde adentro los límites que impone la política cuando el talento técnico incomoda.

Esa experiencia personal le da a sus palabras una resonancia particular. Cuando advierte sobre el «autocastramiento» de los cuadros del Gobierno y la imposibilidad de debatir internamente, no habla en abstracto: habla desde la cicatriz de haber sido, él mismo, prescindido por un gobierno afín a sus ideas.

Puntos clave

  • Melconian definió al Gobierno de Milei como uno que «carece de hombres del Presidente» y donde «las cosas no se pueden discutir.»
  • Aseguró que «no hubo nunca» un programa económico articulado ni un equipo técnico de peso para sostenerlo.
  • Advirtió que el miedo a rodearse de gente más talentosa es un error de conducción que impacta directamente en el rumbo económico.
  • Destacó a Vaca Muerta como una política de Estado construida por gestiones anteriores, no por el actual Gobierno.
  • El propio Melconian fue desplazado del Banco Nación durante el macrismo por diferencias con el Ejecutivo, lo que aporta contexto biográfico a sus críticas.

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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