Chaco
Zdero en la mira por el escándalo del Karina-Gate: multiplicó por siete las compras a la Suizo Argentina
El gobernador chaqueño enfrenta una investigación judicial por presuntos esquemas irregulares en contrataciones millonarias con la droguería investigada por la Justicia Federal.
⬛ El gobernador radical del Chaco, Leandro Zdero, se encuentra en el ojo de la tormenta por una investigación que indaga presuntos mecanismos de recaudación ilegal a través de compras millonarias de medicamentos. La causa judicial, que también alcanza al entorno de los Milei-Menem, pone bajo la lupa la relación entre el gobierno chaqueño y la droguería Suizo Argentina, señalada por recibir un trato preferencial en las contrataciones públicas.
Un salto exponencial que despierta sospechas
Los números son contundentes y revelan un patrón que genera interrogantes. Según registros oficiales analizados por el medio Chaco Ahora, las compras del gobierno de Zdero a Suizo Argentina experimentaron un crecimiento desmesurado. Entre abril y agosto de 2024, las adquisiciones totalizaron 64 millones de pesos, mientras que en el mismo período de 2025 la cifra se disparó a más de 472 millones de pesos.
Esta escalada del 637% coincide temporalmente con el fortalecimiento de los vínculos políticos entre Zdero, Karina Milei y la familia Menem, lo que agrega un componente político sensible a la investigación judicial en curso.
El incremento no se limita al Ministerio de Salud provincial. Las compras también se canalizaron a través de Farmacia Social, otra jurisdicción del gobierno chaqueño, consolidando un esquema que concentró recursos públicos significativos en una empresa que enfrenta investigaciones federales.
La defensa oficial no cierra los números
Ante la escalada de sospechas, el ministro de Salud de Chaco, Sergio Rodríguez, intentó blindar al gobierno con un comunicado que defendía la «transparencia» de las contrataciones. El funcionario sostuvo que Suizo Argentina obtuvo «solo el 13% de los renglones» en las licitaciones donde participó.
Sin embargo, esta explicación no logra justificar la desproporcionada cantidad de recursos que el gobierno de Zdero derivó hacia la empresa. Los datos oficiales muestran que, más allá del porcentaje de renglones ganados, el volumen económico de esas contrataciones creció de manera exponencial, lo que mantiene las dudas sobre la regularidad del proceso.
Un escándalo que trasciende fronteras provinciales
La investigación no se circunscribe únicamente al ámbito chaqueño. El caso Suizo Argentina forma parte de una causa federal más amplia que involucra a funcionarios nacionales y que ha puesto en jaque la credibilidad de varios dirigentes del oficialismo libertario.
Para Zdero, histórico dirigente radical que supo mantener un perfil relativamente bajo en el escenario nacional, esta investigación representa un desafío político mayúsculo. Su alianza con el gobierno de Milei, sellada a través de acuerdos con Karina Milei y el entorno presidencial, ahora se convierte en un factor de riesgo adicional.
La escalada en las compras a una empresa bajo investigación judicial federal coloca al gobernador chaqueño en una posición defensiva que podría comprometer no solo su gestión provincial, sino también su proyección política futura en un contexto donde la transparencia se ha convertido en una demanda social creciente.
Puntos clave:
• Las compras a Suizo Argentina se multiplicaron por siete entre 2024 y 2025
• El gobierno chaqueño canalizó más de 472 millones de pesos hacia la droguería investigada
• La defensa oficial no explica el crecimiento desproporcionado de las contrataciones
• El caso forma parte de una investigación federal más amplia
• Zdero enfrenta su mayor crisis política desde que asumió como gobernador
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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