El Gobierno Nacional abrió la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC) y avanzó en la reconfiguración del esquema vial argentino. La Resolución 1843/2025, publicada en el Boletín Oficial, activó el proceso para transferir al sector privado la construcción, explotación, administración y mantenimiento de corredores estratégicos como la Autopista Riccheri, la Ruta 5 y la Ruta 3.

La administración central sostuvo que el nuevo modelo eliminó de manera definitiva los aportes del Tesoro y revirtió el déficit acumulado por el sistema anterior. El Ejecutivo afirmó que la sostenibilidad de los corredores dependió desde ahora de la eficiencia operativa de las empresas adjudicatarias, sin subsidios ni asistencia financiera estatal.

Un rediseño que apuntó a la autosuficiencia

La licitación se estructuró como un paso central dentro del programa de reordenamiento vial que el Gobierno consideró indispensable para sanear las cuentas públicas. El esquema anterior, señalado como “deficitario” por la gestión actual, no habría generado mejoras visibles para los usuarios, según la evaluación oficial.

La nueva etapa se presentó un día después de la adjudicación de la Etapa I de la RFC, que definió operadores para los Tramos Oriental y Conexión por un total de 741 kilómetros. La Etapa II incorporó otros 1.871 kilómetros, lo que consolidó el avance de la privatización en la red vial troncal.

Los tramos incluidos en la Etapa II

La licitación se dividió en dos bloques principales: el Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur y el Tramo Pampa, ambos decisivos para el transporte productivo, agrícola, turístico y logístico del centro del país.

Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur (1.325,17 km)

El bloque más extenso se subdividió en tres subtramos:

• Subtramo Sur (870,55 km): Incluyó la gestión de las Rutas Nacionales 3 y 205, fundamentales para la salida de granos y la conexión con el interior bonaerense.
• Subtramo Atlántico (404,32 km): Cubrió la Ruta Nacional 226, corredor transversal que unió áreas portuarias e importantes enclaves turísticos.
• Subtramo Acceso Sur (50,30 km): Incorporó los accesos más sensibles del AMBA: Autopista Ezeiza–Cañuelas, Autopista Riccheri y Autopista Jorge Newbery, vías críticas para el aeropuerto internacional y la conexión sur con la Ciudad de Buenos Aires.

Tramo Pampa (546,65 km)

Este bloque incluyó la concesión de la Ruta Nacional 5 desde el kilómetro 65, en Luján, hasta su empalme con la Ruta 35 en Santa Rosa. El corredor, clave para la producción agropecuaria pampeana, arrastró años de demoras en obras estructurales.

Supervisión estatal y nuevos controles

La Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, mantuvo su rol como autoridad de aplicación. El organismo quedó a cargo de fiscalizar los contratos de concesión y verificar el cumplimiento de estándares de infraestructura, mantenimiento y seguridad vial.

El Gobierno presentó el nuevo esquema como un cambio de paradigma que trasladó la responsabilidad financiera al sector privado y buscó garantizar corredores operativos sin aportes del Estado. Las próximas adjudicaciones definirán qué empresas asumirán el desafío de administrar algunos de los caminos más transitados del país.