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Gremiales

El Ministerio de Salud intervino el Hospital Bonaparte tras despidos masivos

Los despidos dejaron al hospital con la mitad de su personal, afectando guardias y atención.

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El Ministerio de Salud ordenó la intervención del Hospital Bonaparte, ubicado en Parque Patricios, luego de anunciar la rescisión de 200 contratos laborales que afectaron a psicólogos, enfermeros, odontólogos, farmacéuticos, trabajadores sociales y personal administrativo. La medida busca garantizar el funcionamiento normal del establecimiento y la continuidad en los tratamientos de los pacientes, según indicó un comunicado oficial.

Argumentos del Ministerio de Salud

La cartera sanitaria, liderada por Mario Lugones, justificó la intervención como parte de un plan de reestructuración orientado a optimizar recursos. “Los contratos que no se renovaron responden a la sobredotación que había en el Bonaparte: 326 de sus empleados ingresaron durante el gobierno de Alberto Fernández. Para los servicios de guardia e internación había 109 empleados con 55 camas de internación y solo 19 ocupadas en promedio por mes”, detalló el comunicado.

El Ministerio también destacó que los consultorios externos del hospital atendían solo cinco consultas diarias en promedio. “Tanto el crecimiento desmedido del personal como el mal manejo de los fondos afectaron la capacidad de atención y el buen funcionamiento del hospital. Ante este escenario, el Ministerio busca aportar la transparencia y eficacia necesarias para garantizar el buen funcionamiento del hospital”, agregó.

Impacto en el personal y los servicios

La rescisión de contratos impactó en la mitad del personal del hospital, según denunciaron trabajadores y representantes gremiales. “Son alrededor de 200 despidos en un total de 500 empleados. Nos dejan con la mitad del personal. Eso tiene como consecuencia la falta de capacidad operativa. Ahora mismo no tenemos guardia”, declaró un representante de ATE.

La ausencia de guardias activas afecta principalmente a los pacientes que requieren atención urgente. “Ante cualquier descompensación, nosotros no tenemos capacidad para abordarla”, explicó un profesional del establecimiento. El hospital, especializado en salud mental y adicciones, enfrenta también un riesgo significativo para la continuidad de sus servicios.

Protestas y reclamos gremiales

Los trabajadores organizaron una asamblea pública y un abrazo simbólico al hospital para visibilizar su situación y exigir la reincorporación de los despedidos. Psicólogos, psiquiatras, médicos clínicos y otros profesionales recibieron telegramas de despido de manera sorpresiva. “Hace cuatro meses quisieron cerrar el hospital con la excusa de una reestructuración. La lucha de los trabajadores lo impidió y logró que siga funcionando”, manifestó un empleado.

Mensaje del Ministerio a los gremios

Desde el Ministerio de Salud se llamó a la dirigencia gremial a evitar medidas que afecten la atención de los pacientes. “Se ratifica la mesa de trabajo abierta en el ámbito del Ministerio”, indicaron.

CABA

Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle

La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.

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El Argentino Diario-Pablo Moyano.
La Ciudad de Jorge Macri descarta pagar los 200 millones que les debe a los recolectores. Moyano dice que irán a fondo.

Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.

«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano

La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.

El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.

El nuevo pliego: tecnología como respuesta política

Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.

La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.

Lo que tenés que saber:

  • La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
  • El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
  • Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
  • El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
  • La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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