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Efecto Milei: General Motors paralizará otra vez su planta en Santa Fe
Con un derrumbe de 23% en la producción durante el primer trimestre producto a su vez de caídas en las ventas y en las exportaciones, el sector automotor es uno de los más complicados.
General Motors, la compañía automotriz, ha comunicado que su planta en Santa Fe suspenderá sus operaciones una vez más la próxima semana. Esta planta, que había reanudado sus operaciones en marzo después de un paro de dos meses, cerró de nuevo del 27 de marzo al 14 de abril, y ahora detendrá su producción la próxima semana, del 22 al 26 de abril.
NO ERA MOTOSIERRA, ERA DEMOLICIÓN
El sector automotor, que ha experimentado una disminución del 23% en la producción durante el primer trimestre debido a la caída en las ventas y exportaciones, es uno de los más afectados por la desaceleración económica que está impactando a toda la industria. Las empresas, anticipando que la recesión podría prolongarse, ya están reduciendo sus plantillas de personal.
Toyota fue la primera en lanzar un programa de retiros voluntarios, y ahora se une a ella la planta de General Motors en Santa Fe, que emplea a poco más de 1.200 trabajadores. Cuando reabrió en marzo, después de un parón que duró casi todo el verano, lo hizo con el 85% de su personal (unas 900 personas), mientras que el resto, poco más de 200, continuó suspendido recibiendo el 79% de sus salarios.
La planta, ubicada en Alvear, produce el vehículo deportivo Chevrolet Tracker. Hasta finales de año también ensamblaba el Cruze. La empresa confirmó a la prensa de Santa Fe la suspensión de las actividades y la apertura de los retiros, aunque no proporcionó cifras sobre el número de trabajadores a los que se les ofreció esta opción.
Antes que GM, Toyota, la principal fábrica de vehículos del país, lanzó un programa de retiros voluntarios para 400 de sus 8.500 trabajadores (4% del total). El objetivo es compensar la disminución de actividad causada por la menor exportación de pick ups Hilux y vehículos todo terreno SW4 a Colombia, Chile y Perú.
Por su parte, Renault decidió no renovar los contratos de 270 de sus trabajadores, que representan el 15% del total de la fábrica de Santa Isabel en Córdoba, donde hasta marzo trabajaban poco menos de 1.900 personas.
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Fallo por universidades: Caputo debe pagar $2,5 billones y el «superávit» entra en crisis
Un fallo judicial obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a universidades. El vencimiento impacta en el equilibrio fiscal, supera desembolsos recientes y reabre el conflicto por fondos, salarios y funcionamiento del sistema educativo.
Lo que tenés que saber:
- La Justicia ordenó transferir fondos a universidades por ley vigente
- El plazo de pago vence y tensiona el esquema fiscal del Gobierno
- El Ejecutivo evalúa apelar mientras busca alternativas para evitar el impacto
- Universidades y gremios anticipan medidas y posibles protestas
- El conflicto reabre el debate sobre financiamiento educativo
Un fallo judicial que obliga a pagar
El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrenta el vencimiento de un fallo que ordena transferir fondos a las universidades nacionales en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y obliga al Ejecutivo a ejecutar el gasto, limitando la posibilidad de postergar pagos como venía ocurriendo.
Impacto directo en el relato del equilibrio fiscal
El monto exigido representa un desafío para el esquema económico del gobierno de Javier Milei.
El pago forzado convierte esos compromisos en una erogación inmediata, con impacto en las cuentas públicas.
Estrategia oficial: apelar y ganar tiempo
Dentro del Gobierno analizan recurrir a la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa vía judicial no suspende automáticamente la obligación de pago.
En paralelo, se evalúa enviar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema de financiamiento universitario.
Universidades en alerta y posible conflicto
Las casas de estudio y los gremios docentes mantienen la presión para que se cumpla la ley. El sistema universitario enfrenta dificultades para sostener salarios y gastos operativos.
Además, se anticipan medidas de fuerza y posibles movilizaciones similares a las registradas en años recientes.
El reclamo involucra a todo el sistema público, con decenas de instituciones afectadas por la falta de actualización presupuestaria.
Un conflicto que escala en el plano político
El fallo judicial se suma a otros frentes abiertos vinculados a transferencias y obligaciones del Estado.
La tensión se amplifica en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre el gasto público, lo que complica la estrategia económica del Gobierno.
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