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Organizaciones sociales e intelectuales repudiaron el anuncio del cierre del INADI

Manuel Adorni, en su habitual conferencia matutina en la Casa Rosada, expresó que el instituto es parte «de diferentes institutos que no sirven para nada, y anunció: «Estamos empezando con su cierre definitivo».

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Organizaciones sociales, intelectuales y ex funcionarios del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) manifestaron su preocupación por el «cierre definitivo» del organismo anunciado hoy por el Gobierno nacional y aseguraron que es un «bastión fundamental» en la protección y promoción de los derechos humanos en el país.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia matutina en la Casa Rosada, expresó que el instituto creado por ley en 1995 es parte «de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante» y anunció: «Estamos empezando con su cierre definitivo».

Ante el anuncio, Andrea Rivas, presidenta de la Asociación Familias Diversas De Argentina (AFDA) e integrante del Frente Orgullo y Lucha, que reúne a decenas de organizaciones LGBTINB+, repudió la medida y alertó sobre «la gran discriminación» que pesa sobre «muchos grupos vulnerados en la Argentina».

Rivas resaltó que «el Inadi tiene un rol fundamental en la valoración del pluralismo social en el país y en la protección de los derechos de toda la población» y dijo que «hay personas que son discriminadas todos los días por su color de piel, si son migrantes, su religión o su clase social».

«Esto es un retroceso que tiene un impacto directo en la gente», completó.

El organismo fue fundado en 1995 por una ley que se sancionó en el marco de la respuesta del Estado argentino a los atentados a la embajada de Israel y la AMIA,

En tanto, Rivas recordó que la frustrada Ley Ómnibus que se debatió en la Cámara de Diputados tenía el artículo 348, que eliminaba la ley 24.515 de creación del Inadi.

Manu Mireles, cofundadora y secretaria del bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, opinó que «el cierre implica atentar contra la democracia y la garantía de los derechos humanos».

«Es fundamental elaborar políticas que combatan la discriminación», aseguró Mireles y recordó que «articularon y trabajaron con el instituto para brindar servicios a un montón de personas víctimas de discriminación, en particular por su identidad de género».

«Este cierre muestra una postura que beneficia a los discursos de odio, muchos que se hacen desde la política», alertó.

Ornella Infante, dirigente del movimiento Evita y ex directora de Políticas contra la Discriminación del Inadi, sostuvo que el organismo «supo ser el oído fundamental para aquellos y aquellas que no éramos escuchados por nadie, incluso para quienes éramos detenidas y torturadas por leyes que venían de la época de Onganía».

«Es muy preocupante porque el Inadi es el segundo en América Latina y el Caribe, solo México tiene un organismo que lucha contra la discriminación y nuestro país es de avanzada en materia de derechos humanos justamente porque el instituto fue un bastión fundamental para ello», afirmó.

«En épocas en donde arrecian mensajes violentos contra diferentes colectivos en relación al género, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad y la religión, entre otros, necesitamos sostener espacios de promoción y protección de derechos», expresó por su parte Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, y consideró que el Inadi es «un instituto pionero en la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia».

«Nadie, ni siquiera un gobierno como este, debería afirmar que hará algo que la ley prohíbe. El Inadi está creado por ley, si lo quieren cerrar tendrán que pasar por el Congreso», repudió la escritora Claudia Piñeiro en su cuenta de X (exTwitter).

María José Lubertino, ex titular del Inadi durante la presidencia de Néstor Kirchner, escribió en sus redes sociales: «Por favor (Adorni) podrías indicarnos cuál es el acto administrativo que sustenta esta información. En el Boletín Oficial solo está la designación de una interventora de ayer. Fue creado por ley. No hay necesidad ni urgencia en esto. No se puede derogar por decreto», aseveró.

Tanto la AMIA como la DAIA, ambas organizaciones de la comunidad judía en el país, fueron consultados pero no emitieron ninguna declaración formal acerca del tema.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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