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Gremiales

El G6, CGT y UOCRA piden reactivación urgente de la obra pública

Subrayaron la necesidad de una colaboración entre fondos privados y del Estado.

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El Grupo de los 6 (G6), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) reclamaron hoy la reactivación de la obra pública en Argentina. En un evento realizado en la Bolsa de Comercio, los principales actores empresariales y sindicales subrayaron la necesidad de impulsar proyectos de infraestructura a través de fondos privados y del Estado.

Apoyo privado y rol estatal

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Natalio Mario Grinman, afirmó: «El apoyo del sector privado es fundamental, pero en los principales países del mundo la infraestructura pública debe ser financiada por el Estado». En este sentido, reconoció que, si bien la inversión privada tiene un papel importante en el contexto actual, la colaboración estatal es crucial para el desarrollo de infraestructura que impulsa el crecimiento.

Infraestructura como pilar de justicia social

Cristian Jerónimo, representante de la CGT, destacó la importancia de la infraestructura para el desarrollo del país y la justicia social. Señaló que «la infraestructura es clave para el desarrollo de un país y para generar justicia social» y preguntó: «¿Quién llevará el agua a las zonas más vulnerables si no es con infraestructura?».

Pérdida de empleo en la construcción

El representante de la UOCRA, Jorge Pellegrini, manifestó su preocupación por la situación laboral en el sector de la construcción. Expresó que «hemos perdido más de 100.000 trabajadores en un año» y confió en que la recuperación de obras de infraestructura permita «generar empleo de calidad y devolver a los trabajadores su lugar en la economía».

Competitividad en el sector agropecuario

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), vinculó la falta de infraestructura con los altos costos del sector agropecuario. Explicó que «necesitamos que todo eso que producimos se pueda mover a un costo que no sea tan alto como hoy» y destacó que «mejorar la infraestructura es crucial para que las cosas se hagan», remarcando que esto es responsabilidad del gobierno.

Inversiones estratégicas en infraestructura

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), hizo hincapié en la importancia de las inversiones en infraestructura, afirmando que «sin infraestructura no hay desarrollo». En la misma línea, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), advirtió que «el costo de recuperación es mucho más alto que el ‘ahorro’ por omitir el mantenimiento» y subrayó la importancia de preservar la infraestructura existente .

Momento clave para el reclamo

La propuesta del G6, junto con la CGT y la UOCRA, se presenta en un momento crucial, ya que el Poder Ejecutivo discute en el Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto para el próximo año. La inversión en infraestructura se perfila como un tema central en las discusiones, con los sectores productivos y laborales presionando por un mayor compromiso estatal para impulsar el crecimiento y generar empleo.

Desregulación

Retiros voluntarios en el Estado: ATE denuncia presión y marcha a Olivos

El Decreto 1203/2026 alcanza a unos 20.000 empleados, según Sturzenegger, y a 21.187, según ATE; quien adhiera no podrá volver al Estado por ocho años y su cargo se elimina del presupuesto. El gremio habla de “despido extorsivo” y se moviliza el miércoles a la Quinta de Olivos.

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El Argentino Diario-ATE-Aguiar.
Retiro voluntario con letra chica: ocho años sin volver al Estado y cargos que desaparecen del presupuesto.

Quien firme el retiro voluntario no podrá volver a trabajar en el Estado nacional durante ocho años y su cargo desaparecerá del presupuesto. Esa es la letra del decreto con el que el Gobierno de Javier Milei busca reducir la planta estatal, y que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) calificó como un “despido extorsivo”.

El Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Crea un régimen de retiro voluntario para el personal de planta permanente y los contratados por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada, con compensaciones económicas divididas en tres grupos de beneficiarios. Sturzenegger presentó la medida en su cuenta de X y estimó que unos 20.000 empleados están en condiciones de adherir; ATE, en cambio, elevó el universo alcanzado a 21.187 trabajadores.

Qué establece el decreto

La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública podrá prorrogarla por única vez, hasta 30 días corridos. El monto de la compensación depende de la edad y la antigüedad, con un máximo de hasta 25 sueldos. Los cargos de quienes se vayan serán eliminados del presupuesto y esas bajas no podrán usarse para justificar el ingreso de personal nuevo.

Quienes adhieran no podrán trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años bajo ninguna modalidad, con la excepción de la docencia en universidades nacionales; quien reingrese antes de tiempo deberá devolver parte de lo cobrado. Sturzenegger justificó esa cláusula en X: “Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración”. Y defendió el esquema con otra frase: “Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos”.

Anotarse no garantiza la salida. Según el decreto, cada ministerio puede rechazar una solicitud para asegurar la continuidad de los servicios, y alcanza con invocar esa causa como fundamento. La administración tiene 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para responder, y si no contesta se entiende que la solicitud fue rechazada. La cláusula deja la última palabra en manos del Estado empleador: la adhesión depende menos de la voluntad del trabajador que de la decisión del ministerio.

Quedan excluidos, entre otros, quienes tengan un sumario abierto que pueda terminar en cesantía, un reclamo laboral contra el Estado del que no desistan o el trámite jubilatorio iniciado. Según ATE, quienes tengan mandato sindical vigente o sean candidatos a delegados deberán renunciar a ese cargo para adherir.

“No es retiro voluntario”: la respuesta de ATE

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, rechazó el régimen de plano. “No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social”, sostuvo en un comunicado del gremio.

El dirigente cuestionó el carácter voluntario del plan: “Si hay intimidación, el consentimiento no es libre”. Denunció además que las expresiones de los funcionarios son “o firmás el retiro o te paso a disponibilidad y después te echo”. Se trata de una denuncia del gremio cuyo contenido aún no se confirmó.

Aguiar recordó que en los años noventa también se presentaron los retiros como una oportunidad y que “los compañeros terminaron haciendo cola en el trueque”. Y apuntó contra el ministro: “Al que vamos a retirar y no de manera voluntaria es a Sturzenegger”.

El régimen se suma a una política de reducción de la planta que el propio Sturzenegger cifró en más de 77 mil empleados estatales desvinculados desde el inicio de la gestión libertaria.

La marcha a Olivos

ATE se movilizará el miércoles 21 de octubre, a las 17, a la Quinta Presidencial de Olivos bajo la consigna “No se aguanta más”. Aguiar explicó por qué eligió ese destino: “La Casa Rosada está vacía. No la pisan desde hace meses. Gobiernan desde Olivos y ahí los tenemos que ir a buscar”.

La protesta incluye además un pliego de reclamos: la pérdida del poder adquisitivo y la caída del salario real, paritarias por debajo de la inflación, el deterioro de los ingresos, el pluriempleo y el endeudamiento, la desvalorización de la carrera estatal, los despidos y la no renovación de contratos, la incertidumbre laboral, la reducción de puestos de planta y el cierre y vaciamiento de organismos públicos. Para el gremio, el retiro voluntario es una pieza más de un esquema de ajuste sobre el empleo público.

Lo que tenés que saber

  • El Decreto 1203/2026, firmado por Milei, Santilli y Sturzenegger, creó un régimen de retiro voluntario para la Administración Pública Nacional centralizada.
  • La inscripción va del 1 al 30 de noviembre, con una prórroga posible de hasta 30 días, y la compensación llega hasta 25 sueldos.
  • Quienes adhieran no pueden volver al Estado durante ocho años y sus cargos se eliminan del presupuesto.
  • Sturzenegger estimó unos 20.000 empleados elegibles; ATE habla de 21.187 trabajadores alcanzados.
  • ATE marcha el miércoles 21 de octubre, a las 17, a la Quinta de Olivos.
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