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“No fue por nosotros sino por ellos”: dirigente rural habló sobre la decisión de bajar las retenciones

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina reconoce que la medida busca salvar las cuentas del Estado nacional, mientras reclama que sea permanente y no temporal.

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⬛ El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, reconoció abiertamente que la eliminación temporal de retenciones anunciada por el gobierno de Javier Milei no responde a un beneficio para los productores, sino a las necesidades fiscales del Estado nacional. «Sabemos que la medida no fue por nosotros, fue por ellos», declaró el dirigente rural en diálogo con Radio Rivadavia.

La sincera admisión de Pereda revela la naturaleza instrumental de la medida, que según el propio funcionario de la entidad patronal busca resolver problemas de recaudación del gobierno libertario antes que mejorar la situación del sector agropecuario.

Un «conejo de la galera» con fecha de vencimiento

El dirigente rural calificó la medida como «un conejo de la galera bastante fuerte» y destacó su impacto inmediato: «De un día para el otro subieron los precios un 25%, es muy fuerte, es una medida bien extraordinaria». Sin embargo, Pereda no ocultó su preocupación por el carácter temporal de la medida y sus consecuencias para quienes no pudieron beneficiarse.

«Es injusto pensar en que todos los que vendieron antes no se beneficiaron por una cuestión de días», señaló el vicepresidente de la SRA, en referencia a los productores que comercializaron su producción antes del anuncio gubernamental.

La medida tiene un tope de 7 mil millones de dólares, lo que según Pereda generará un efecto de saturación: «Cuando se llegue, se acaba ahí mismo el premio este, con lo cual se van a agolpar todos en la puerta. Además es una medida que requiere sorpresa», explicó.

El reclamo por la permanencia

Pese a reconocer la naturaleza coyuntural de la decisión, Pereda insistió en que el sector mantendrá su presión para lograr una eliminación definitiva de las retenciones. «Nuestro reclamo es continuo, nos están dando una zanahoria que nos van a quitar y deja un sabor amargo», expresó el dirigente.

El funcionario de la entidad patronal advirtió sobre las consecuencias del retorno al esquema anterior: «No va a ser grato para el productor agropecuario pasar de cobrar 360 a 300 dólares de nuevo». En este sentido, reveló que en el sector sienten que «la quita de retenciones la tenemos cada vez más cerca» y que será difícil renunciar a los nuevos valores.

«El sector agropecuario, que lidia con cosas que no puede controlar, le va a costar dejar la nueva medida. Es un hueso que no se va a querer soltar», añadió Pereda, anticipando resistencias futuras.

Estrategia de sorpresa e impacto en mercados

El vicepresidente de la SRA reconoció que no esperaban una medida de estas características y admitió la lógica especulativa detrás de la decisión gubernamental. «Son medidas que buscan ser sorpresivas para impactar en los mercados, y se logró», declaró.

Pereda explicó que «cuando hay cuestiones que incluyen una ventana solamente, se van arbitrando y a veces los valores no quedan del lado del productor», en referencia a los mecanismos de intermediación que podrían reducir el beneficio efectivo para los productores primarios.

El dirigente rural concluyó insistiendo en el potencial productivo del sector: «Podríamos estar produciendo un 40% más de lo que producimos», sugiriendo que una eliminación permanente de retenciones incrementaría significativamente la producción agropecuaria.

Puntos clave:

• El vicepresidente de la SRA admite que la baja de retenciones responde a necesidades fiscales del Estado, no a beneficios para productores
• La medida tiene un tope de 7 mil millones de dólares y carácter temporal
• El sector reclama que la eliminación de retenciones sea permanente
• Pereda reconoce que no esperaban la medida y que busca impactar sorpresivamente en los mercados
• La entidad patronal anticipa resistencias cuando se restablezcan las retenciones

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Rutas nacionales: el Gobierno delega el mantenimiento y los peajes a las provincias

A través del Decreto 253/2026, la administración de Javier Milei habilitó a nueve jurisdicciones a licitar y gestionar tramos viales federales. La medida profundiza el modelo de desinversión nacional y traslada la carga financiera a los gobiernos locales y a los usuarios mediante el cobro de peajes.

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El Gobierno nacional oficializó este viernes la delegación de facultades a nueve provincias para la gestión, mantenimiento y licitación de tramos específicos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. La medida, instrumentada a través del Decreto 253/2026 publicado en el Boletín Oficial, representa un paso determinante en la estrategia de descentralización de la infraestructura vial, permitiendo que los distritos locales asuman funciones operativas que históricamente dependieron de la administración federal.

Las provincias habilitadas por la normativa son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Bajo este nuevo esquema, las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública y autorizar el cobro de peajes a través de empresas privadas, mixtas o entes públicos. Aunque el texto aclara que la delegación es de carácter «funcional, limitado, temporal y revocable», el plazo de los contratos de gestión podrá extenderse hasta por treinta años, marcando un retiro estructural del Estado Nacional en la conservación de los corredores federales.

El fin de los subsidios nacionales

La disposición establece que, si bien la titularidad del dominio público y la jurisdicción federal se mantienen bajo órbita de la Nación, la responsabilidad financiera y de ejecución recaerá exclusivamente en los convenios individuales que cada provincia firme con la Dirección Nacional de Vialidad. El objetivo declarado por la Casa Rosada es optimizar la infraestructura de forma directa, pero fuentes del sector advierten que la medida es, en los hechos, una transferencia de la carga de mantenimiento a las provincias y a los usuarios, quienes deberán costear las mejoras mediante tarifas que garanticen el «equilibrio económico-financiero» de los concesionarios.

El Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación, supervisando que los planes de obras cumplan con los principios de transparencia y razonabilidad tarifaria. Sin embargo, el decreto impone un límite estricto: si una provincia no convoca a licitación en el plazo de un año tras la firma del acuerdo, la delegación caerá automáticamente. Este condicionamiento presiona a los gobernadores a acelerar el proceso de privatización de los peajes en un contexto de deterioro avanzado de la red vial nacional por la falta de inversión pública de los últimos meses.

Puntos clave:

  • * El Gobierno nacional delegó en nueve provincias la gestión y licitación de rutas nacionales.
  • * El Decreto 253/2026 permite a las jurisdicciones cobrar peajes para financiar el mantenimiento vial.
  • * Las concesiones tendrán un límite temporal de hasta 30 años bajo supervisión del Ministerio de Economía.
  • * La propiedad de las rutas seguirá siendo federal, pero la operatividad se descentraliza totalmente.
  • * Si las provincias no licitan los tramos en un año, las facultades delegadas volverán a la Nación.
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